La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió hoy que el Congreso de la República del Péru busca controlar las instituciones democráticas del país mediante la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), amenaza que se consumaría si mañana miércoles se aprueba en el pleno el informe de la Comisión de Justicia de dicho poder del Estado, que propone la destitución de los siete integrantes de la JNJ.
“El Congreso del Perú debería rechazar el intento de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y defender la independencia judicial, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos. [...] El ataque contra la JNJ forma parte de un patrón de acciones del Congreso para controlar las instituciones democráticas independientes”, advierte la HRW en un comunicado.
Recuerda que la JNJ “nombra y sanciona a jueces y fiscales, así como a los jefes de entidades que organizan las elecciones y tienen a su cargo el registro electoral”, y advierte que estas funciones podrían estar en riesgo.
“Una junta dominada por intereses políticos pondría en peligro el derecho al debido proceso, incluyendo el derecho de acceder a un tribunal de justicia imparcial e independiente, y el derecho al voto”, alerta la HRW.
“Remover a sus miembros por medio de un proceso motivado por intereses políticos amenazaría los pilares del sistema democrático peruano y la protección de los derechos humanos”, dice el comunicado en una cita atribuida a Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.
HRW, una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, alude en su comunicado al nombramiento de seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional en 2022 por parte del Congreso, como una muestra de la intervención del legislativo en el control de las instituciones. Indica que este proceso “careció de transparencia y de criterios claros para la selección de los candidatos”.
Como muestra de lo anterior, la HRW señala que en febrero de 2023 el TC emitió “un fallo de gran alcance que parece otorgar al Congreso una amplia autoridad con una supervisión mínima por parte de la judicatura”, señala, y critica que el TC haya permitido al Congreso avanzar en mayo de este año en el nombramiento como defensor del pueblo a un excongresista “sin experiencia ni conocimientos en derechos humanos, quien no ha criticado los esfuerzos recientes del Congreso por socavar la independencia judicial”.
Otra institución fundamental en la democracia también es amenazada y la HRW advierte que “algunos congresistas buscan remover al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, quien defendió la integridad del proceso electoral peruano en 2021 ante las falsas denuncias de fraude por parte de miembros del Congreso”.
La HRW también cuestionó al gobierno de Dina Boluarte al señalar que “no ha defendido las instituciones democráticas”.
“Al contrario, en septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Perú para expresarle su “extrañeza” por un comunicado de prensa de la ONU en el que se sostenía que “la separación de poderes es un principio fundamental para una democracia plena”, cuestiona la HRW.
La HRW manifiesta que “la comunidad internacional debería condenar el proceso altamente cuestionable de remoción de los miembros de la JNJ y pronunciarse en defensa del sistema democrático peruano” e insta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a visitar el Perú para reunirse con los actores involucrados.
