Criminalidad y galopante Corrupción con raíces profundas
por Guillermo Olivera Díaz*
1. En lenguaje formal, técnico o especializado del campo criminológico-jurídico penal (que modestamente cultivo: véase mi libro “Criminología Peruana”, Vol. I y II) no hay crímenes en el Perú. El fonema crimen no existe en la legislación. Únicamente hay delitos y faltas; por ende, sólo habría delincuencia a secas.
por Guillermo Olivera Díaz*
1. En lenguaje formal, técnico o especializado del campo criminológico-jurídico penal (que modestamente cultivo: véase mi libro “Criminología Peruana”, Vol. I y II) no hay crímenes en el Perú. El fonema crimen no existe en la legislación. Únicamente hay delitos y faltas; por ende, sólo habría delincuencia a secas.
Sin embargo, para medio entendernos, al conjunto imbricado, de naturaleza casi inextricable, de todos los delitos, incluidos en primerísimo lugar los de corrupción del poder político fujimorista, toledista y alanista y de todos sus funcionarios públicos, podemos llamarlo con cierta propiedad criminalidad o delincuencia.
Aquí están los de cohecho propio e impropio (la coima o prebenda, los identifica); la concusión (colusión desleal, imputada a Castañeda Lossio); los asesinatos, con autoría directa y mediata; el terrorismo, comprendido el estatal; el tráfico ilícito de drogas; los robos, apropiaciones ilícitas y estafas; las lesiones y abortos; no alimentar a los hijos (Toledo agraviando a Zaraí); el odioso prevaricato de jueces y fiscales de mala ley que llegan a la Suprema; la falsificación de documentos y las violaciones electorales y sexuales (contra el sufragio y la libertad sexual), entre otros. La relación es rayana con el infinito, agobiante y a la vez preocupante.
2. Trípode terminológico.- En otros países, sí están legislados los crímenes, los delitos y las faltas o contravenciones nimias, entre cuyos conceptos hay diferencias de grado. Allí, por lo tanto, la criminalidad y la delincuencia difieren en sentido técnico.
Esta tripartición del bloque hasta origina diferentes procesamientos. Empero, en esencia se trata de infracciones a las normas de toda índole que la ley penal protege; a los bienes jurídicos o intereses sociales, tan caros a una feliz convivencia humana.
3. Eclosión causal.- Criminológicamente hablando, no hay efecto sin causa. Esa criminalidad o delincuencia (en términos peruanos) y la frondosa corrupción (la delictiva y la que no lo es: ésta sería corrupción pura, pese a su impureza) obedece a una misma triple causalidad: bio-psico-social, siendo su prevalencia de orden invertido.
Las causas sociales o condiciones generales de vida, que radican fuera del individuo están primero; uno las encuentra al nacer, son como trajes hechos a los cuales nos piden amoldarnos. La etiología psicológica, que apunta a la estructura mental del sujeto, va segunda: aquí conviven el “ego colosal”, la soberbia, los malditos celos, la codicia del dinero, ansias de poder, los prejuicios e instintos, etc. Al final, como cabo cierra filas, está la causación biológica, somática o corporal. Aunque nada de esto funciona por su propia cuenta, por sí solo.
No queremos meternos en el escabroso tema terminológico de si son causas, factores, condiciones, circunstancias, motivos o móviles que gestan la conducta ilícita.
A nuestro juicio, se trata de una causalidad interrelacionada, interactuante e interdependiente en forma simultánea. Su real naturaleza es heterogénea. Lo que sí es visible e innegable que la inmensa delincuencia existe y agobia al cuerpo social, siendo el pobre el más victimizado por su ponzoña. El presente sistema económico, político-social lo hace añicos. ¿Cuáles son los grandes factores causantes o condicionantes de tamaña maldición criminal? Veamos uno de ellos.
4. Realidad criminal y corrupción acuciante.- La siempre recusable clase política, gobernante y mantenida por la tributación de los más en la historia del país, explica la tenebrosa génesis de esta eclosión criminal y galopante corrupción. Del ejercicio del poder de aquélla germinan, resplandecen, se expanden como el cáncer y la prensa nacional encubre y disimula, culpando a otros.
La ola presente nace por igual en el Poder Ejecutivo y sus ministros, Legislativo y su mayoría de congresistas, Judicial y sus miles de jueces venales y prevaricadores, logrando ramificarse en todos los organismos del Estado, como el Ministerio Público con fiscales de pésima estofa y el Jurado Nacional de Elecciones y sus jurados electorales especiales, hasta entronizarse en la sociedad entera, siempre en trance de periclitar por culpa de sus mentores con poder.
