Congreso conservador aliado con el Gobierno han acelerado la captura de otros poderes del Estado para revertir derechos conquistados, alerta la FIDH.
La crisis política actual que se vive en Perú obedece a un proyecto político e ideológico conservador y autoritario liderado por el Congreso en alianza con el gobierno de Dina Boluarte.
Así concluye un contundente informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que advierte que dichos actores han acelerado la captura de las instituciones democráticas para revertir conquistas sociales en materia de derechos humanos.
“La tendencia dominante de esto poderes a revertir conquistas de diversos derechos ha incentivado e incentivará que se mantenga e incremente el rechazo a ambas instituciones” dando pie a nuevas movilizaciones, anotan.
La marcha hacia Lima prevista para el 19 de julio de julio “es una muestra de ello”, agrega en su informe "Perú: avance del autoritarismo y regresión de derechos" la FIDH, que agrupa a 188 organizaciones no gubernamentales con sede en 116 países.
El informe ofrece una radiografía muy completa de la crisis que se vive en Perú desde su origen, en 2016, cuando Keiko Fujimori se negó a reconocer su derrota electoral e inició un proceso de desestabilización.
Dicho proceso se mantuvo incluso hasta antes, durante y después de la asunción como presidente de Pedro Castillo, en 2021, quien dio un autogolpe de Estado ante la amenaza de una tercera moción de vacancia.
Con su caída, asumió Dina Boluarte, mandataria que ejerció una “violenta represión” contra las protestas que exigían adelanto de elecciones, dejando un saldo de 67 fallecidos, según el informe.
“Algunos de los asesinatos podrían categorizarse como ejecuciones extrajudiciales al haber sido causadas por armas pertenecientes a fuerzas armadas, y cuyo patrón lesional compromete disparos arriba del torso”, indica el documento.
Además, bajo el gobierno de Boluarte y el Congreso actual, se ha acelerado el camino “hacia un Estado autoritario” que implica la cooptación de otros poderes del Estado como el TC y la Defensoría y la intervención de los organismos electorales.
El informe también advierte que es “preocupante” el rol que juega la Fiscal de la Nación frente a las investigaciones por muertes en protestas y que “es claro el objetivo de tomar el Poder Judicial”.
Aunque las organizaciones no reconocen una “salida política viable en el corto plazo”, sí destacan las demandas de la población que parten por la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones.
En esa línea, la FIDH recomienda al Estado peruano “dar curso a la mayoritaria demanda ciudadana de convocar a elecciones generales” y cesar la estigmatización y criminalización de la protesta.
Puede acceder al informe completo de FIDH sobre Perú ingresando aquí: https://www.fidh.org/es/region/americas/peru/peru-avance-del-autoritarismo-regresion-de-derechos
