Encierro forzoso por censo es inconstitucional
El congresista Yonhy Lescano sostuvo que la inamovilidad de la población decretada por el Poder Ejecutivo para el próximo censo nacional del 21 de octubre es inconstitucional por cuanto vulnera derechos fundamentales como el libre tránsito y el derecho al trabajo, preceptos que, según el legislador, quedarán suspendidos ese día desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
El congresista Yonhy Lescano sostuvo que la inamovilidad de la población decretada por el Poder Ejecutivo para el próximo censo nacional del 21 de octubre es inconstitucional por cuanto vulnera derechos fundamentales como el libre tránsito y el derecho al trabajo, preceptos que, según el legislador, quedarán suspendidos ese día desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Esta situación acarreará un enorme perjuicio económico al sector comercial y turístico de nuestro país, por cuanto se obliga a los ciudadanos a permanecer encerrados en sus casas para responder a un empadronador cuyo trabajo no debería ocuparle más de media hora de ese día, comentó.
En efecto, según el artículo 2.° del Decreto Supremo N.° 081-2007-PCM, así como el inciso m) del artículo 1.°, y el artículo 2.° de la Norma Técnica Censal N.° 008-2007-INEI/CPV, aprobada por la Resolución Jefatural N.° 289-2007-INEI, queda prohibido el tránsito de las personas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde el 21 de octubre.
Del mismo modo, estos dispositivos prohiben también el funcionamiento de mercadillos, supermercados, bodegas, restaurantes, peluquerías, grifos, ferias, comercio ambulatorio, establecimientos comerciales, actividades deportivas, culturales, etc.
Este caso no tiene precedentes en nuestra historia y demuestra la forma improvisada en que se viene trabajando el próximo proceso censal, acudiendo a medidas que afectan derechos constitucionales que el mismo Estado debería preocuparse en resguardar, precisó.
Lescano dijo haber sido informado de los serios problemas que vienen afectando la organización del Censo Nacional, por lo que propuso que el Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática —INEI— acuda al Parlamento a informar ante las comisiones pertinentes.
Añadió que cualquier ciudadano que se sienta afectado por esta medida dictada por el Ejecutivo para el próximo 21, podría tranquilamente presentar un recurso de Habeas Corpus para resguardar sus derechos si siente que éstos están siendo conculcados.
Finalmente, Lescano invitó a la Defensoría del Pueblo a emitir un pronunciamiento por esta medida del Ejecutivo, que afecta derechos constitucionales contenidos en nuestra carta fundamental.
En efecto, según el artículo 2.° del Decreto Supremo N.° 081-2007-PCM, así como el inciso m) del artículo 1.°, y el artículo 2.° de la Norma Técnica Censal N.° 008-2007-INEI/CPV, aprobada por la Resolución Jefatural N.° 289-2007-INEI, queda prohibido el tránsito de las personas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde el 21 de octubre.
Del mismo modo, estos dispositivos prohiben también el funcionamiento de mercadillos, supermercados, bodegas, restaurantes, peluquerías, grifos, ferias, comercio ambulatorio, establecimientos comerciales, actividades deportivas, culturales, etc.
Este caso no tiene precedentes en nuestra historia y demuestra la forma improvisada en que se viene trabajando el próximo proceso censal, acudiendo a medidas que afectan derechos constitucionales que el mismo Estado debería preocuparse en resguardar, precisó.
Lescano dijo haber sido informado de los serios problemas que vienen afectando la organización del Censo Nacional, por lo que propuso que el Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática —INEI— acuda al Parlamento a informar ante las comisiones pertinentes.
Añadió que cualquier ciudadano que se sienta afectado por esta medida dictada por el Ejecutivo para el próximo 21, podría tranquilamente presentar un recurso de Habeas Corpus para resguardar sus derechos si siente que éstos están siendo conculcados.
Finalmente, Lescano invitó a la Defensoría del Pueblo a emitir un pronunciamiento por esta medida del Ejecutivo, que afecta derechos constitucionales contenidos en nuestra carta fundamental.
