La privatización de empresas públicas fue un instrumento de corrupción en Perú
Por: Pepe Mejía
Alberto Fujimori y su asesor en temas de inteligencia, Vladimiro Montesinos, montaron una red compuesta por funcionarios y mandos militares que utilizaron, en beneficio propio, los recursos de la privatización de empresas públicas y las donaciones. Una fuente adicional de corrupción habría sido el narcotráfico que habría proveído de ingentes recursos aún no cuantificados, señala el avance de un informe de la Comisión investigadora sobre delitos económicos y financieros del Congreso peruano.
 |
Alberto Fujimori y su asesor en temas de inteligencia, Vladimiro Montesinos, montaron una red compuesta por funcionarios y mandos militares que utilizaron, en beneficio propio, los recursos de la privatización de empresas públicas y las donaciones. Una fuente adicional de corrupción habría sido el narcotráfico que habría proveído de ingentes recursos aún no cuantificados, señala el avance de un informe de la Comisión investigadora sobre delitos económicos y financieros del Congreso peruano.
Entre 1990 y 2001 se cometieron delitos económicos-financieros en el proceso de privatización de empresas públicas y en el uso de recursos del Estado para salvar a empresas bancarias y no bancarias. La corrupción se extendió a la implementación de las licitaciones públicas, el uso de la Contraloría General de la República y otros organismos de fiscalización y regulación como instrumentos de presión o de evasión tributaria y el mal uso de donaciones y otras ayudas recibidas por el Estado Peruano.
El exhaustivo informe de la Comisión investigadora sobre delitos económicos y financieros (CIDEF) en el que participaron los congresistas Javier Diez Canseco Cisneros, Walter Alejos Calderón, Juan Valdivia Romero, Máximo Mena Melgarejo y Kuennen Franceza Marabotto y al que se ha tenido acceso señala que “durante la década pasada un grupo corrupto de altos funcionarios públicos y de mandos militares asociados ilícitamente para delinquir capturaron el Estado con el objeto de imponer un régimen autoritario e ilegítimo, que garantizara su propia reproducción y continuidad. Esta asociación utilizó un conjunto de mecanismos que permitieron la transferencia ilícita de recursos públicos a manos privadas, ya fueran propias o de terceros”.
El informe señala que este núcleo corrupto habría estado integrado por diversos grupos vinculados de forma distinta y particular al poder político. “El ex - Presidente Alberto Fujimori y su entorno personal que asumieron al Estado y la función pública como fuente de beneficio patrimonial. Los servicios de inteligencia y Vladimiro Montesinos, jefe real del SIN, articulando diversos intereses que llevaron a subordinar a las FFAA. Entre los integrantes del núcleo corrupto también se encuentra a algunos integrantes del alto mando militar que, desde fines de la década de los ochenta, venía preparando una propuesta de reestructuración económica, jurídica, social y de control del Estado por 20 ó 30 años”.
Fujimori y Montesinos crearon un conjunto de grupos de poder económico y financiero bien conectados a sectores de empresarios y tecnócratas ubicados en puestos estratégicos de la administración del Estado. “Un núcleo mafioso, tomó control dictatorial, extra-legal del aparato del Estado”.
Uno de los valiosos soportes de esta estrategia fue la captación de los principales medios de comunicación e implementación sistemática de campañas de manipulación de la opinión pública. Los medios habrían sido fundamentales para manejar la opinión pública y piezas claves de toda la maquinaria de reelección electoral.
En cuanto a la cooperación internacional. La red montada por Montesinos manejó los Programas de Asistencia Alimentaria con criterios de clientelismo. El Estado central intervino activamente en materia económica a través de extensos programas sociales cuyo fin último era someter las conciencias de los supuestamente beneficiarios.
Un sistema de nóminas paralelas
Otra de las materias investigadas ha sido la puesta en marcha de un sistemas de nóminas paralelas para los altos funcionarios del Estado, “quienes recibían sus honorarios pagados por las Naciones Unidas, aunque era el mismo Estado quien depositaba el dinero en las cuentas del PNUD para dichos pagos”.
