El presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola se pronunció contra la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública la Ley de Transparencia calificando de “escenario peligroso” las solicitudes de acceso a la información provenientes de los medios de comunicación y la ciudadanía.
Sólo pueden ver peligro en el acceso a la información del Estado quienes temen que algo indebido se conozca, por ello sorprende que el jefe de gabinete cuestione a dicha ley y a la propia Constitución que consagra el derecho a la información pública. No hay nada que temer, pues la propia ley establece límites, como es el caso de información de carácter secreto. La ley de transparencia debe cumplirse, porque es un instrumento que puede ayudar a detectar o prevenir la corrupción y debe modificarse para sancionar a los burócratas que niegan información, como sucede a menudo.
En las últimas semanas se han difundido noticias de despilfarro en el sector público, como la compra hasta de alimento para desnutridos realizada por el despacho de la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuéllar, por lo que al parecer el Ejecutivo teme que se destapen más casos malolientes.
Las declaraciones las realizó refiriéndose al caso que presuntamente lo involucra en favorecimiento irregular en la contratación de su amiga Rosa Rivera Bermeo en la institución pública Devida.
“En estos diez meses o más de gobierno, no existe ningún acto de corrupción del gobierno que encabeza la presidenta Boluarte y más bien hemos entrado a un peligroso escenario en el que se pide información hasta por la marca del lápiz que utilizamos en nuestros escritorios, que por supuesto la van a tener. Permanentemente por el acceso a las vías de información por transparencia se nos ha pedido la relación de correos electrónicos, de nuestros WhatsApps, de las reuniones que tenemos, de nuestra caja chica, del uso del combustible; y reiteramos que van a tener acceso a toda esa información…”, dijo Otárola.
Como era de esperarse se pronunciaron organizaciones como el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y la ONG Transparencia, porque el acceso a la información es un derecho establecido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución, que precisa que toda persona tiene derecho “a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido”.
Este derecho, además de estar plasmado en la Constitución, tiene su propia ley promulgada hace 23 años, la 27806 y su reglamento.
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), a través de la red social X (Twitter) manifestó su preocupación por las consecuencias graves que ocasionaría una posible restricción a este derecho.
“IPYS le recuerda al Premier que la ley de transparencia y acceso a información permite ejercer el derecho ciudadano a conocer cómo se maneja el Estado y en qué se gasta. La ley resulta una herramienta importante para la prensa dedicada a transparentar la función pública”, señalaron en su Twitter.
@IPYS
🚨 #ALERTA 🇵🇪 El Premier @AlbertoOtarolaP señaló que se está ingresando a un "peligroso escenario” en el cual la prensa pide información "hasta por la marca del lápiz que utilizan los ministros".
La ONG Transparencia hizo lo propio mediante la misma red social:
Transparencia Perú
@ACTransparencia
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es una herramienta clave para un gobierno abierto y democrático, asi como para la lucha contra la corrupción. Las autoridades tienen el deber de respetarla y además promover su uso por la ciudadanía.
11:00 a. m. · 24 oct. 2023
