La pensión solidaria por vejez
Por Manuel Rodríguez Cuadros
Todos los países tienen un mercado interno, pero ese mercado que es esencial para la economía, la vida social, la institucionalidad y la política no puede confundirse con la sociedad nacional que lo incluye. En ese sentido el Perú, como todo país, tiene un mercado interno y debe mantener su apertura a los mercados externos. Pero la sociedad peruana es mucho más que su mercado interno. La sociedad es una suerte de hogar nacional de todos los peruanos y peruanas, en la que al mismo tiempo que proteger las libertades e incentivar la iniciativa individual y el espíritu del emprendimiento, es indispensable promover una conciencia solidaria y la visión compartida del bien común.
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Por Manuel Rodríguez Cuadros
Todos los países tienen un mercado interno, pero ese mercado que es esencial para la economía, la vida social, la institucionalidad y la política no puede confundirse con la sociedad nacional que lo incluye. En ese sentido el Perú, como todo país, tiene un mercado interno y debe mantener su apertura a los mercados externos. Pero la sociedad peruana es mucho más que su mercado interno. La sociedad es una suerte de hogar nacional de todos los peruanos y peruanas, en la que al mismo tiempo que proteger las libertades e incentivar la iniciativa individual y el espíritu del emprendimiento, es indispensable promover una conciencia solidaria y la visión compartida del bien común.
En la sociedad peruana la pobreza se hereda y deviene en una condición de la existencia social. No depende del emprendimiento individual, independientemente que en algunos casos esa excelencia emprendedora saque a una persona o a una familia de la pobreza, como hecho excepcional. Estadísticamente la pobreza no sólo se reproduce socialmente, sino que en el Perú se hereda. El hijo y el nieto de pobres tiene un 95% de posibilidad de seguir siendo pobre, independientemente de sus esfuerzos individuales. El crecimiento económico continuo con redistribución del ingreso y equidad social es la vía para romper este círculo hereditario de la pobreza. Y ello es una tarea que necesariamente debe conciliar crecimiento económico, disciplina macroeconómica y políticas redistributivas de desarrollo social.
En este proceso es indispensable que aquellos sectores de la población que son excluidos por el funcionamiento del mercado accedan a mecanismos solidarios de redistribución del ingreso, para asegurarles niveles mínimos de alimentación, salud, Educación, trabajo y seguridad social, compatibles con su dignidad humana. Y esta tarea es de todos, del colectivo social, del hogar nacional llamado Perú.
Uno de los sectores más vulnerables son los adultos mayores, los ancianos, que en el Perú en más de un 40% se encuentran en situación de pobreza. No viven una vejez con dignidad, sino con angustia y sufrimiento. Y esta es una responsabilidad de toda la sociedad y el Estado.
En Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Costa rica y Uruguay el Estado y la sociedad, cumpliendo con estas obligaciones básicas de solidaridad, han establecido pensiones no contributivas. En el caso Boliviano la Renta Dignidad se financia con los ingresos estatales del impuesto directo a los Hidrocarburos (IDH), por ello es sustentable financieramente, beneficia a 700,000 personas mayores de 60 años y comprende una pensión mensual de 250 Bolivianos (35 dólares) para quienes no son jubilados y 200 Bolivianos (28 dólares) para los adultos mayores que sí poseen una jubilación. La Renta Dignidad se percibe en Bolivia desde el 10 de febrero del 2008 en el contexto de una economía que por su disciplina macroeconómica ha arrojado en los últimos tres años superávit fiscal. Con variantes las modalidades de las pensiones no contributivas en Chile, Uruguay o Brasil responden al mismo criterio: el cumplimiento de una obligación de solidaridad que promueve equidad y cohesión social, con financiamiento saludable y con efectos positivos en la expansión de la demanda interna. La Primera, 16.08.2010.
En este proceso es indispensable que aquellos sectores de la población que son excluidos por el funcionamiento del mercado accedan a mecanismos solidarios de redistribución del ingreso, para asegurarles niveles mínimos de alimentación, salud, Educación, trabajo y seguridad social, compatibles con su dignidad humana. Y esta tarea es de todos, del colectivo social, del hogar nacional llamado Perú.
Uno de los sectores más vulnerables son los adultos mayores, los ancianos, que en el Perú en más de un 40% se encuentran en situación de pobreza. No viven una vejez con dignidad, sino con angustia y sufrimiento. Y esta es una responsabilidad de toda la sociedad y el Estado.
En Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Costa rica y Uruguay el Estado y la sociedad, cumpliendo con estas obligaciones básicas de solidaridad, han establecido pensiones no contributivas. En el caso Boliviano la Renta Dignidad se financia con los ingresos estatales del impuesto directo a los Hidrocarburos (IDH), por ello es sustentable financieramente, beneficia a 700,000 personas mayores de 60 años y comprende una pensión mensual de 250 Bolivianos (35 dólares) para quienes no son jubilados y 200 Bolivianos (28 dólares) para los adultos mayores que sí poseen una jubilación. La Renta Dignidad se percibe en Bolivia desde el 10 de febrero del 2008 en el contexto de una economía que por su disciplina macroeconómica ha arrojado en los últimos tres años superávit fiscal. Con variantes las modalidades de las pensiones no contributivas en Chile, Uruguay o Brasil responden al mismo criterio: el cumplimiento de una obligación de solidaridad que promueve equidad y cohesión social, con financiamiento saludable y con efectos positivos en la expansión de la demanda interna. La Primera, 16.08.2010.