Una fuente adicional de corrupción habría sido el narcotráfico, porque durante el período materia de investigación, el control de las zonas cocaleras pasó de la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas. Así, estas zonas fueron controladas por altos oficiales cercanos al entorno de Vladimiro Montesinos.
Los congresistas, redactores del informe, coinciden que“los delitos mayormente cometidos tenemos los de colusión, peculado, malversación, uso de información privilegiada, abuso de autoridad, incumplimiento de funciones y omisión de denuncia, sin que este conjunto constituya un “numerus clausus”.
Otro de los apartados investigados ha sido los relativos a los llamados “Decretos de Urgencia Secretos para la adquisición de armamento”. Un claro ejemplo del uso abusivo de los decretos de urgencia “es el caso del desvío de casi mil millones de dólares de los fondos de la privatización (lo cual implicaba malversación al tener dichos fondos fines específicos) hacia el sector Defensa para la adquisición de equipo bélico, el cual resultó deficiente y en ocasiones inservible ”.
Esta disposición de fondos se materializó a través de 22 decretos de urgencia secretos, vale decir, que no fueron publicados en el Diario Oficial El Peruano. De estos decretos de urgencia, sólo existe la autógrafa de tres, únicamente 6 contaron con la aprobación del Consejo de Ministros y de cuatro de ellos no existe siquiera copia. Esta derivación arbitraria de fondos facilitó que en torno de las aludidas adquisiciones de armamento se organizaran diversos intermediaros corruptos (Treves Inttora, Beltech Export y w21-Intertecnique) dándose cabida a la comisión reiterada de los delitos de colusión y peculado, entre otros, lo que se a corroborado con las millonarias cuentas bancarias detectadas a altos mandos militares.
La propaganda fujimorista dijo que con las privatizaciones iba aumentar los puestos de trabajo. Nada más alejado de la realidad. Ya en 1999, según la versión oficial, más de 120,000 trabajadores de las empresas públicas habían sido cesados. De ello, sólo el 36% (43,000 trabajadores) fue absorbido por los nuevos operadores privados.
En el apartado de Ingresos y Gastos de los Recursos obtenidos del Proceso de Privatizaciones, el informe del CIDEF señala que se han transferido mediante varias modalidades más de 228 empresas públicas al sector privado que han significado ingresos del orden de 49,221 millones, de los cuales sólo 46,993 han ingresado al Tesoro Público. Del total de ingresos al Tesoro Público se han gastado 44,363 en el período 1992-2000. Este gasto ha sido incluido en los presupuestos anuales sin tener en consideración que su origen era la venta de los activos del Estado Peruano.
La falta de transparencia en el uso de los recursos provenientes de la privatización se evidenció cuando, en octubre de 1999, se informaron hasta tres montos diferentes sobre los ingresos provenientes del proceso. Así, el Banco Central de Reserva, el Presidente de la República y el propio Ministro de Economía ofrecieron versiones distintas. Sin embargo, el Poder Ejecutivo se negó a brindar la información en el Congreso aduciendo que eran temas “secretos” que no se podían poner en conocimiento de la representación nacional, desconociendo que es el Congreso el encargado de ejercer la función del control político que incluye los actos de la administración y de las autoridades del Estado; así como la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos.
En el caso de la privatización de las líneas aéreas, Aeroperú fue vendida en subasta pública. Sólo en el saneamiento de las deudas, el Estado perdió su inversión de más de S/ 135 millones de soles, además de $ 25 millones de dólares en la flota de aeronaves y sus repuestos, y el 20% de acciones de la empresa que pertenecían al Estado luego de la privatización, valorizadas en $6´767,023. Por su parte, “más de dos mil trabajadores que dependían directamente de la empresa perdieron sus puestos de trabajo y las acciones de la empresa que les pertenecían (7,15%) valorizadas en $ 2’515,221. Lo más grave de todo, el Perú perdió su línea aérea de bandera y se debilitó seriamente su presencia en la actividad aerocomercial internacional”.
