El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato, apeló la resolución de la Autoridad Nacional de Control de dicha institución, que lo suspendió por ocho meses imputándole presunta falta grave y muy grave.
Vela señala en su apelación de 67 páginas que la sanción tiene vicios de “irregularidad y parcialidad”, además de ser “arbitraria, injusta y abusiva”.
La resolución de sanción concluye que Vela incurrió en acciones que “comprometen los deberes de su cargo”, por haber comentado aspectos de un proceso en curso e interferir” en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado” y consideraron dos infracciones “muy graves”, que ameritaban la suspensión en su cargo por un total de ocho meses y sin goce de haber. Otra infracción “grave” mereció 15 días de suspensión.
Vela argumenta que en el decurso del trámite de procedimiento administrativo sancionatorio hay recursos de apelación pendientes de resolverse “vinculados al derecho de defensa y al debido proceso”, así como a su derecho a “probar” y “a ser oído”.
“Por ende, al emitirse la resolución (...) vulnera flagrantemente los derechos fundamentales que me asisten: defensa y debido proceso. Y, por ende, también se han quebrantado los principios que rigen el procedimiento disciplinario: debido procedimiento, verdad material y presunción de licitud”, indica la apelación citada por RPP.
También argumenta que el órgano contralor no consideró sus garantías relacionadas con “resguardar mi independencia fiscal, a fin de protegerme de cualquier tipo de presiones externas que puedan estar materializándose a través de injustos y arbitrarios procedimientos disciplinarios”.
Argumenta también que la sanción disciplinaria va a causar que otra persona ocupe el cargo funcional desempeñado, afectándose así las garantías de estabilidad laboral e inamobilidad en el cargo (...) con la dación de la arbitraria, abusiva e injusta resolución”.
Vela subraya que la jueza superior Sonia Torre Muñoz —quien interpuso el recurso de queja que dio inicio al proceso disciplinario en contra de él— tenía un prejuicio respecto a la labor que cumplía, pues en mayo de 2018, él solicitó que se aparte a dicha magistrada del caso contra Ollanta Humala, porque dudaba de su imparcialidad. Dicha solicitud fue declarada fundada por mayoría de la Sala Penal.
La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público inició el pasado 10 de mayo una investigación preliminar por 30 días contra Rafael Vela y Domingo Pérez por unas declaraciones relacionadas con la extradición del expresidente Alejandro Toledo al país.
La entidad argumentó que, en base a notas periodísticas, ambos fiscales emitieron comentarios sobre procesos “que se encuentran en curso, razón por la cual se debe efectuar una indagación preliminar para verificar si se afectaron los deberes inherentes al cargo”.
El fiscal José Domingo Pérez fue consultado por la prensa en si la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, tiene la facultad de ofrecer al expresidente Alejandro Toledo que se acoja a la confesión sincera, a lo que respondió: “Ustedes quieren que me abran proceso disciplinario en el Ministerio Público por señalar una actuación que no se encuentra dentro del marco legal”.
