OtraMirada
Como ocurre en otros sectores sociales, la huelga actual de maestros da continuidad al impulso movilizador que el mismo Ollanta Humala lideró contra el viejo orden oligárquico. La victoria de esa suerte de unidad de fuerzas que lo llevó a la presidencia fortaleció también el ánimo del magisterio que venía humillado por evaluaciones impertinentes y la ausencia de mejora salarial para la mayoría desde el año 2005. A casi un año de ese triunfo, los maestros también expresan su crítica por la indefinición en los cambios fundamentales que se esperaban. Se equivoca el gobierno si se consuela con el hecho de que la mayoría no se sume a la huelga. Los que no lo hacen expresan ese mismo malestar y desconcierto en las escuelas frente a la tarea nacional de lograr mejores aprendizajes por parte de los estudiantes.
Su primera y más grave falla en este sector ha sido mantener vigentes las dos leyes que rigen el destino profesional de medio millón de maestros. La ley del profesorado, no para reconocer los derechos docentes allí establecidos, sino para que autoridades subalternas apliquen las sanciones que contempla. Si bien es cierto no se han aplicado las cuestionadas evaluaciones previstas por la nueva Ley de Carrera Pública, tampoco se ha realizado la auditoría de esos procesos ni el estudio de los resultados de los ascensos e incrementos salariales de esa ley en mejoras, estancamiento o retroceso en los aprendizajes. Por eso, ante la ausencia de liderazgo político del Gobierno, lo han asumido nuevamente las antiguas corrientes políticas que, a pesar de su enfrentamiento verbal, coinciden tanto en apoyar los justos reclamos económicos como en no liderar en las escuelas los cambios pedagógicos, curriculares y de gestión tan postergados.
Unir tres destinos: de los estudiantes, de los maestros y del país
La coyuntura de esta huelga ofrece al Gobierno y al país la ocasión de unir los destinos de los tres principales actores educativos alrededor del objetivo de lograr aprendizajes. Los estudiantes y sus familias florecerán si logran aprendizajes productores de maravillas. Los maestros conseguirán que se reconozca su dignidad profesional y mejores salarios si logran que al ser evaluados el Gobierno tenga en cuenta los avances de aprendizaje de sus estudiantes. Y el país podrá salir de su condición de recolector de materias primas si sus nuevas generaciones aprenden a transformarlas en maravillas que el mundo aprecia y demanda.
Ha hecho bien la Ministra en lanzar la campaña por mejorar los aprendizajes, pero hace mal en demorar tanto en ocuparse de que la suerte de los maestros que son quienes pueden lograrlo si se gana su voluntad. Ellos son, finalmente, quienes trabajan con los niños y los jóvenes. La huelga de una parte de ellos puede ser ocasión para empezar a concertar cambios en las normas legales que unifiquen en miras a alcanzar la meta de lograr aprendizajes que mejoren el destino de estudiantes y sus familias, de los maestros y del país.
La ley del profesorado estableció la evaluación del desempeño para el ascenso y el incremento del salario y, aunque omitió el derecho de los estudiantes a avanzar en sus aprendizajes, dejó abierta la puerta para que al evaluar el desempeño del docente se incorpore este factor. La ley de Carrera Pública lo recoge, pero no para el ascenso ni la mejora salarial, sino para amenazar a los docentes con el despido. Esta es la ocasión para construir consenso alrededor de una norma que recupere la dignidad del docente, incorporando ese aspecto en la evaluación de su desempeño para el ascenso y mejora salarial. Así, se daría inicio a una nueva gestión estatal de la educación y de sus maestros.
¿Aprovechará el Gobierno la ocasión para iniciar el largo y arduo trabajo de concertación con un sector profesional clave para transformar nuestro país? O, como en Cajamarca, se seguirá negando a concertar con los dirigentes de la huelga, aunque sea parcial. Allá está en juego el destino productivo del país. En la educación, con mayor razón. Por lo demás, en la coyuntura, este conflicto suma un vidrioso potencial que puede complicar aún más la gobernabilidad del país.