Funcionario pagado por el Banco Mundial para privatizar
Las personas que dirigieron este proceso fueron, entre otros, el Contralmirante AP (r) Dante Matellini Burga, presidente del Cepri, y Carlos Montoya Macedo, Director Ejecutivo de la COPRI, funcionario pagado por el Banco Mundial para dirigir las privatizaciones en el Perú .
Estos funcionarios se habrían aliado con los nuevos operadores privados: el Consorcio Aerovías de México para modificar ilegalmente las condiciones del Contrato de Venta después de realizada la subasta, para que el Estado asumiera cualquier obligación o contingencia que pudiera aparecer en los 5 años siguientes.
En la privatización de Electrolima, los trabajadores fueron los principales perjudicados. Desde que el proceso se inició hasta la fecha, (en los dos últimos años en menor intensidad) se ha producido una drástica reducción de personal, empleándose para ello modalidades como la masiva invitación al “retiro voluntario”, por el que se obligó a casi 2,000 trabajadores a renunciar utilizándose para ello diversas formas de coacción. Esta modalidad ha servido le sirve al empleador para “demostrar” que en cada empresa privatizada no se producen despidos, sino que los trabajadores se retiran “voluntariamente” a través de la presentación de su respectiva carta de renuncia. Se oculta la coacción efectiva que se cierne sobre los trabajadores para que tomen esta decisión: los trabajadores que no aceptaron retirarse “voluntariamente ”fueron luego incluidos en ceses colectivos autorizados por la Autoridad Administrativa de Trabajo, pero esta vez sin “incentivos” económico de ninguna clase. Entre 1994 y 2001 se despidieron en total 776 trabajadores.
En cuanto a la conducta de Telefónica del Perú se dice que esta aprovechó que los pagos por transferencia de tecnología y de gestión fueron reconocidos por el Estado para negociar convenios muy beneficiosos para ella. A través de esos pagos pudo esconder la altísima rentabilidad permitida por las tarifas. El Concepto de “Capacidad Técnica” ha sido interpretado a su favor para justificar el pago por la gestión de la empresa, lo que es cuestionable pues se estaría pagando dos veces por el mismo concepto. Además, “se ha constatado que el informe no demuestra la no onerosidad de tales pagos, y la información disponible es insuficiente para certificar objetivamente que esa condición es cumplida por Telefónica de España. Los pagos por transferencia de tecnología y gestión hasta el 2001 alcanzan a 730 millones de US $. De los cuales 130 millones son por transferencia tecnológica y 610 millones por gestión”.
El papel de Telefónica de España
“Telefónica de España –señala el informe del CIDEF- controló inicialmente la empresa con el 35% de las acciones y manejó complejos procesos de escisión y reposicionamiento. Por eso posee el 97% de las acciones y ha reducido los impuestos a la renta al 50% del promedio pagado entre 1994 y el 2,001. Los socios minoritarios han sido perjudicados por varias decisiones de la empresa, destaca el programa de compraventa de ADRs en Nueva York, que utilizó 523 millones de US $ de las utilidades acumuladas para reducir el capital social en un 10%”.
En las investigaciones practicadas, documentos y declaraciones de los implicados en los interrogatorios de la Comisión Investigadora, se reunieron indicios relevantes sobre la participación de Víctor Dionisio Joy Way Rojas, quien primero fue Socio Fundador del Consorcio Peruano Chino Médico Dental S.A., luego fundador y Presidente del Directorio de INTERTRADE PERU S.A. y agente de negocios para las empresas estatales de la República Popular China antes de asumir el cargo de Ministro de Industria (1991), quien, conjuntamente con ex Ministros, altos funcionarios y la participación directa del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, concertaron voluntades para delinquir en agravio del estado peruano.
