Gobierno de Alan García: ¡hasta el último minuto!
por Herbert Mujica Rojas
Hay cantinelas que de tanto repetirse devienen “apotegmas” y “análisis” que los frívolos adoptan por escrito, en forma oral o vía “ensayos” o “estudios”. Una de estas especies es la de proclamar que el gobierno del señor Alan García Pérez ha perdido legitimidad y que debe irse. Cierto que hay vientos de fronda y que el próximo 3 de octubre el pueblo castigará al oficialismo con violencia en las elecciones municipales, no obstante hay derecho a preguntarse: ¿es cierto que debiera desalojar aquél por la pérdida de popularidad?
 |
Hay cantinelas que de tanto repetirse devienen “apotegmas” y “análisis” que los frívolos adoptan por escrito, en forma oral o vía “ensayos” o “estudios”. Una de estas especies es la de proclamar que el gobierno del señor Alan García Pérez ha perdido legitimidad y que debe irse. Cierto que hay vientos de fronda y que el próximo 3 de octubre el pueblo castigará al oficialismo con violencia en las elecciones municipales, no obstante hay derecho a preguntarse: ¿es cierto que debiera desalojar aquél por la pérdida de popularidad?
Nadie puede perder de vista que el gobierno adquiere un compromiso al ganar la segunda vuelta de los comicios presidenciales en el 2006. Es decir asume desde el 28 de julio de ese año hasta el 2011 las riendas del gobierno y de éste debe dar cuenta en forma integral, responsable y detallada de comienzo a fin. Por de pronto ningún clima de animadversión puede acabarlo o fulminarlo como tampoco el estropicio triunfalista, debe empujar soluciones irresponsables como la reelección indefinida, por ejemplo. En uno u otro caso, los extremos son nefastos.
¿Qué más salida fácil para los pésimos gobernantes vendepatria, concededores fáciles de un patrimonio que no es suyo y que sólo tienen a título de administradores no de dueños, que un sector o porciones irreflexivas demanden su “salida”? De esa manera sí podrán argumentar que sedicentes bobos empujaron a tocar puertas golpistas y “antidemocráticas”.
Recordemos que en sus últimos tramos la administración Toledo gozaba de un desprestigio letal e irreversible. No pocos “demandaban” su defenestración olvidando que el contrato social es por cinco años y que el pueblo vota libremente pero a los elegidos toca dar cuenta pormenorizada de qué hicieron con el encargo de gobernar de principio a fin. Aún así, Toledo culminó su mandato y desde entonces viene con frecuencia al país, se reúne con sus simpatizantes y hasta pareciera ser candidato que sin hacer mayormente nada goza de una elevada preferencia que en el peor de los casos llega a 10%.
En esta clase de interpretaciones las mediciones del clima ambiente suelen expresarse por vía de las encuestas. El ritmo decreciente de popularidad, especialmente de los primeros mandatarios, siempre va cuesta abajo la rodada. ¿Se traduce aquello en expulsión automática? ¿a favor de quién o de quiénes? Además, el actual sistema político en Perú se viabiliza por comicios. Quien reemplace a los gobernantes tiene que tener igual origen en las urnas, a menos que se trate de un golpe de Estado y la violencia dictatorial, en cuyo caso la democracia fenece.
Quienes suelen hacer un apostolado de estos “vacíos” de poder, no tienen mayor respaldo comprobable en las urnas. Es más, casi siempre pertenecen a grupúsculos que suelen hablar en nombre de otros y se atribuyen a sí mismos la representación de la “sociedad civil”. ¿Cómo se mide aquella? Hasta hoy no se inventado otro método que el que se hace a través de elecciones limpias. Es decir no basta el puro enunciado ¡hay que demostrar sufragio cívico y masas populares auténticas para tomar el nombre del pueblo en sus sentencias! De otro modo la grita torna en turbamulta sin construcción ni educación.
Es decir, esos “llamados” a fulminar al gobierno del presidente García Pérez son, aunque no lo parezcan, refuerzo de lo más antidemocrático que puede producirse en cualquier sociedad por la simple razón que hacen un favor al secretismo o al porqué un mandatario no puede explicar el manejo de las cuentas públicas. Impedir su mandato hasta el último día es extenderle un pretexto en blanco para que no cumpla con su deber desde Palacio o cuando cualquier institución le exija respuestas. Es una forma de golpismo civil que tiene en sí misma una carga antidemocrática sibilina y taimada.
