Las pasadas autoridades de la Sunedu acostumbraron a presentarse de víctimas de las nuevas normas promulgadas para esta institución, pero no eran víctimas, sino que son responsables de haber derrochado unos 10 millones de soles del Estado en consultorías sospechosas, que no cumplirían las calificaciones mínimas para haber sido contratadas, lo cual apuntaría a un favorecimiento de argollas, como suele suceder en las instituciones donde se enquistan los caviares.
Las actuales autoridades de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) entregaron documentos a la Contraloría sobre inconsistencias en los gastos de la institución. Entre el 2018 y marzo del 2023, se realizaron contrataciones por casi 10 millones de soles en rubros que no están contemplados en las normas nacionales.
En una reunión sostenida hoy con el contralor general de la República, Nelson Shack, el superintendente, Dr. Manuel Castillo Venegas, solicitó que la mencionada institución disponga que la Oficina de Control Institucional (OCI) de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) acelere las investigaciones sobre las presuntas inconsistencias encontradas en la contratación de “consultorías en general” por casi 10 millones de soles durante el periodo comprendido entre 2018 y 2022 y que violarían la Ley de Contrataciones N.° 30225.
El doctor Castillo Venegas precisó que la Sunedu entregó a la Contraloría un total de 40 mil folios en 20 cajas para que pueda desarrollar sus investigaciones con toda la documentación respectiva. El superintendente precisó que esta es solo parte de la información que se está levantando y que, en breve, puede traer nueva documentación.
Como se recuerda, la secretaría general de la Sunedu presentó ante la OCI el memorando N.° 0205 del 20 de julio, en el que se pone en evidencia las presuntas inconsistencias en la emisión de 459 órdenes de servicios por un total de S/9´265,490 (41%), que serían realmente “consultorías en general”, mientras que solo 36 órdenes de servicios (9%), por un total de S/681,356, calificarían como “servicios generales”. Estas contrataciones no guardan concordancia con la Ley de Contrataciones N.° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N.° 1444 y reglamentado con el DS N.° 344-2018-EF. Es importante mencionar que, en una revisión preliminar, se ha determinado que un significativo número de dichos documentos fueron autorizados a favor de proveedores sin grados académicos o solo con grado de bachiller, lo que no los facultaba para realizar trabajos especializados para esta institución.
