Conocido es que diversos congresistas tienen intereses o estrechos vínculos con intereses en las empresas dedicadas a la educación, sea colegios o universidades. Lamentablemente, en lugar de elaborar leyes que busquen la excelencia, el Congreso pretende premiar la mediocridad y hasta incluso la ignorancia al proponer licenciamiento permanente.
Un licenciamiento permanente impediría una evaluación de la calidad educativa para renovar o retirar las autorizaciones. En teoría, un sujeto inescrupuloso, después de obtener un licenciamiento, podría degradar la calidad de la educación y lucrar estafando a los padres otorgando títulos a estudiantes que carecen de los conocimientos mínimos para una profesión.
Hoy la Comisión de Educación espera aprobar el aberrante proyecto, que no sólo podría afectar a las universidades privadas, sino a las públicas, que también son supervisadas por la Sunedu.
La sesión, llamada descentralizada, tiene lugar esta mañana en el auditorio de la Universidad Nacional Micaela Bastidas, en Abancay (Apurímac).
Para burla, estos impresentables han titulado al infame proyecto “ley que fortalece el sistema de acreditación universitaria”, cuando en realidad lo único que fortalecerían sería la ignorancia y el lucro de los dueños de universidades.
La Ley Universitaria 30220 establece que el licenciamiento es “temporal y renovable” y se debe renovar a partir de los seis años, siguiendo pautas fijas de evaluación.
El autor del proyecto 5805 es José Balcázar, quien, como presidente de la Comisión de Educación, se encargó de acelerar la redacción del predictamen.
