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por Herbert Mujica Rojas
Sin pena ni gloria, con infame estupidez superlativa, premunido de una torpeza de campeonato, el gobierno del presidente Alan García Pérez anularía el DL 1097 y por cuya aplicación saldrían en libertad todos los Colinas, los de Barrios Altos, La Cantuta, los militares y policías que delinquieron y otros copartícipes, coautores y cómplices que estén actualmente procesados sin importar el estado de su procesamiento. ¡Así de simple! ¿Para qué incurrir en el onanismo palabrero a que son tan afectos algunos irresponsables?
La más lúcida explicación combativa y letal para con este adefesioso DL 1097 ha sido la que emitió el notable jurista y experto en lo penal, Guillermo Olivera Díaz en el artículo: Decreto Legislativo N.° 1097: ¡inconstitucional por apartarse del encargo congresal!
http://www.voltairenet.org/article166959.html y en el cual admoniza severamente:
“1) El Decreto Legislativo N° 1097 lo expidió el Poder Ejecutivo en virtud de la Ley N° 29548 (03-7-2010) que lo faculta legislar “exclusivamente” en relación al personal militar y policial, no incluye a civiles, Fujimori, por ejemplo, que “ha sido procesado” o “condenado”, en ciertos delitos; empero, la norma dictada, apartándose diametralmente del encargo, establece reglas procesales sobre imputados que están actualmente procesados, para cuya materia o extremo el gobierno carece de facultades delegadas por el Congreso, lo cual viola el Art. 104° de la Constitución y la propia ley autoritativa. ¡Se trata, entonces, de un dispositivo inconstitucional, írrito e inaplicable por ningún magistrado!. ¡No es la norma legal delegada!. El decreto dado no es el encomendado; faltó la asesoría adecuada del sector justicia para su cabal dación.”
El CAL demanda, también, la nulidad del esperpento nacido en Palacio y por cómplices pagados (a menos que ahora también quieran decir que sus “colaboraciones” fueron ad honorem). Es decir, los pseudo-consejos de liberadores de criminales perversos se pagan con el dinero que los peruanos tributan para dejar sueltos por calles y avenidas del país a psicópatas que no hesitan en disparar a la cabeza y por requerimiento estrictamente mortal.
¿No basta con alternar con políticos corruptos, pseudo defensores de derechos humanos que callan cuando no hay negocios a la vista o dólares o euros, colectivos que no entienden nada de lo que acontece a su alrededor, intelectuales que alquilan sin mínimo de rubor sus silencios y loas a la carta, que pensar gracias al desmán del gobierno de Alan García, en la chance de avistar o chocar con diestros y siniestros en el arte de matar a balazo limpio por las rutas de todo el Perú?
Hay sobradas razones para comprobar la desinformación profunda que padece el ingeniero ministro Rafael Rey, sobre el derecho. Nadie entiende, asimismo, cómo Víctor García Toma, especialista reconocido en derecho constitucional, se dejó engañar como un bisoño tímido, retraído, inocente y torpe a más no poder.
El contrabando legislativo es de tal magnitud que naufragaría en pocas horas más el tristemente célebre DL 1097. Sus fautores serían puestos de patitas en la calle lejos del gabinete y premiados por el asco popular que les enderezaría, no sin razón, la responsabilidad de un fiasco mayúsculo. No obstante en Perú los muertos en política no existen, basta con “sombrearse” unos pocos años, total, reservas y ahorros hay en gran cantidad para soportar el ostracismo urbi et orbi.
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