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El Poder Ejecutivo declaró hoy el estado de emergencia en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, departamento del Cusco, durante 60 días a partir del 2 de agosto, debido a los desórdenes del paro microregional del sur contra de la exportación del gas de Camisea.
La medida fue confirmada con un decreto supremo publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Los actos vandálicos en la zona ocasionaron la ruptura de una de las fibras ópticas del sistema de monitoreo de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) en el kilómetro 117 de la carretera Quillabamba–Kiteny, según indicó Andina.
En el marco de la protesta hubo otros actos de violencia orientados a tomar las instalaciones de la planta de bombeo PS2 a cargo de la Empresa Transportadora de Gas, ubicada en dicho distrito Cusqueño.
Según la norma, a causa de dichas acciones, se ha puesto en riesgo las operaciones de transporte y distribución de gas natural y líquidos de gas natural que constituyen actividades de necesidad e interés social.
Los actos vandálicos también compromente el abastecimiento de gas natural necesario para brindar el servicio público de electricidad y de distribución de gas natural a todo el país.
Durante el estado de emergencia se ejecutarán acciones destinadas a la reducción y eliminación de los mencionados riesgos existentes.
Quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11, 12 y 24 de la Constitución Política.
El decreto supremo 078-2010-PCM lleva la rúbrica del presidente de la República, Alan García Pérez, el jefe del gabinete ministerial, Javier Velásquez Quesquén y el ministro del Interior, Octavio Salazar.
Los actos vandálicos en la zona ocasionaron la ruptura de una de las fibras ópticas del sistema de monitoreo de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) en el kilómetro 117 de la carretera Quillabamba–Kiteny, según indicó Andina.
En el marco de la protesta hubo otros actos de violencia orientados a tomar las instalaciones de la planta de bombeo PS2 a cargo de la Empresa Transportadora de Gas, ubicada en dicho distrito Cusqueño.
Según la norma, a causa de dichas acciones, se ha puesto en riesgo las operaciones de transporte y distribución de gas natural y líquidos de gas natural que constituyen actividades de necesidad e interés social.
Los actos vandálicos también compromente el abastecimiento de gas natural necesario para brindar el servicio público de electricidad y de distribución de gas natural a todo el país.
Durante el estado de emergencia se ejecutarán acciones destinadas a la reducción y eliminación de los mencionados riesgos existentes.
Quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11, 12 y 24 de la Constitución Política.
El decreto supremo 078-2010-PCM lleva la rúbrica del presidente de la República, Alan García Pérez, el jefe del gabinete ministerial, Javier Velásquez Quesquén y el ministro del Interior, Octavio Salazar.
