por Alfredo Palacios Dongo
Los pasados días 9 y 10, el primer ministro Óscar Valdés y 5 ministros visitaron Puno para verificar la contaminación de la cuenca del río Ramis. Lo que encontraron era más que evidente, una grave contaminación histórica producida desde hace más de 20 años por relaves mineros –más de 500– y minería ilegal –unos 30 mil operan en Pampa Blanca, Vizcachani, Chaquiminas y Ananea, en el distrito de Ananea (San Antonio de Putina)–, contaminando sus afluentes con metales pesados (arsénico, plomo, manganeso) y sustancias tóxicas (mercurio, cianuro) afectando el agua para los pobladores, la agricultura y ganadería.
Esta cuenca atraviesa, en su trayectoria hasta la desembocadura del Lago Titicaca, las provincias de Melgar, Azángaro, y parte de las provincias de Sandia, Lampa, Huancané, Carabaya, San Román, y San Antonio de Putina.
Desde el año 2000, autoridades, dirigentes y pobladores de la zona han exigido la eliminación de los relaves mineros, el cierre de los centros mineros de Ananea, la descontaminación de la cuenca, y su declaración de emergencia. A partir del 2005 autoridades y delegaciones de regantes de la zona han viajado varias veces a Lima y se han levantado más de 20 actas con el gobierno para evaluar los daños; en octubre de 2006 fue nombrada una comisión multisectorial con plazo perentorio de 60 días para proponer soluciones; en octubre de 2007 la cuenca fue declarada en emergencia pero sin asignársele presupuesto, y en enero de 2008 se amplió la declaratoria por 90 días más; en junio de 2011, debido a que manifestantes que pedían su descontaminación tomaron el aeropuerto de Juliaca, resultando 5 personas muertas, se promulgó el Decreto de Urgencia 028 que declara de necesidad pública e interés nacional su recuperación ambiental.
Bajo este panorama, en las últimas décadas no se ha revertido la gran contaminación de esta cuenca y los pobladores reiteran la incomprensión del gobierno y las autoridades, lo cual puede desembocar en otro grave conflicto social. El primer ministro, después de esta inspección ha manifestado que se realizarán nuevas operaciones de interdicción contra la minería ilegal –ya dispuestas con DL 1099 del 12 de febrero– y acciones de formalización, pero también ha justificado “que el gobierno no se va a comprometer a lo que no puede hacer”, y no ha detallado las medidas a tomar ni el presupuesto a asignarse para ejecutar las tareas de recuperación de esta importante cuenca.