“Medicamentos con fechas de expiración próximas e ingreso de productos que no contaban con el protocolo de análisis que los acreditaran como aptos para el consumo humano; tractores que, desde que llegaron a su destino, funcionaron por poco tiempo o nunca operaron por fallas frecuentes en el sistema hidráulico, problemas de potencia y cambio de dirección así como rotura frecuente de accesorios de acoplamiento de arado y rastra; cuantiosas importaciones de módulos para laboratorio y ciencia dirigidos al sector Educación, que nunca ingresaron físicamente a los almacenes; así como adquisiciones de armamentos, equipos y aeronaves al amparo de normas específicas, exprofesamente dictadas para materializar dichas compras”, son algunas de las particularidades que rodearon a todos los procesos de adquisición a las empresas estatales Chinas.
Sin embargo, siempre según el informe de CIDEF, emergen circunstancias comunes a las adquisiciones efectuadas: todas se hicieron hacia determinados proveedores vinculados a Víctor Joy Way Rojas, sus testaferros y socios, mediante procedimientos no planificados a las necesidades reales del sector público nacional, inobservancia de los procedimientos de adquisición, pago y almacenamiento de bienes del Estado, e inexistencia de un Plan de Adquisiciones debidamente programado y presupuestado.
En cuanto a los derechos humanos, “se produjo una práctica militarización de diversos aspectos de la vida social, como lo demuestran las disposiciones legales que obstaculizaron la investigación y sanción de casos de violación de los derechos humanos; las presiones ejercidas sobre los medios de comunicación que informaron sobre aspectos sensibles como la eventual vinculación de algunos mandos militares con el narcotráfico; las denuncias sobre la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en las campañas políticas reeleccionistas y el uso de equipos militares para la vigilancia y persecución de políticos y periodistas ”.
Con respecto a esto último, mientras se vigilaba y perseguía a opositores políticos tropas ecuatorianas se habían infiltrado en territorio peruano sin que el servicio de inteligencia las detectaran. Fue en función de las elecciones generales del 9 de abril de 1995, que se decidieron las operaciones para desocupar las tropas ecuatorianas.
La implicación de la familia de Fujimori
Alberto Fujimori tuvo su principal apoyo en miembros de su propia familia. Se trata de su hermana Rosa y su cuñado Víctor Aritomi, quienes fueron enviados como embajadores al Japón y a lo largo de los años habrían transportado dinero en pequeñas cantidades en sus viaje mensuales entre Tokio y Lima. Ellos inicialmente, en 1992, fueron denunciados por contrabando de ropa donada, revelando que en la familia del presidente convivían inicialmente dos orientaciones. Luego habrían sido reducidos los mejores elementos para dar rienda suelta a la corrupción. Un miembro importante de este segundo grupo es Augusto Miyagusuku, amigo cercano y vecino de los Fujimori, quien dirigió la Compañía de Seguros Popular y Porvenir, convertida casi desde el comienzo en una de las operaciones de corrupción más sonadas y vinculada al primer círculo del presidente.
El informe de CIDEF señala que durante el período del ingeniero Camet como Ministro de Economía, “tomó gran impulso un mecanismo de pago de remuneraciones para altos funcionarios públicos, que permitió salvar el escollo de los bajos salarios en el Estado peruano. Esto es, el establecimiento de un convenio con el PNUD para que maneje recursos del tesoro público pagando planillas de asesores”. Es decir, se echó al personal existente y se contrató personal nuevo de alto nivel con dinero del Tesoro Público pagado a través del PNUD.
Miembros de las ONG AKEN y APENKAI, entre los que se encontraban los hermanos del expresidente, también estuvieron vinculados al sistema de corrupción a través de empresas testaferras del núcleo liderado por Augusto Miyagusuku Miagui.
