Por: Jorge Galindo
Muchos accionistas de Andahuasi se sorprendieron con las revelaciones del artículo “Andahuasi Episodio I”, que describe cómo el Grupo Wong desarrolló su estrategia, carente de ética, principios y valores, para lograr una significativa participación en el accionariado de la Azucarera Andahuasi. Pero el conglomerado Wong no fue el único que incurrió en barbaridades empresariales: el Grupo Bustamante no era precisamente una compañía de angelitos de la guarda interesados en salvar a Andahuasi. Su estrategia fue tanto o más mortífera y destructiva que la del Grupo Wong. Las líneas que siguen dan cuenta de cómo se maquinó su entrada en Andahuasi.
En el año 2007 empezaron a aparecer lo que Núñez Cámara denominaba “terceros”, quienes compraron acciones de Andahuasi en la Bolsa de Valores; pero ¿quiénes eran estos terceros? Ducktown Holdings S.A., empresa afincada en Panamá según ficha 426518 del Registro Mercantil de ese país y que adquirió acciones (32’161.601) de la azucarera de forma sistemática y muy calculada. ¿Y quién coordinó las actividades de este holding? Nada menos que Elsa María Paola Bustamante Letts, hija de Manuel Bustamante Olivares y hermana de Manuel Bustamante Letts (director gerente de Investa SAB), y María Beatrice Dellepiane y Costa Laurent. ¿Cuál es la procedencia de estos millones de dólares? La SUNAT desconoce estos movimientos, y la ex CONASEV no se dio por enterada jamás.
Otro de los “terceros” fue Carlos Dellepiane y Costa Laurent, fallecido en junio del 2009 en un accidente en México y hermano de María Beatrice Dellepiane y Costa Laurent. Carlos Dellepiane había adquirido 9,3 millones de acciones. Finalmente, Claudia Romero Briceño de Bustamante, esposa de Manuel Bustamante Letts, quien compró 1,8 millones de acciones de Andahuasi desde el 2007.
Para los andahuasinos está ahora muy claro que Núñez Cámara se había dedicado a lucrar con Andahuasi para beneficio propio, en lugar de hacer lo más razonable para proteger a la empresa: ponerla en valor mediante una valorización técnica según las normas del Mercado de Valores. Esto hubiera llevado a Andahuasi a su valor más real, que bordea los 200 millones de dólares y que representaba en esa época un precio por acción de S/.2,50 y no el mísero S/.1,00 al que Núñez quiso regalar las acciones a los Wong, o al S/.1,20 que regateó Manuel Bustamante Letts la mañana del 22 de mayo del 2009 en la Bolsa de Valores.
Pero ésta es la parte conocida aún sin resolver por la ex CONASEV, porque no obstante los tres años transcurridos, los funcionarios no logran aún concluir el proceso administrativo sancionador contra Investa SAB. La parte desconocida es cómo Manuel Bustamante Olivares se burló del Poder Judicial y litigó por medio de sus empleados en cuanto Juzgado pudo; además, declaró a los medios y se zurró en la inteligencia de los magistrados. Lo que sigue puede parecer increíble, pero sucedió tal cual lo narramos.
La historia suena a burla. El 12 de mayo del 2009, Manuel Bustamante Letts (perfil muy bajo) conoció que Erasmo y Efraín Wong habían dispuesto la compra (30% del accionariado, sin OPA) de 69 millones de acciones de la subsidiaria Industrial Andahuasi a través del Banco Interamericano de Finanzas (BIF). Mediante un contrato privado, los Wong ya habían instruido a Scotia SAB para que presente la operación en una supuesta “Rueda de Bolsa”, pero se olvidaron de un detalle: 20,3 millones de acciones no estaban en manos de Scotia SAB, sino en custodia en la Sociedad Agente de Bolsa Investa.
Así, Carlos Rivas Urteaga fue enviado el 13 de mayo a Investa SAB a pedir que las acciones en custodia pasaran en la misma calidad a Scotia SAB, pero se estrelló de narices contra las puertas de Investa, porque allí le dijeron que volviera al día siguiente (14/5/2009). En esa segunda oportunidad Rivas Urteaga asistió con la notaria pública Carola Cecilia Hidalgo Morán, para constatar que no le entregaban los documentos que permitirían la transferencia de custodia, y así se perdió la oportunidad de completar los 69 millones de acciones que habían acordado negociar Núñez Cámara y los hermanos Wong con el BIF.
Es de suponer que los Wong hayan gritado su cólera a los cuatro vientos, pero el Grupo Bustamante, ni corto ni perezoso, inventó una convocatoria a Junta General Extraordinaria de accionistas en Industrial Andahuasi SAC (la subsidiaria) para el día 16 de mayo, lo que resultaba legalmente imposible. Explicamos por qué.