En lugar de blandir el arma homicida para asestar la puñalada; de acechar al modo montesinista para asesinar con impunidad temporal, ahora se valen de los “Decretos de Urgencia”, “Decretos Legislativos” y “Decretos Supremos”, los 3 de sinuoso origen palaciego. Se cocinan en Palacio de Gobierno y los ministros sólo firman, bajo “apercibimiento” silente de ser removidos; al suscribirlos evitan su remoción. El Derecho Constitucional brindó el medio para prostituir la norma.
Con los Decretos de “Urgencia”, por ejemplo, se esquilman fondos del fisco superiores a 511 millones de nuevos soles y se entregan a los Kouri para el “Mejoramiento” de la Avenida Néstor Gambeta del Callao que, a pesar de su urgencia, aún no comienza (la urgencia era de tener la plata en mano: Decreto de Urgencia N° 052-2009 de 25-04-2009); y con centenares de otros “decretos” que la candidata Mercedes Aráoz no supo ni pudo rechistar a Bipolar cuando estampaba su firma, pese a que eran para evadir controles para la inversión pública millonaria y favorecían la corrupción en grande. ¿Será el precio de su candidatura?. También Fujimori extraía millones de dólares del presupuesto nacional a través de estos ilícitos decretos.
Vía el Decreto Legislativo N.° 1097 también palaciego, se sacó la vuelta al Congreso y a su ley autoritativa N.° 29548 (03-07-2010) buscando cortar todo proceso penal que dure mucho tiempo, aunque los favorecidos sean culpables de innumerables crímenes de lesa humanidad. Quedó sin efecto este Decreto, pero el acto corrupto se consumó; iban a ser excarcelados un sinfín de alimañas, excediéndose del encargo congresal.
Empero, cuando una Sala Penal Superior: Ventura Cueva, Vigo Zevallos y Ramírez Descalzi aplica un precedente vinculante emanado del Tribunal Constitucional, relativo a la violación del plazo de razonabilidad de una investigación preliminar fiscal que sobrepasaba los dos años, se opta por quejar, denunciar, abrir proceso disciplinario y finalmente suspender en sus funciones a los 3 vocales que cumplieron el desiderátum constitucional, de aplicar las reglas vinculantes del tribunal, cuyos fallos obligan a todos los órganos del Estado. ¿Provino este clímax abusivo de Palacio, que incluya al eterno secretario personal Luis Nava Guibert, pues el entonces Ministro de Justicia García Toma fue insistente instrumento mediático de presión del quehacer judicial?.
Y cuando se está frente a tachas de candidatos a elecciones municipales, como Alex Kouri, propuestos por entes que no son partidos políticos, como “Cambio Radical”, que violan impúdicamente las leyes sobre democracia interna, validando acuerdos de un Comité Ejecutivo Nacional sin quórum, entonces, allí el Jurado Nacional de Elecciones a la Causa N.° 1365 la resuelve antes que la N.° 1225, para que llegado el momento asaz calculado pueda escudarse en el “Carece de Objeto” el pronunciamiento, porque el tachado ya lo fue en otra causa.
Con esta manoletina corrupta, superando al propio Manolete, se evita entrar en el examen de las violaciones que cometen los llamados partidos políticos cuando proponen a sus candidatos; se elude fiscalizar la legalidad del proceso electoral y de velar por el cumplimiento de las normas legales sobre organizaciones políticas; es decir, se estafa electoralmente al país, en connivencia con la prensa nacional encubridora, y se trasgrede la Constitución, las leyes y la moral, administrando “justicia electoral” en nombre de la Nación, a la cual en puridad se la agravia con vileza y con dolo doble.
5. Ejercicio del poder causante del desborde criminal.- Desde el poder político se orquesta otro tipo de criminalidad, de singulares roles y características, más sutilmente disimulada, que el grueso de la población no percibe, aunque igualmente perniciosa para el tejido social como las peores. El crimen ha tomado otras manifestaciones, ha sufrido una metamorfosis en beneficio de sus protagonistas que, al unísono, detentan el poder en lo económico, social y político. Seguimos percibiendo sus asechanzas con “c” y con “s”; las difundimos, con el objeto que el pueblo peruano tome conciencia y niegue su voto a sus opresores de antaño.
Cada uno de los conocidos actores de la enmohecida clase política, llámense Alan García y su candidata presidencial, Alejandro Toledo (que regala al extranjero el gas de Camisea y añade su frivolidad por el licor en Punta Sal), Keiko Sofía y su encarcelado padre por criminal y corrupto, Pedro Pablo Kuczynski (adicto a millonarias comisiones por prepago de la deuda externa del país) y Luis Castañeda Lossio (el veloz pagador de Comunicore con plata ajena), son causantes y culpables de esta lacerante desgracia nacional: delincuencia y corrupción.
