La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) movió una pieza importante en su juego de ajedrez contra el consorcio Rutas de Lima al solicitar a la Fiscalía investigar a la empresa Brookfield, accionista principal de dicho consorcio que administra los peajes de Lima, por presuntamente estar perpetrando el delito de lavado de activos.
La solicitud de investigación fue presentadapor el procurador de la MML, Carlos Cosavalente, a la Fiscalía, ayer por la tarde, según informa RPP.
Cosavalente argumenta que existen indicios de que dicho fondo de origen canadiense estaría incurriendo en lavado de activos a favor de la empresa Odebrecht, es decir, serían testaferros de los ladrones brasileños de Odebrecht y se refiere a un informe periodístico de 2017, que indicaría que “los principales ejecutivos de Odebrecht, incluso Jorge Barata, se mantienen en calidad de apoderados de Rutas de Lima.
Otro detalle señalado es que la venta de la firma brasileña del 57 % de su participación en Rutas de Lima fue a a Brooksfield. “De esta forma, Odebrecht se quedó con 25 % y Sigma Safi con el 18 % de las participaciones”.
El procurador de la MML argumenta que Eluego de efectuada la transferencia financiera con el fondo canadiense Brooksfield, la transnacional Odebrecht continuaba dirigiendo Rutas de Lima y, en consecuencia, seguiría a cargo del servicio e-pass consistente en la recaudación automática en los peajes”.
“Odebrecht Perú Peajes SAC consignó” ante la Sunarp “como presidente del directorio a Jorge Barata y como apoderados a Ferreira Neves y Pereira Neto, los mismos que ocupan cargos en Rutas de Lima y, a su vez, en Odebrecht Latinvest Perú SAC”, indica el contundente argumento.
“No se debe perder de vista que si la empresa Brooksfield no compraba las acciones de Odebrecht en Rutas de Lima, estas acciones estarían embargadas el día de hoy, como consecuencia de los distintos procesos penales en giro en nuestra país en contra de la empresa brasileña”, indica el petitorio.
“A mérito de lo expuesto, se atribuye a los que resulten responsables de la empresa Brooksfield lavar activos procedentes de los peajes de Lima a favor de una tercera persona jurídica quien supuestamente vendió el 57% de sus acciones”, alega.
El alcalde de Lima Rafael López Aliaga había prometido que desde agosto de este año la empresa recaudadora debería entregar el control de los peajes porque en enero de este año, el Concejo Municipal decidió, unilateralmente, anular el contrato de concesión, pero ello no sucedió. En cambio, la investigación fiscal promete ser más sustanciosa y evitaría posibles tropiezos legales.
Ante la anulación del contrato de concesión, la empresa inició una demanda de arbitraje ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
El pasado 6 de julio, se supo que el Tribunal Arbitral Ad Hoc del referido organismo internacional decidió dejar sin efecto el término del contrato y que continue el pago de peajes. La resolución procesal N.° 05 ordenó al municipio “abstenerse de agravar la disputa con manifestaciones públicas sobre el asunto y contra la Demandante durante el trámite del presente arbitraje”.