La corrupción pertenece a la misma esencia del régimen fujimorista. El informe lo deja claro: “ el proceso de corrupción responde a un patrón bien establecido históricamente: el dictador no distingue entre su patrimonio personal y el tesoro público, robando para disfrutar de lujos y además para financiar la conservación o eventual reconquista del poder en caso de perderlo. Los problemas comenzaron con la ropa usada, como denunció Susana Higuchi. Luego se formó una corriente de inmoralidades y se produjo un salto adelante durante el segundo gobierno, cuando la corrupción tomó tal nivel que cualquier gobierno siguiente la habría descubierto. Esa certeza fue un poderoso impulso para tratar de perpetuarse ”.
Durante el trabajo de la CIDEF –que se prolongó por espacio de diez meses- se desarrollaron 114 sesiones de trabajo, 87 de las cuales de carácter ordinario y 27 extraordinarias. Asimismo, se invitaron a 257 personas, cuyas declaraciones quedaron registradas en 366 horas y 35 minutos de grabación magnetofónica. La CIDEF contó con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo (GTZ).
El exhaustivo informe de la Comisión investigadora sobre delitos económicos y financieros (CIDEF) en el que participaron los congresistas Javier Diez Canseco Cisneros, Walter Alejos Calderón, Juan Valdivia Romero, Máximo Mena Melgarejo y Kuennen Franceza Marabotto y al que se ha tenido acceso señala que “durante la década pasada un grupo corrupto de altos funcionarios públicos y de mandos militares asociados ilícitamente para delinquir capturaron el Estado con el objeto de imponer un régimen autoritario e ilegítimo, que garantizara su propia reproducción y continuidad. Esta asociación utilizó un conjunto de mecanismos que permitieron la transferencia ilícita de recursos públicos a manos privadas, ya fueran propias o de terceros”.
El informe señala que este núcleo corrupto habría estado integrado por diversos grupos vinculados de forma distinta y particular al poder político. “El ex - Presidente Alberto Fujimori y su entorno personal que asumieron al Estado y la función pública como fuente de beneficio patrimonial. Los servicios de inteligencia y Vladimiro Montesinos, jefe real del SIN, articulando diversos intereses que llevaron a subordinar a las FFAA. Entre los integrantes del núcleo corrupto también se encuentra a algunos integrantes del alto mando militar que, desde fines de la década de los ochenta, venía preparando una propuesta de reestructuración económica, jurídica, social y de control del Estado por 20 ó 30 años”.
Fujimori y Montesinos crearon un conjunto de grupos de poder económico y financiero bien conectados a sectores de empresarios y tecnócratas ubicados en puestos estratégicos de la administración del Estado. “Un núcleo mafioso, tomó control dictatorial, extra-legal del aparato del Estado”.
Uno de los valiosos soportes de esta estrategia fue la captación de los principales medios de comunicación e implementación sistemática de campañas de manipulación de la opinión pública. Los medios habrían sido fundamentales para manejar la opinión pública y piezas claves de toda la maquinaria de reelección electoral.
En cuanto a la cooperación internacional. La red montada por Montesinos manejó los Programas de Asistencia Alimentaria con criterios de clientelismo. El Estado central intervino activamente en materia económica a través de extensos programas sociales cuyo fin último era someter las conciencias de los supuestamente beneficiarios.
Un sistema de nóminas paralelas
Otra de las materias investigadas ha sido la puesta en marcha de un sistemas de nóminas paralelas para los altos funcionarios del Estado, “quienes recibían sus honorarios pagados por las Naciones Unidas, aunque era el mismo Estado quien depositaba el dinero en las cuentas del PNUD para dichos pagos”.
Una fuente adicional de corrupción habría sido el narcotráfico, porque durante el período materia de investigación, el control de las zonas cocaleras pasó de la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas. Así, estas zonas fueron controladas por altos oficiales cercanos al entorno de Vladimiro Montesinos.
Los congresistas, redactores del informe, coinciden que“los delitos mayormente cometidos tenemos los de colusión, peculado, malversación, uso de información privilegiada, abuso de autoridad, incumplimiento de funciones y omisión de denuncia, sin que este conjunto constituya un “numerus clausus”.