Sin duda, son halcones de alto vuelo en el instituido Sistema Nacional de Corrupción que gesta la criminalidad que nos aqueja. No merecen hoy ser candidatos a nada, tampoco más tarde; más bien deben ser seriamente investigados y sancionados.
Aquí están los de cohecho propio e impropio (la coima o prebenda, los identifica); la concusión (colusión desleal, imputada a Castañeda Lossio); los asesinatos, con autoría directa y mediata; el terrorismo, comprendido el estatal; el tráfico ilícito de drogas; los robos, apropiaciones ilícitas y estafas; las lesiones y abortos; no alimentar a los hijos (Toledo agraviando a Zaraí); el odioso prevaricato de jueces y fiscales de mala ley que llegan a la Suprema; la falsificación de documentos y las violaciones electorales y sexuales (contra el sufragio y la libertad sexual), entre otros. La relación es rayana con el infinito, agobiante y a la vez preocupante.
2. Trípode terminológico.- En otros países, sí están legislados los crímenes, los delitos y las faltas o contravenciones nimias, entre cuyos conceptos hay diferencias de grado. Allí, por lo tanto, la criminalidad y la delincuencia difieren en sentido técnico.
Esta tripartición del bloque hasta origina diferentes procesamientos. Empero, en esencia se trata de infracciones a las normas de toda índole que la ley penal protege; a los bienes jurídicos o intereses sociales, tan caros a una feliz convivencia humana.
3. Eclosión causal.- Criminológicamente hablando, no hay efecto sin causa. Esa criminalidad o delincuencia (en términos peruanos) y la frondosa corrupción (la delictiva y la que no lo es: ésta sería corrupción pura, pese a su impureza) obedece a una misma triple causalidad: bio-psico-social, siendo su prevalencia de orden invertido.
Las causas sociales o condiciones generales de vida, que radican fuera del individuo están primero; uno las encuentra al nacer, son como trajes hechos a los cuales nos piden amoldarnos. La etiología psicológica, que apunta a la estructura mental del sujeto, va segunda: aquí conviven el “ego colosal”, la soberbia, los malditos celos, la codicia del dinero, ansias de poder, los prejuicios e instintos, etc. Al final, como cabo cierra filas, está la causación biológica, somática o corporal. Aunque nada de esto funciona por su propia cuenta, por sí solo.
No queremos meternos en el escabroso tema terminológico de si son causas, factores, condiciones, circunstancias, motivos o móviles que gestan la conducta ilícita.
A nuestro juicio, se trata de una causalidad interrelacionada, interactuante e interdependiente en forma simultánea. Su real naturaleza es heterogénea. Lo que sí es visible e innegable que la inmensa delincuencia existe y agobia al cuerpo social, siendo el pobre el más victimizado por su ponzoña. El presente sistema económico, político-social lo hace añicos. ¿Cuáles son los grandes factores causantes o condicionantes de tamaña maldición criminal? Veamos uno de ellos.
4. Realidad criminal y corrupción acuciante.- La siempre recusable clase política, gobernante y mantenida por la tributación de los más en la historia del país, explica la tenebrosa génesis de esta eclosión criminal y galopante corrupción. Del ejercicio del poder de aquélla germinan, resplandecen, se expanden como el cáncer y la prensa nacional encubre y disimula, culpando a otros.
La ola presente nace por igual en el Poder Ejecutivo y sus ministros, Legislativo y su mayoría de congresistas, Judicial y sus miles de jueces venales y prevaricadores, logrando ramificarse en todos los organismos del Estado, como el Ministerio Público con fiscales de pésima estofa y el Jurado Nacional de Elecciones y sus jurados electorales especiales, hasta entronizarse en la sociedad entera, siempre en trance de periclitar por culpa de sus mentores con poder.
En lugar de blandir el arma homicida para asestar la puñalada; de acechar al modo montesinista para asesinar con impunidad temporal, ahora se valen de los “Decretos de Urgencia”, “Decretos Legislativos” y “Decretos Supremos”, los 3 de sinuoso origen palaciego. Se cocinan en Palacio de Gobierno y los ministros sólo firman, bajo “apercibimiento” silente de ser removidos; al suscribirlos evitan su remoción. El Derecho Constitucional brindó el medio para prostituir la norma.
