Apurimac pide declarar zonas intangibles cabeceras de cuenca de Antabamba y Aymaraes
Comunidades, pueblos de Antabamba, Aymaraes y organizaciones exigieron al Gobierno Regional declarar las cabeceras de cuenca del río Antabamba y Aymaraes como zonas intangibles y de reserva hídrica libres de minería.
Comunidades y pueblos de Antabamba, Aymaraes, así como las organizaciones representativas exigieron al Gobierno Regional declarar las cabeceras de cuenca del río Antabamba y Aymaraes como zonas intangibles y de reserva hídrica libres de minería, por el riego de perderse la dotación de agua por la presencia de proyectos mineros.
Durante el Primer Encuentro de Comunidades de la Sub Cuenca del río Antabamba y Aymaraes llevada a cabo el pasado 20 de octubre denunciaron que las cabeceras de cuenca del río están en eminente peligro por la presencia de grandes proyectos mineros como es de la empresa minera Buenaventura y Southern Peru Copper Corporation y otros.
Entre sus principales demandas exigen la cancelación y derogatoria de todas las concesiones mineras en Apurímac, por haberse dado sin consulta ni consentimiento previo de las comunidades y se entable un proceso de Zonificación Económica Ecológica, para un ordenamiento territorial con participación de las comunidades.
Así mismo exigen la Creación e implementación de una Comisión de la Verdad, con respecto a la Minería la cual se encargue de investigar el desempeño de la Minería, desde la época de los 90, para que en un plazo razonable se informe al país y la situación real de los impactos sociales y ambientales ocasionados.
Otra demanda es que el Ministerio del Medio Ambiente sea el único Ente Rector y Regulador, para definir y concretar los estudios de Impacto Ambiental respecto a la instalación de las industrias extractivas en el Perú.
Respecto a la Lay de Consulta Previa, reconocieron la reivindicación política de las comunidades mediante esta norma a pesar de sus vacíos técnicos y pidieron avanzar hacia una ley marco para los pueblos indígenas y originarios.
Respecto al ente rector de los pueblos indígenas exigieron la restitución del INDEPA de acuerdo como fue creado con la ley primigenia con rango ministerial, por la necesidad de que las comunidades y pueblos indígenas, necesitan un espacio de diálogo en igualdad de condiciones con el Estado Peruano.
Denunciaron que los comuneros de Tapayrihua vienen siendo criminalizados por los operadores judiciales en complicidad con la Empresa Minera Southern Perú, por lo que exigen la derogatoria revocante de los Decretos Legislativos que criminalizan la protesta social, solicitando a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior y a las instancias como Derechos Humanos; investigue y levante un informe sobre los excesos de la función policial en la Región de Apurímac.
El pronunciamiento de 11 puntos también demandó la restitución del Derecho de Propiedad al Territorio, que tras la llegada de los españoles y la instalación de la colonia, habiendo pasado ya más de 190 años de vida republicana, ha sido enajenada de las comunidades que conforman los pueblos originarios.
Señalan así mismo con preocupación, el aumento de la minería informal en territorios comunales debido a que constituye una amenaza al desarrollo comunal, “esta actividad ilícita viene siendo promovido muchas veces por agentes y operadores de las empresas transnacionales, quienes proveen de insumos para luego comprar el material mineralizado”.
