El Congreso de la República, a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se encuentra en una frenética carrera y está acelerando el proceso de investigación sumaria contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pero hace la vista gorda sobre sus propios congresistas que son presuntos delincuentes, que serían desde ladrones de sueldo, corruptos hasta otros delitos y faltas que son desde hace mucho de dominio público, pero no merecen una investigación acelerada ni mucho menos la correspondiente defenestración por parte de dicho poder del estado.
Es decir, un circo con muchos presuntos delincuentes, corruptos y parásitos se está atribuyendo la autoridad moral de juzgar a la JNJ, lo cual no es sólo una aberración lógica, sino moral y peligrosa para la democracia. Así, ya habla de citar para escarnio a los miembros de la JNJ, sin siquiera haber tipificado la presunta falta que habrían cometido.
Ayer la congresista Janet Rivas Chacara (PL) aprobó, en su primera sesión extraordinaria, el plan de trabajo para iniciar la investigación sumaria de los miembros JNJ, con cargo a redacción de todas las sugerencias y observaciones expuestas. Obtuvo 16 votos a favor (3 de ellos emitidos con reserva), 1 voto en contra y 3 abstenciones.
La congresista Rivas Chacara señaló que “como comisión debemos basarnos en los hechos que están estipulados dentro de la moción; luego, a través del trabajo que se va a realizar, y se ha considerado a las partes involucradas, este trabajo de investigación va arrojar un informe, y este nos dirá si realmente corresponde a una causa grave o no”.
“La presidencia no puede garantizar cual va a ser el final de esta investigación”, manifestó. “No podemos adelantarnos a los hechos. Nos han consignado 14 días, que es un plazo muy corto, y es por ello que el plan de trabajo (para algunos) es adecuado o no lo es. Pero, sin embargo, es lo que podemos hacer dentro de los catorce días que nos dan como plazo, y esto amerita que vayamos a tener que sesionar hasta tres veces por semana”.
La congresista Ruth Luque Ibarra (CD-JP) expuso que hay cosas mínimas que se deben garantizar, así la investigación sea sumaria; por ejemplo, determinar cuál es la falta grave que se pretende determinar en este plan de trabajo.
Luego, Gladys Echaíz (RP) afirmó que determinar las faltas graves es lo que debemos hacer aquí: “no se va investigar un tema penal, sino más bien un tema de orden disciplinario administrativo”.
Así también, María del Carmen Alva Prieto (NoA) dijo que “aquí lo que falta es un cronograma, y garantizar el debido proceso, y 14 días resultan muy pocos. Debe estar abierto que, en el caso de que no se cumpla, se solicite al Pleno una ampliación”.
Por su parte, Alex Paredes Gonzales (BMCN) también señaló que el plan “debe reestructurase dentro de la formalidad de lo que significa un plan de trabajo. Delinear bien para que no haya atingencias en el camino, invitar a quien se deba invitar, y llevar a cabo bien este tema. Los 14 días no tienen por qué ser el derrotero de lo que se va hacer aquí”, expresó.
Intervinieron, además, Susel Paredes Piqué (CD-JP), Alejandro Muñante Barrios (RP), Luis Aragón Carreño (AP), José Balcázar Zelada (PB), Héctor Ventura Ángel (FP), Patricia Juárez Gallegos (FP) y María Acuña Peralta (APP).
