Anticorrupción
Por Carlos Ferrero
En encuestas recientes, el 70% de la gente expresa su molestia porque últimamente la corrupción ha crecido. Pero esta preocupación se relativiza cuando, en esas mismas encuestas, la mitad de los consultados piensa que no importa que las autoridades roben….”si hacen obra”.
Por Carlos Ferrero
En encuestas recientes, el 70% de la gente expresa su molestia porque últimamente la corrupción ha crecido. Pero esta preocupación se relativiza cuando, en esas mismas encuestas, la mitad de los consultados piensa que no importa que las autoridades roben….”si hacen obra”.
Enfrentar esta penosa resignación requiere intensa educación en valores y mucho mayor conciencia de los deberes ciudadanos, pero eso lleva años, quizás generaciones enteras.
Mientras tanto, la sociedad debe defenderse con lo que tiene disponible. En ese sentido, hay muchas medidas que ayudarían a combatir la corrupción y que han sido propuestas por distintas persona o entidades: que se implemente ya en todo el país el nuevo Código Procesal Penal; que no prescriban los delitos de robo contra el Estado; que las cuentas bancarias de los funcionarios públicos no sean secretas; que las compras y licitaciones sean públicas en todo el proceso; que las bases de los concursos tengan amplitud suficiente como para no estar dirigidas a un postor predeterminado; que haya una entidad destinada solamente a descubrir signos exteriores de riqueza no compatibles con los ingresos; que se le otorgue mayores facultades de fiscalización a la Contraloría, por ejemplo restablecer la obligación de tener oficina de control interno para todas las entidades del sector público, precaución necesarísima que dejo sin efecto el Decreto de urgencia 067-2009, o aprobar el proyecto de ley 3976 que la faculta para intervenir en los convenios con entidades internacionales; devolver su autonomía a la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora sometida a la Superintendencia de Banca y Seguros; que exista rotación obligatoria de todos los que manejan dinero público; que cualquiera que reciba dinero del estado incluidos los asesores no puedan contratar con él; que la simplificación administrativa verdaderamente evite el exceso de control que impulsa la coima; que el castigo a policías, jueces y fiscales sea realmente ejemplificador y no decidido por ellos mismos, lo que supondría una reforma total de la Oficina de Control de la Magistratura y del Consejo Nacional que la nombra o ratifica; que haya leyes de protección para los denunciantes; que se mejoren las normas contra el nepotismo, el compadrazgo y el copamiento partidario, etc, etc.
Lo que más se requiere entonces es: liderazgos políticos ejemplares, más transparencia en la actuación del Estado y sus organismos regionales o locales, así como una institucionalidad donde el respeto por la ley se convierta en una convicción de sentido común que oriente la actuación diaria del ciudadano, es decir, un cambio fundamental en la mentalidad de nuestros compatriotas, sin impunidad ni privilegios.
Pero desde otra perspectiva más realista no faltan quienes sostienen que mientras existan paraísos financieros y cuentas secretas en el extranjero, donde los grandes ladrones peruanos escondan su dinero, no habrá forma de evitar que sigan robando. ¿O no?
Publicado en Hildebrandt en sus trece N.º 42, 11 de Febrero 2011, pág3.
Mientras tanto, la sociedad debe defenderse con lo que tiene disponible. En ese sentido, hay muchas medidas que ayudarían a combatir la corrupción y que han sido propuestas por distintas persona o entidades: que se implemente ya en todo el país el nuevo Código Procesal Penal; que no prescriban los delitos de robo contra el Estado; que las cuentas bancarias de los funcionarios públicos no sean secretas; que las compras y licitaciones sean públicas en todo el proceso; que las bases de los concursos tengan amplitud suficiente como para no estar dirigidas a un postor predeterminado; que haya una entidad destinada solamente a descubrir signos exteriores de riqueza no compatibles con los ingresos; que se le otorgue mayores facultades de fiscalización a la Contraloría, por ejemplo restablecer la obligación de tener oficina de control interno para todas las entidades del sector público, precaución necesarísima que dejo sin efecto el Decreto de urgencia 067-2009, o aprobar el proyecto de ley 3976 que la faculta para intervenir en los convenios con entidades internacionales; devolver su autonomía a la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora sometida a la Superintendencia de Banca y Seguros; que exista rotación obligatoria de todos los que manejan dinero público; que cualquiera que reciba dinero del estado incluidos los asesores no puedan contratar con él; que la simplificación administrativa verdaderamente evite el exceso de control que impulsa la coima; que el castigo a policías, jueces y fiscales sea realmente ejemplificador y no decidido por ellos mismos, lo que supondría una reforma total de la Oficina de Control de la Magistratura y del Consejo Nacional que la nombra o ratifica; que haya leyes de protección para los denunciantes; que se mejoren las normas contra el nepotismo, el compadrazgo y el copamiento partidario, etc, etc.
Lo que más se requiere entonces es: liderazgos políticos ejemplares, más transparencia en la actuación del Estado y sus organismos regionales o locales, así como una institucionalidad donde el respeto por la ley se convierta en una convicción de sentido común que oriente la actuación diaria del ciudadano, es decir, un cambio fundamental en la mentalidad de nuestros compatriotas, sin impunidad ni privilegios.
Pero desde otra perspectiva más realista no faltan quienes sostienen que mientras existan paraísos financieros y cuentas secretas en el extranjero, donde los grandes ladrones peruanos escondan su dinero, no habrá forma de evitar que sigan robando. ¿O no?
Publicado en Hildebrandt en sus trece N.º 42, 11 de Febrero 2011, pág3.