Otro de los apartados investigados ha sido los relativos a los llamados “Decretos de Urgencia Secretos para la adquisición de armamento”. Un claro ejemplo del uso abusivo de los decretos de urgencia “es el caso del desvío de casi mil millones de dólares de los fondos de la privatización (lo cual implicaba malversación al tener dichos fondos fines específicos) hacia el sector Defensa para la adquisición de equipo bélico, el cual resultó deficiente y en ocasiones inservible ”.
Esta disposición de fondos se materializó a través de 22 decretos de urgencia secretos, vale decir, que no fueron publicados en el Diario Oficial El Peruano. De estos decretos de urgencia, sólo existe la autógrafa de tres, únicamente 6 contaron con la aprobación del Consejo de Ministros y de cuatro de ellos no existe siquiera copia. Esta derivación arbitraria de fondos facilitó que en torno de las aludidas adquisiciones de armamento se organizaran diversos intermediaros corruptos (Treves Inttora, Beltech Export y w21-Intertecnique) dándose cabida a la comisión reiterada de los delitos de colusión y peculado, entre otros, lo que se a corroborado con las millonarias cuentas bancarias detectadas a altos mandos militares.
La propaganda fujimorista dijo que con las privatizaciones iba aumentar los puestos de trabajo. Nada más alejado de la realidad. Ya en 1999, según la versión oficial, más de 120,000 trabajadores de las empresas públicas habían sido cesados. De ello, sólo el 36% (43,000 trabajadores) fue absorbido por los nuevos operadores privados.
En el apartado de Ingresos y Gastos de los Recursos obtenidos del Proceso de Privatizaciones, el informe del CIDEF señala que se han transferido mediante varias modalidades más de 228 empresas públicas al sector privado que han significado ingresos del orden de 49,221 millones, de los cuales sólo 46,993 han ingresado al Tesoro Público. Del total de ingresos al Tesoro Público se han gastado 44,363 en el período 1992-2000. Este gasto ha sido incluido en los presupuestos anuales sin tener en consideración que su origen era la venta de los activos del Estado Peruano.
La falta de transparencia en el uso de los recursos provenientes de la privatización se evidenció cuando, en octubre de 1999, se informaron hasta tres montos diferentes sobre los ingresos provenientes del proceso. Así, el Banco Central de Reserva, el Presidente de la República y el propio Ministro de Economía ofrecieron versiones distintas. Sin embargo, el Poder Ejecutivo se negó a brindar la información en el Congreso aduciendo que eran temas “secretos” que no se podían poner en conocimiento de la representación nacional, desconociendo que es el Congreso el encargado de ejercer la función del control político que incluye los actos de la administración y de las autoridades del Estado; así como la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos.
En el caso de la privatización de las líneas aéreas, Aeroperú fue vendida en subasta pública. Sólo en el saneamiento de las deudas, el Estado perdió su inversión de más de S/ 135 millones de soles, además de $ 25 millones de dólares en la flota de aeronaves y sus repuestos, y el 20% de acciones de la empresa que pertenecían al Estado luego de la privatización, valorizadas en $6´767,023. Por su parte, “más de dos mil trabajadores que dependían directamente de la empresa perdieron sus puestos de trabajo y las acciones de la empresa que les pertenecían (7,15%) valorizadas en $ 2’515,221. Lo más grave de todo, el Perú perdió su línea aérea de bandera y se debilitó seriamente su presencia en la actividad aerocomercial internacional”.
Funcionario pagado por el Banco Mundial para privatizar
Las personas que dirigieron este proceso fueron, entre otros, el Contralmirante AP (r) Dante Matellini Burga, presidente del Cepri, y Carlos Montoya Macedo, Director Ejecutivo de la COPRI, funcionario pagado por el Banco Mundial para dirigir las privatizaciones en el Perú .
Estos funcionarios se habrían aliado con los nuevos operadores privados: el Consorcio Aerovías de México para modificar ilegalmente las condiciones del Contrato de Venta después de realizada la subasta, para que el Estado asumiera cualquier obligación o contingencia que pudiera aparecer en los 5 años siguientes.
