Sueldos PNUD 
Jans Erik Cavero Cárdenas*
Los sueldos PNUD que perciben profesionales de algunas administraciones públicas han sido desnaturalizados en su implementación y no han respondido a los objetivos que fundamentaron su creación en 1992. La problemática que subyace a la política remunerativa en el sector público sigue latente porque el Estado no cuenta con un auténtico “Sistema Único de Remuneraciones”. Ello explica la anarquía salarial que da cuenta de una brecha retributiva.
Jans Erik Cavero Cárdenas*
Los sueldos PNUD que perciben profesionales de algunas administraciones públicas han sido desnaturalizados en su implementación y no han respondido a los objetivos que fundamentaron su creación en 1992. La problemática que subyace a la política remunerativa en el sector público sigue latente porque el Estado no cuenta con un auténtico “Sistema Único de Remuneraciones”. Ello explica la anarquía salarial que da cuenta de una brecha retributiva.
Si consideramos que los servidores públicos están sujetos a 3 regímenes laborales distintos (DL 729, DL 276, CAS) la situación se complica, toda vez que los subsistemas que configuran el servicio civil tienen un comportamiento disímil dependiendo del régimen laboral al cual están adscritos. Así, por ejemplo, los beneficios sociales como los aguinaldos o la asignación familiar son ajenos a los servidores que tienen contrato CAS.
En general las remuneraciones que perciben muchas administraciones públicas, sobre todo las regionales y municipales, son ínfimas si las comparamos con aquellas que perciben los servidores del Parlamento, SBS, BCR, MEF, PCM, SERVIR, CONASEV, etc. Esta desigualdad salarial fue una de las razones para el establecimiento del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), cuya administración está a cargo del PNUD y que en coordinación con el MEF realiza los pagos a un número de profesionales supuestamente cualificados.
Pero, ¿por qué se ha desnaturalizado el FAG? Porque los titulares de pliego han dispuesto de la planilla dorada a favor de profesionales no competentes y asesores políticos ajenos a la gestión pública. No perdamos de vista que los destinatarios de sueldos PNUD deben ser funcionarios directivos que tienen como misión implementar políticas públicas y que conforman las gerencias de línea o direcciones sectoriales claves para el desarrollo del país.
Pagar sueldos PNUD a asesores políticos o a servidores ineficientes es un atentado al bolsillo de todos los peruanos, porque los recursos del FAG pertenecen al tesoro público y no provienen del PNUD o de agencia multilateral alguna. Es más, el programa PNUD cobra un porcentaje de 3.5% por administrar el fondo, sin embargo, la gestión del mismo ha sido deficiente y clientelar, razón por la que es necesario su reformulación.
El Presidente Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, no puede ni debe autorizar sueldos PNUD para retribuir a sus asesores políticos. Sería infausto que profesionales capacitados sean ignorados, y que los 60 u 80 mil soles mensuales que va a manejar el gobierno regional lleguen a manos de personajes que no gestionan la cosa pública, que carecen de decisión gubernamental, y que no tienen responsabilidad administrativa.
En Ayacucho los sueldos PNUD deberían destinarse, prioritariamente, a los gerentes de línea, y con mayor razón a los directivos que gestionan el desarrollo social en una de las regiones más pobres del Perú. Ha transcurrido 30 días de nuevo gobierno y es inconcebible que no se haya designado a un subgerente de sectores sociales, o que la subgerencia de desarrollo humano esté prevista en el CAP pero no presupuestada. La situación se agrava por la incompetencia de Héctor Chávez Chuchón al frente de la Gerencia de Desarrollo Social y por la desarticulación funcional de las 4 direcciones que dependen orgánicamente de la mencionada gerencia.
El sector público en el país, al igual que la política, es ingrata y poco atractiva para profesionales competentes. La ausencia de un nuevo marco normativo que regule el servicio civil impide la instauración de una auténtica carrera administrativa que contribuya a modernizar las administraciones públicas. Si bien el funcionario no debe sentirse propietario del cargo, es necesario dotarle de estabilidad e incentivos que promuevan su ascenso y capacitación permanente, amén de una retribución que cubra la canasta básica familiar.
Si la oferta salarial en el sector público es poco competitiva, hay que incrementarla. El FAG debe retomar su objetivo central para retribuir a una burocracia directiva altamente profesionalizada, caso contrario debe liquidarse, para dar paso a un nuevo modelo compensatorio que funcione como estímulo a directivos que formulen, implementen y evalúen políticas públicas.
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