El artículo 116.° de la Ley General de Sociedades establece que tiene que haber un plazo previo no menor de tres días para convocar una Junta Extraordinaria; así, la Junta del día 16 se debió haber convocado por esquela, cuando menos, el 12 de mayo; y era el Presidente del Directorio quien debía convocarla. Pero como éste era Núñez Cámara, no había forma de hacerlo.
Nadie se había percatado de que el nuevo Directorio de Agraria Andahuasi se había instalado apenas el 13 de mayo por la noche, lo que se hizo ante el notario público Fernando Loayza Bellido, de modo que solo en ese directorio se acordaba encargar al nuevo gerente general, Greco Quiroz Díaz, y al director ejecutivo, David Jiménez Sardón, representar a Agraria ante la Industrial y solicitar la convocatoria a una Junta General Extraordinaria para ver el caso de las acciones de Industrial Andahuasi. De todo lo cual se colige que nunca se dieron los tres días de anticipación. Para rematar la mala jugada de los Bustamante, Greco Quiroz Díaz consignó este acto como “Hechos de Importancia” (léase documento público) y lo comunicó a la entonces CONASEV el 14 de mayo.
Lo sorprendente, y lo que pone en evidencia al ente regulador (CONASEV) como uno de los más ineptos (o encubridores), es que no investigó el hecho de que Greco Quiroz Díaz fue el 22 de mayo a una sesión de Directorio en Agraria Andahuasi para manifestar que había estado presente en “la Junta de Accionistas del 16 de mayo” de Industrial Andahuasi SAC y había participado en representación de Agraria Andahuasi. Allí se habían adoptado acuerdos de venta de acciones de Industrial Andahuasi (20,3 millones) que los Wong no pudieron capturar, y se había nombrado como directores a Hernán Garrido Lecca Montañez, Alberto Farfán Castro, Carlos Herbozo Pérez Costa. Toda esta farsa había contado con la anuencia de David Jiménez Sardón, que figura como asistente a “la Junta de Accionistas del 16 de mayo”.
El primer objetivo (¿botín?) consistía justamente en capturar las 20,3 millones de acciones de la subsidiaria que aún quedaban. Con tal propósito, los asistentes a la sesión de Directorio de Agraria del 22 de mayo (Bustamante Olivares, Jiménez Sardón, Quiroz Díaz y Zamora Reátegui) convencieron a Wilder Ruiz de que había que salvar las acciones de la subsidiaria y financiar a Andahuasi; y se ratificó en actas lo expresado por Greco Quiroz sobre el acuerdo de venta de acciones, como consta en un video de la sesión. Luego, Bustamante Olivares lanzó un memorable discurso de compromiso con Andahuasi y de respeto a la estabilidad laboral, etcétera, etcétera, etcétera.
Entre los días 23 y 25 de mayo, los accionistas de Andahuasi acudieron con Wilder Ruiz Loayza ante la presidenta de la CONASEV, Nahil Hirsch, y le expusieron el engaño; coincidentemente, el 25 de mayo el entonces designado representante bursátil, abogado del estudio Llona Bustamante y director suplente de Andahuasi, David Zamora Reátegui, comunicó como hecho de importancia a la CONASEV que se había acordado la venta de un paquete de acciones de la subsidiaria Industrial Andahuasi. La CONASEV reaccionó en forma inmediata y le pidió a David Zamora que presentara la copia del acta de la Junta de Accionistas del 16 de mayo. Dado el incumplimiento de Zamora, CONASEV emitió la resolución 126-2009-EF/94.01.3, que bloqueaba (afectación contable) los 20,3 millones de acciones de propiedad de la subsidiaria que el Grupo Bustamante iba a capturar.
El conglomerado Wong no fue el único que incurrió en barbaridades empresariales: el Grupo Bustamante no era precisamente una compañía de angelitos de la guarda interesados en salvar a Andahuasi. Su estrategia fue tanto o más mortífera y destructiva que la del Grupo Wong.
Inexplicablemente, Greco Quiroz Díaz, abogado, ex secretario del Sindicato de Trabajadores de la Azucarera Casa Grande, dio un giro espectacular en su posición y abandonó al Grupo Bustamante. Quiroz argumentó ante Wilder Ruiz Loayza que el Grupo Wong era la mejor alternativa de alianza y elaboró un documento de entrega de la administración de Andahuasi a los Wong (ilegal, por cierto), y solicitó a Wilder Ruiz que lo firmara para entregarlo a los Wong. La decisión de entrega duró pocas horas, porque el Comité de Damas de Andahuasi, palo en mano, expulsó a los 50 vigilantes que había llevado Luis Sin Fon, y por la noche los accionistas habían recuperado Andahuasi y expulsado de mala manera a Greco Quiroz (el abogado de los trabajadores).