En la privatización de Electrolima, los trabajadores fueron los principales perjudicados. Desde que el proceso se inició hasta la fecha, (en los dos últimos años en menor intensidad) se ha producido una drástica reducción de personal, empleándose para ello modalidades como la masiva invitación al “retiro voluntario”, por el que se obligó a casi 2,000 trabajadores a renunciar utilizándose para ello diversas formas de coacción. Esta modalidad ha servido le sirve al empleador para “demostrar” que en cada empresa privatizada no se producen despidos, sino que los trabajadores se retiran “voluntariamente” a través de la presentación de su respectiva carta de renuncia. Se oculta la coacción efectiva que se cierne sobre los trabajadores para que tomen esta decisión: los trabajadores que no aceptaron retirarse “voluntariamente ”fueron luego incluidos en ceses colectivos autorizados por la Autoridad Administrativa de Trabajo, pero esta vez sin “incentivos” económico de ninguna clase. Entre 1994 y 2001 se despidieron en total 776 trabajadores.
En cuanto a la conducta de Telefónica del Perú se dice que esta aprovechó que los pagos por transferencia de tecnología y de gestión fueron reconocidos por el Estado para negociar convenios muy beneficiosos para ella. A través de esos pagos pudo esconder la altísima rentabilidad permitida por las tarifas. El Concepto de “Capacidad Técnica” ha sido interpretado a su favor para justificar el pago por la gestión de la empresa, lo que es cuestionable pues se estaría pagando dos veces por el mismo concepto. Además, “se ha constatado que el informe no demuestra la no onerosidad de tales pagos, y la información disponible es insuficiente para certificar objetivamente que esa condición es cumplida por Telefónica de España. Los pagos por transferencia de tecnología y gestión hasta el 2001 alcanzan a 730 millones de US $. De los cuales 130 millones son por transferencia tecnológica y 610 millones por gestión”.
El papel de Telefónica de España
“Telefónica de España –señala el informe del CIDEF- controló inicialmente la empresa con el 35% de las acciones y manejó complejos procesos de escisión y reposicionamiento. Por eso posee el 97% de las acciones y ha reducido los impuestos a la renta al 50% del promedio pagado entre 1994 y el 2,001. Los socios minoritarios han sido perjudicados por varias decisiones de la empresa, destaca el programa de compraventa de ADRs en Nueva York, que utilizó 523 millones de US $ de las utilidades acumuladas para reducir el capital social en un 10%”.
En las investigaciones practicadas, documentos y declaraciones de los implicados en los interrogatorios de la Comisión Investigadora, se reunieron indicios relevantes sobre la participación de Víctor Dionisio Joy Way Rojas, quien primero fue Socio Fundador del Consorcio Peruano Chino Médico Dental S.A., luego fundador y Presidente del Directorio de INTERTRADE PERU S.A. y agente de negocios para las empresas estatales de la República Popular China antes de asumir el cargo de Ministro de Industria (1991), quien, conjuntamente con ex Ministros, altos funcionarios y la participación directa del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, concertaron voluntades para delinquir en agravio del estado peruano.
“Medicamentos con fechas de expiración próximas e ingreso de productos que no contaban con el protocolo de análisis que los acreditaran como aptos para el consumo humano; tractores que, desde que llegaron a su destino, funcionaron por poco tiempo o nunca operaron por fallas frecuentes en el sistema hidráulico, problemas de potencia y cambio de dirección así como rotura frecuente de accesorios de acoplamiento de arado y rastra; cuantiosas importaciones de módulos para laboratorio y ciencia dirigidos al sector Educación, que nunca ingresaron físicamente a los almacenes; así como adquisiciones de armamentos, equipos y aeronaves al amparo de normas específicas, exprofesamente dictadas para materializar dichas compras”, son algunas de las particularidades que rodearon a todos los procesos de adquisición a las empresas estatales Chinas.
