El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, ofreció una conferencia de prensa en la cual señaló que, desde que asumió la presidencia del Parlamento, ha sido objeto de una serie de cuestionamientos infundados en su contra. Subrayó que carece de antecedentes judiciales, penales y policiales por lo que está legitimado para ocupar cualquier cargo público y reveló que envió un oficio a la Comisión de Ética para presentarse voluntariamente “el día y hora que se señale”.
“Hace tres semanas vengo siendo objeto de una serie de imputaciones a través de los medios de prensa, que son necesarios aclarar y esclarecerlos”, enfatizó para luego agregar que remitió un oficio para que, ni bien se instale la Comisión de Ética, pueda presentarse voluntariamente a fin de responder a los cuestionamientos contra él.
Soto Reyes indicó que es deber de todos los ciudadanos respetar los documentos oficiales que emiten los poderes del Estado. En tal sentido, aseveró que “el Poder Judicial señala que no tengo antecedentes penales, judiciales, policiales. Por tanto, estoy legitimado para asumir cualquier función pública”, enfatizó.
Respecto de la Ley 31751, que modifica el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal para modificar el plazo de prescripción, expresó que un sector de la prensa la ha denominado “Ley Soto”, pese a que el autor de la propuesta es el congresista Flavio Cruz Mamani (Perú Libre).
Recordó que en la primera votación del proyecto lo hizo en contra y en la segunda, treinta días después y, por acuerdo de su bancada (Alianza Para el Progreso), votó a favor. Agregó que de ninguna manera se ha visto beneficiado por dicha norma.
Soto Reyes preguntó qué buscan quienes están detrás de los cuestionamientos. “¿Cuál es el objetivo descalificar a Alejandro Soto o desprestigiar al Congreso de la República?, preguntó.
Dijo también que la Comisión de Ética solo puede investigarlo por su actuación y hechos que ha realizado desde que asumió el cargo de congresista, el 27 de julio del 2021.
No obstante, sobre la grave acusación de estafa, no aclaró que la empresa que fue víctima del engaño de Alejandro Soto Reyes, Transportes Wayna Picchu, entregó al juez cusqueño Carlos Román Gil la evidencia documental de la compra de un terreno que le vendió el congresista con un precio sobrevalorado. Coincidentemente allí comenzó el incremento patrimonial de Soto. Compró un terreno a la comunidad campesina de Ayamarca por US$5 mil. Luego, aprovechando su posición de asesor legal de la empresa donde trabajaba, Transportes Wayna Picchu, convenció al directorio para adquirir el mismo predio por US$265 mil, precisa La República.
La empresa descubrió el engaño 5 años después tras una auditoría, y descubrió que el pago de los US$265 mil por el predio fueron extendidos a nombre de Alejandro Soto Reyes, en 2012: US$200 mil el 26 de noviembre y US$ 65 mil el 24 de diciembre, por lo que solicitan una reparación civil por daños y perjuicios por S/ 323 mil, Transportes Wayna Picchu entregó al juez cusqueño Carlos Román Gil los documentos que confirman que los cheques estaban a nombre de Soto y que él mismo los recibió, como acreditan sus firmas y huellas digitales.
Por ello la fiscal Etel Marquina Rodríguez corroboró los hechos y solicitó 8 años y 8 meses de prisión para Soto por los delitos de estafa y falsedad genérica y también requirió penas para sus cómplices.
La defensa de Alejandro Soto trató de librarlo de la imputación de la fiscal Marquina, pero sus intentos fueron rechazados, como la figura de la prescripción, por lo que fue llevado a juicio.
Por alguna maniobra, Soto consiguió postergar hasta el 21 de julio de este año la audiencia para escuchar su sentencia, mientras tanto, puso en la agenda del Pleno del Congreso el debate la aprobación de la ley de prescripción (por la cual votó a favor y fue promulgada como Ley 31751) que lo salvó de una condena de cárcel. Así se libró de la prisión por la Ley 31751, maquinada por el Congreso para favorecer a delincuentes, por lo cual, hace un mes, el 14 de julio, solicitó de inmediato acogerse a la norma para que se declarase archivada la acusación fiscal contra él.
El juez Carlos Román aceptó el pedido de Soto el 21 del mismo mes, y el 24 de julio emitió la resolución archivando el caso contra Soto, 48 horas antes que fuera elegido presidente del Congreso. Pero Soto no se libró del pago de la reparación civil.
