El Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial la ampliación por 36 meses adicionales de la investigación preparatoria al expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, y otros por el escándalo de corrupción Gasoducto Sur Peruano y Odebrecht.
Como se recuerda, Heredia se inmiscuía en asuntos de gobierno y su intromisión fue bastante lejos en el caso del Gasoducto Sur Peruano, en favor de los ladrones de Odebrecht y en millonario perjuicio del Perú.
La fiscal adjunta Patricia Castañeda argumenta que están pendientes una serie de diligencias n necesarias para cumplir el fin de esta investigación, cuyo plazo inicial de 36 meses venció el 30 de junio, según sustentó en audiencia virtual.
Castañeda señala que se trata de una investigación compleja. Entre otras tareas no culminadas se tiene una pericia contable, la adquirisición de softwares para obtener copias espejos a 133 dispositivos electrónicos que fueron incautados durante allanamientos a inmuebles vinculados a los investigados. Adicionalmente están pendientes las repuestas a requerimientos de información a otros países vía asistencia judicial internacional, recibir declaraciones de un grupo de exejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht y su traducción respectiva, dar trámite a procesos de colaboración eficaz, entre otras diligencias.
Como era de esperarse, los abogados de 11 investigados se oponen al requerimiento de tiempo adicional de tres años para los casos Odebrecht y Lava Jato, que se inició el 27 de abril del 2020.
La Fiscalía investiga al expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, los exministros Milton Von Hesse, Juan Manuel Benítez, Eleodoro Mayorga, Luis Miguel Castilla, Wilfredo Pedraza y otras 27 personas, así como a una persona jurídica, por los presuntos delitos de colusión agravada, asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, obstrucción a la justicia y cohecho pasivo propio en agravio del Estado.
La pareja Humala además, se encuentan en etapa de juicio oral por los presuntos aportes ilegales de dinero para sus campañas presidenciales de los años 2006 y 2011. De ser hallados culpables, el juez atendería la solicitud del fiscal Germán Juárez Atoche quien demanda penas de 20 años de prisión y 26 años y medio, respectivamente, por el presunto delito de lavado de activos.
