CAL propone suspender ingreso a carrera de Derecho por dos años

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) plantea suspender nuevos ingresos de estudiantes para la carrera de Derecho hasta por dos años debido al exceso de estos profesionales en el mercado laboral.
El proyecto, que también contempla la suspensión del funcionamiento de nuevas facultades de Derecho en el país, se encuentra en la Comisión de Educación del Congreso, que preside Werner Cabrera Campos (Partido Nacionalista), y fue presentado en agosto del 2009 por el (CAL).


La propuesta original proponía la suspensión de autorizaciones para la creación y el funcionamiento de nuevas facultades de Derecho, la eliminación de la modalidad de educación a distancia y la acreditación de calidad para la enseñanza en las facultades vigentes, pero la Comisión de Educación agregó la supresión de procesos de admisión.

El CAL explicó su preocupación por la existencia de más de 97 mil abogados en ejercicio y más de 82 mil estudiantes de Derecho en el país, donde tenemos cerca de 50 facultades de esta carrera.

Antes que fijarse en la cantidad, deberían fijarse en la calidad mediante la acreditación y certificación, pues en algunas facultades la calidad no cumple un nivel aceptable. En unos casos esto sucede porque hay malos profesores y en otros puede haber buenos profesores, pero las facultades aprueban a alumnos que no lo merecen, a veces para continuar cobrándoles sus pensiones de enseñanza.

Si la calidad de la formación impartida fuese buena y estándar en todas las facultades, así como las exigencias a los alumnos, muchos de ellos simplemente no terminarían la carrera por su falta de interés o capacidad. El retiro de estos alumnos sería muy saludable para el gremio de abogados y para la sociedad, pues ser atendido por un abogado mal formado es un perjuicio al cliente, impuesto por las malas facultades.

Por otro lado, no se debe recortar la libertad de todos aquellos que quieran estudiar esta o cualquier otra carrera, pero con calidad, pues la no existencia de una calidad obligatoria no es sólo una estafa al alumno, sino a la sociedad.

Es necesario que se acelere la acreditación, que avanza a pasos muy lentos defraudando al país.