Sin embargo, siempre según el informe de CIDEF, emergen circunstancias comunes a las adquisiciones efectuadas: todas se hicieron hacia determinados proveedores vinculados a Víctor Joy Way Rojas, sus testaferros y socios, mediante procedimientos no planificados a las necesidades reales del sector público nacional, inobservancia de los procedimientos de adquisición, pago y almacenamiento de bienes del Estado, e inexistencia de un Plan de Adquisiciones debidamente programado y presupuestado.
En cuanto a los derechos humanos, “se produjo una práctica militarización de diversos aspectos de la vida social, como lo demuestran las disposiciones legales que obstaculizaron la investigación y sanción de casos de violación de los derechos humanos; las presiones ejercidas sobre los medios de comunicación que informaron sobre aspectos sensibles como la eventual vinculación de algunos mandos militares con el narcotráfico; las denuncias sobre la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en las campañas políticas reeleccionistas y el uso de equipos militares para la vigilancia y persecución de políticos y periodistas ”.
Con respecto a esto último, mientras se vigilaba y perseguía a opositores políticos tropas ecuatorianas se habían infiltrado en territorio peruano sin que el servicio de inteligencia las detectaran. Fue en función de las elecciones generales del 9 de abril de 1995, que se decidieron las operaciones para desocupar las tropas ecuatorianas.
La implicación de la familia de Fujimori
Alberto Fujimori tuvo su principal apoyo en miembros de su propia familia. Se trata de su hermana Rosa y su cuñado Víctor Aritomi, quienes fueron enviados como embajadores al Japón y a lo largo de los años habrían transportado dinero en pequeñas cantidades en sus viaje mensuales entre Tokio y Lima. Ellos inicialmente, en 1992, fueron denunciados por contrabando de ropa donada, revelando que en la familia del presidente convivían inicialmente dos orientaciones. Luego habrían sido reducidos los mejores elementos para dar rienda suelta a la corrupción. Un miembro importante de este segundo grupo es Augusto Miyagusuku, amigo cercano y vecino de los Fujimori, quien dirigió la Compañía de Seguros Popular y Porvenir, convertida casi desde el comienzo en una de las operaciones de corrupción más sonadas y vinculada al primer círculo del presidente.
El informe de CIDEF señala que durante el período del ingeniero Camet como Ministro de Economía, “tomó gran impulso un mecanismo de pago de remuneraciones para altos funcionarios públicos, que permitió salvar el escollo de los bajos salarios en el Estado peruano. Esto es, el establecimiento de un convenio con el PNUD para que maneje recursos del tesoro público pagando planillas de asesores”. Es decir, se echó al personal existente y se contrató personal nuevo de alto nivel con dinero del Tesoro Público pagado a través del PNUD.
Miembros de las ONG AKEN y APENKAI, entre los que se encontraban los hermanos del expresidente, también estuvieron vinculados al sistema de corrupción a través de empresas testaferras del núcleo liderado por Augusto Miyagusuku Miagui.
La corrupción pertenece a la misma esencia del régimen fujimorista. El informe lo deja claro: “ el proceso de corrupción responde a un patrón bien establecido históricamente: el dictador no distingue entre su patrimonio personal y el tesoro público, robando para disfrutar de lujos y además para financiar la conservación o eventual reconquista del poder en caso de perderlo. Los problemas comenzaron con la ropa usada, como denunció Susana Higuchi. Luego se formó una corriente de inmoralidades y se produjo un salto adelante durante el segundo gobierno, cuando la corrupción tomó tal nivel que cualquier gobierno siguiente la habría descubierto. Esa certeza fue un poderoso impulso para tratar de perpetuarse ”.
Durante el trabajo de la CIDEF –que se prolongó por espacio de diez meses- se desarrollaron 114 sesiones de trabajo, 87 de las cuales de carácter ordinario y 27 extraordinarias. Asimismo, se invitaron a 257 personas, cuyas declaraciones quedaron registradas en 366 horas y 35 minutos de grabación magnetofónica. La CIDEF contó con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo (GTZ).