Fortalecido el Grupo Bustamante con esta recuperación, decidió dar el tiro de gracia: David Jiménez Sardón recopiló actas de varios sitios y armó un mamotreto de poderes y autorizaciones que demostraban su designación como representante legal de Industrial Andahuasi SAC. Más tarde, el día 11 de junio del 2009, acudió a la Notaría Ricardo Fernandini Barreda [2], en San Isidro (a dos cuadras de Investa), y pidió que se emitiera un “Testimonio de aceptación de mandato” por el cual “aceptó” el acuerdo de la simulada Junta de Accionistas del 16 de mayo.
Con este testimonio David Jiménez se pasea por la Corte Superior de Huaura y por los pasillos de la Corte Suprema de la República, fungiendo como representante legal de la Industrial y hasta denunciando a medio mundo en Andahuasi, cuando lo real es que ha insertado un acto falso en un instrumento público, con lo que ha engañado al Ministerio Público y al Poder Judicial por tres años. Para decirlo en crudo: “ha trapeado a la justicia peruana”.
En paralelo, el Grupo Bustamante utilizó a su “operador bursátil”, Manuel Bustamante Letts, hijo de Manuel Bustamante Olivares y gerente general de Investa SAB, para consolidar su estafa mediante la modalidad de manipulación de precios de millones de acciones de Andahuasi. De este modo, el 22 de mayo hizo bajar su precio de S/.1,23 a S/.1,20, lo que fue detectado por la CONASEV, como ha quedado registrado en su resolución 156-2009-EF/94.01.3, página 9, numeral 36.
Resulta extraño —y raya en la complicidad o el encubrimiento— que, transcurridos tres años, el ente regulador de valores en el Perú no haya culminado el proceso administrativo sancionador iniciado contra Investa SAB sobre esta estafa con manipulación de precios, que atenta contra el artículo 12.°, incisos a y b, de la Ley del Mercado de Valores en el Perú, vigente en el 2009.
En el periodo junio-diciembre del 2009, los accionistas de Andahuasi creyeron ciegamente en el Grupo Bustamante, se entregaron por completo y le dejaron la parte legal a su cargo. En otras palabras, le pidieron al ratón que les cuidara el queso, porque la parte legal era la clave del caso. Se tenían que haber iniciado todos los procesos legales para declarar la nulidad de las compras masivas y fraudulentas de acciones, para denunciar el uso indebido de información privilegiada, la falsificación de documentos, la simulación de actas y hasta la asociación ilícita para delinquir, amén de la defraudación tributaria. Nada de esto se hizo, simplemente porque no le convenía al Grupo Bustamante. Y los accionistas cayeron en la trampa.
El matrimonio del Grupo Bustamante culmina con una ruptura drástica en diciembre del 2009, cuando personal de Planinvest (empresa vinculada al Grupo) informa confidencialmente, a los accionistas de Andahuasi, de un plan para tomar la fábrica usando a delincuentes salidos del penal de Aucallama. El operador del plan era el teniente coronel (r) EP Eduardo Tassara Alva, ex jefe de Seguridad en Azucarera San Jacinto (audio aquí).
Más extraño y grave es que la forma como se produjo la violación de la Ley del Mercado de Valores en el Perú —mediante actos ilícitos como el uso indebido de información privilegiada, la estafa, el engaño a la fe pública, la falsificación de documentos y el fraude en la administración de personas jurídicas— sea enfocada como un acto administrativo sujeto a corrección vía OPA complementaria.
La gran pregunta es: ¿Por qué Greco Quiroz Díaz, abogado de profesión y experto en el tema azucarero, no advirtió a los accionistas que conformaban el sindicato de Andahuasi y que lo habían contratado de que se requería una OPA, independientemente de cualquier alianza con uno u otro grupo? Con esa OPA hubieran ganado mucho dinero, y todo hubiera sido legal.
¿Qué respondería Manuel Bustamante Letts, directivo de la Bolsa de Valores y de CAVALI, prestigioso ejecutivo, bachiller en Derecho por la Universidad de Lima, sobre las compras de acciones de Andahuasi que hizo su padre, Manuel Bustamante Olivares, al margen de principios éticos de negocios? Y ¿qué decir sobre los 1,8 millones de acciones que adquirió su esposa?
¿Qué dirían los funcionarios de la ex CONASEV sobre esto? ¿Que era mejor mantener el proceso administrativo sancionador hasta que prescribiera? ¿No sabía la CONASEV que la esposa de Manuel Bustamante Letts era Claudia Romero Briceño? ¿Por qué lo ocultó en su resolución 156-2009-EF/94.01.3?
Hay más preguntas: ¿Qué dirán ahora el doctor César San Martín Castro y los vocales de las salas de la Corte Suprema que ven los casos en los que Industrial Andahuasi SAC, representada por David Jiménez Sardón y Carlos Herbozo Pérez Costa, los han hecho trabajar horas y horas, cuando estas dos personas falsearon un mandato para tener representatividad y se burlaron del Poder Judicial en el Perú?