Perú debe exigir a sus gobernantes a que permanezcan en el país y estén listos a rendir cuentas minuciosas del manejo de la cosa pública. Si hay desbalance patrimonial y signos exteriores de riqueza o testaferros ominosos de quienes se tiene sospecha de comisión aleve, entonces, hay que enjuiciarlos para que paguen sus culpas. Regalarles motivaciones bajo el amparo de un canibalismo político tan sólo les permite cubrirse de una gloria de la cual carecen.
Otra cosa es que los que están en el gobierno practiquen el do ut des y declinen investigaciones para que más adelante tampoco los escudriñen. Los pandilleros y cacos siempre construyen componendas y fabrican complicidades al más alto nivel. ¿Y encima hay que ser tan tontos como para brindarles aureolas de honestidad que jamás tuvieron o tendrán?
Lea www.voltairenet.org/es
hcmujica.blogspot.com
Skype: hmujica
¿Qué más salida fácil para los pésimos gobernantes vendepatria, concededores fáciles de un patrimonio que no es suyo y que sólo tienen a título de administradores no de dueños, que un sector o porciones irreflexivas demanden su “salida”? De esa manera sí podrán argumentar que sedicentes bobos empujaron a tocar puertas golpistas y “antidemocráticas”.
Recordemos que en sus últimos tramos la administración Toledo gozaba de un desprestigio letal e irreversible. No pocos “demandaban” su defenestración olvidando que el contrato social es por cinco años y que el pueblo vota libremente pero a los elegidos toca dar cuenta pormenorizada de qué hicieron con el encargo de gobernar de principio a fin. Aún así, Toledo culminó su mandato y desde entonces viene con frecuencia al país, se reúne con sus simpatizantes y hasta pareciera ser candidato que sin hacer mayormente nada goza de una elevada preferencia que en el peor de los casos llega a 10%.
En esta clase de interpretaciones las mediciones del clima ambiente suelen expresarse por vía de las encuestas. El ritmo decreciente de popularidad, especialmente de los primeros mandatarios, siempre va cuesta abajo la rodada. ¿Se traduce aquello en expulsión automática? ¿a favor de quién o de quiénes? Además, el actual sistema político en Perú se viabiliza por comicios. Quien reemplace a los gobernantes tiene que tener igual origen en las urnas, a menos que se trate de un golpe de Estado y la violencia dictatorial, en cuyo caso la democracia fenece.
Quienes suelen hacer un apostolado de estos “vacíos” de poder, no tienen mayor respaldo comprobable en las urnas. Es más, casi siempre pertenecen a grupúsculos que suelen hablar en nombre de otros y se atribuyen a sí mismos la representación de la “sociedad civil”. ¿Cómo se mide aquella? Hasta hoy no se inventado otro método que el que se hace a través de elecciones limpias. Es decir no basta el puro enunciado ¡hay que demostrar sufragio cívico y masas populares auténticas para tomar el nombre del pueblo en sus sentencias! De otro modo la grita torna en turbamulta sin construcción ni educación.
Es decir, esos “llamados” a fulminar al gobierno del presidente García Pérez son, aunque no lo parezcan, refuerzo de lo más antidemocrático que puede producirse en cualquier sociedad por la simple razón que hacen un favor al secretismo o al porqué un mandatario no puede explicar el manejo de las cuentas públicas. Impedir su mandato hasta el último día es extenderle un pretexto en blanco para que no cumpla con su deber desde Palacio o cuando cualquier institución le exija respuestas. Es una forma de golpismo civil que tiene en sí misma una carga antidemocrática sibilina y taimada.
Perú debe exigir a sus gobernantes a que permanezcan en el país y estén listos a rendir cuentas minuciosas del manejo de la cosa pública. Si hay desbalance patrimonial y signos exteriores de riqueza o testaferros ominosos de quienes se tiene sospecha de comisión aleve, entonces, hay que enjuiciarlos para que paguen sus culpas. Regalarles motivaciones bajo el amparo de un canibalismo político tan sólo les permite cubrirse de una gloria de la cual carecen.
Otra cosa es que los que están en el gobierno practiquen el do ut des y declinen investigaciones para que más adelante tampoco los escudriñen. Los pandilleros y cacos siempre construyen componendas y fabrican complicidades al más alto nivel. ¿Y encima hay que ser tan tontos como para brindarles aureolas de honestidad que jamás tuvieron o tendrán?
Lea www.voltairenet.org/es
hcmujica.blogspot.com
Skype: hmujica