Con los Decretos de “Urgencia”, por ejemplo, se esquilman fondos del fisco superiores a 511 millones de nuevos soles y se entregan a los Kouri para el “Mejoramiento” de la Avenida Néstor Gambeta del Callao que, a pesar de su urgencia, aún no comienza (la urgencia era de tener la plata en mano: Decreto de Urgencia N° 052-2009 de 25-04-2009); y con centenares de otros “decretos” que la candidata Mercedes Aráoz no supo ni pudo rechistar a Bipolar cuando estampaba su firma, pese a que eran para evadir controles para la inversión pública millonaria y favorecían la corrupción en grande. ¿Será el precio de su candidatura?. También Fujimori extraía millones de dólares del presupuesto nacional a través de estos ilícitos decretos.
Vía el Decreto Legislativo N.° 1097 también palaciego, se sacó la vuelta al Congreso y a su ley autoritativa N.° 29548 (03-07-2010) buscando cortar todo proceso penal que dure mucho tiempo, aunque los favorecidos sean culpables de innumerables crímenes de lesa humanidad. Quedó sin efecto este Decreto, pero el acto corrupto se consumó; iban a ser excarcelados un sinfín de alimañas, excediéndose del encargo congresal.
Empero, cuando una Sala Penal Superior: Ventura Cueva, Vigo Zevallos y Ramírez Descalzi aplica un precedente vinculante emanado del Tribunal Constitucional, relativo a la violación del plazo de razonabilidad de una investigación preliminar fiscal que sobrepasaba los dos años, se opta por quejar, denunciar, abrir proceso disciplinario y finalmente suspender en sus funciones a los 3 vocales que cumplieron el desiderátum constitucional, de aplicar las reglas vinculantes del tribunal, cuyos fallos obligan a todos los órganos del Estado. ¿Provino este clímax abusivo de Palacio, que incluya al eterno secretario personal Luis Nava Guibert, pues el entonces Ministro de Justicia García Toma fue insistente instrumento mediático de presión del quehacer judicial?.
Y cuando se está frente a tachas de candidatos a elecciones municipales, como Alex Kouri, propuestos por entes que no son partidos políticos, como “Cambio Radical”, que violan impúdicamente las leyes sobre democracia interna, validando acuerdos de un Comité Ejecutivo Nacional sin quórum, entonces, allí el Jurado Nacional de Elecciones a la Causa N.° 1365 la resuelve antes que la N.° 1225, para que llegado el momento asaz calculado pueda escudarse en el “Carece de Objeto” el pronunciamiento, porque el tachado ya lo fue en otra causa.
Con esta manoletina corrupta, superando al propio Manolete, se evita entrar en el examen de las violaciones que cometen los llamados partidos políticos cuando proponen a sus candidatos; se elude fiscalizar la legalidad del proceso electoral y de velar por el cumplimiento de las normas legales sobre organizaciones políticas; es decir, se estafa electoralmente al país, en connivencia con la prensa nacional encubridora, y se trasgrede la Constitución, las leyes y la moral, administrando “justicia electoral” en nombre de la Nación, a la cual en puridad se la agravia con vileza y con dolo doble.
5. Ejercicio del poder causante del desborde criminal.- Desde el poder político se orquesta otro tipo de criminalidad, de singulares roles y características, más sutilmente disimulada, que el grueso de la población no percibe, aunque igualmente perniciosa para el tejido social como las peores. El crimen ha tomado otras manifestaciones, ha sufrido una metamorfosis en beneficio de sus protagonistas que, al unísono, detentan el poder en lo económico, social y político. Seguimos percibiendo sus asechanzas con “c” y con “s”; las difundimos, con el objeto que el pueblo peruano tome conciencia y niegue su voto a sus opresores de antaño.
Cada uno de los conocidos actores de la enmohecida clase política, llámense Alan García y su candidata presidencial, Alejandro Toledo (que regala al extranjero el gas de Camisea y añade su frivolidad por el licor en Punta Sal), Keiko Sofía y su encarcelado padre por criminal y corrupto, Pedro Pablo Kuczynski (adicto a millonarias comisiones por prepago de la deuda externa del país) y Luis Castañeda Lossio (el veloz pagador de Comunicore con plata ajena), son causantes y culpables de esta lacerante desgracia nacional: delincuencia y corrupción.
Sin duda, son halcones de alto vuelo en el instituido Sistema Nacional de Corrupción que gesta la criminalidad que nos aqueja. No merecen hoy ser candidatos a nada, tampoco más tarde; más bien deben ser seriamente investigados y sancionados.
* (Objeto de amenaza mortal e insultos desde Cel. 9-4265-6226)
http://www.voltairenet.org/article167977.html
