José Suárez Danós
Juan Jiménez Mayor es el controversial primer ministro del presidente Ollanta Humala que haría del Perú el primer país del Continente en penar el pensamiento y opinión libres.
El ministro ha propuesto una infeliz “Ley de Negacionismo” que sancione penalmente a todo ciudadano peruano que niegue que las agrupaciones “Sendero Luminoso” (“SL”) y “Movimiento Revolucionario Tupac Amaru” (“MRTA”) llevaron a cabo actos de terrorismo (1).
Tuvo además el desliz de incluir en ese absurdo el término “subversión” cual sinónimo de “terrorismo”, hecho que, sin ser negativo en sí, obligaría sin embargo a que el alcance de “la ley” englobe a extranjeros, como veremos adelante.
La controversia, además, ya comenzó cuando obvió proponer para la misma “ley” los actos de terrorismo llevados a cabo por gobiernos del Perú desde 1980, estableciendo con ello la dicotomía “terrorismo malo” y “terrorismo bueno”.
Todas esas ligerezas hacen presumir que en realidad lo que en el fondo pretende “la ley” es estigmatizar a todas las corrientes políticas progresistas sometiéndolas al escrutinio de una “santa inquisición” del terrorismo.
El dislate que Jiménez pretende “legislar” obliga a conocer que el negacionismo es una corriente filosófica, como tantas existentes dentro del ámbito del libre pensamiento.
En su definición más elemental “es la distorsión ilegítima del registro histórico, de tal manera que ciertos eventos aparezcan de forma más favorable o desfavorable”.
Deborah Lipstadt dice del negacionismo que “no es necesario perder el tiempo o el esfuerzo en responder a las alegaciones de los negacionistas; sería un nunca acabar de responder a los argumentos planteados por los que libremente falsifican los resultados”.
Pero en el país existen innumerables ejemplos de negacionismo desarrollados no sólo por personas o grupos de ciudadanos, sino principalmente por gobiernos de la nación.
Y en ellos los casos específicos de “la subversión” y “el terrorismo” a partir de 1980 merecen una mención especial.
Un peruano cualquiera tendría que estar fuera de juicio para negar los actos de terror desarrollados en el Perú por “SL”, el “MRTA” y el Estado también.
Pero más aún lo debe estar, si es que considera como inconexas su gran logística y su acción de terror a nivel nacional, con la nada oculta subversión foránea que apoya éstas.
Prueba de ello sería lo afirmado por el investigador ruso Daniel Estulin, que en el atentado terrorista de Tarata (Miraflores, Lima, Perú, 1992), la DEA proporcionó una bomba de uranio empobrecido que permitió que la explosión fuera de esa magnitud (2).
El negacionismo en el Perú sobre subversión y terrorismo es en gran parte obra de los tratadistas llamados “senderólogos” y de los medios de comunicación social.
Estos centraron esfuerzos sólo en describir con morbo “el terrorismo”, desdeñando ahondar en “la subversión” que fomentaba esos actos.
Uno de los pocos en profundizar este aspecto fue el sociólogo peruano Washington Huaracha Apaza (Andreo Matías), con su estudio “CIA, Sendero Luminoso, Guerra Política”, publicado en 1986 en Lima (3).
Y comprender la subversión y el terrorismo en el Perú implica remontarse a la “etapa macartista” de la política de los EE. UU. encaminada a perseguir todo aquello que estuviese relacionado con el comunismo y socialismo, o con la extinta URSS y China.
Uno de los métodos utilizados por los EE. UU. para tal fin fue la agresión subversiva con movimientos de “falsa bandera” denominados “comunistas” —“leninistas” o “maoístas”— para desarrollar guerras políticas sanguinarias que crearan el repudio ciudadano en el mundo contra la doctrina marxista.
Inteligencia peruana encargada de seguir de cerca las acciones de la CIA alertaba ya en 1977 sobre una “guerra de baja intensidad” que ésta alistaba contra el país por su identificación con el socialismo del ex presidente Juan Velasco Alvarado (1968-1975).
“SL” y el “MRTA” sólo habrían sido el logro a tales esfuerzos, así se insista en entrever sus supuestos orígenes “nacionales”.
“Sendero Luminoso v.1.0” (1980-1994) fue la copia fiel en el Perú de la organización subversiva “Khmer Rouge” que diseñó EE. UU. para Camboya, la cual dirigida por Pol Pot llevó a cabo en 1975 un genocidio en ese país con banderas de “comunismo”.
Pero “Sendero Luminoso v.2.0” (2006-2012) no sería sino el fruto de la connivencia de los gobiernos neoliberales de Alejandro Toledo y Alan García con el gobierno de los EE. UU. de George Bush.
En junio 2006 en circunstancias de un orden interno estable y un país sin alteraciones, extrañamente el diario peruano Expreso cambió ese status al “informar” sobre una presunta “reaparición senderista” (la fuente anónima se conjetura fue USAID).
La falta de respuesta ante tal “anuncio” de parte del presidente Toledo y su primer ministro Kuczinsky a un mes de dejar el gobierno, evidenciaría el complot de éstos.
Más lo evidenciaría la decisión de Alan García en agosto 2006 que sin razón estratégica alguna y sin informar a la ciudadanía, militarizó la región del VRAE y autorizó la presencia de USAID, DEA y el Comando Sur de los EE. UU. en esos valles cocaleros.
“Sendero Luminoso v.2.0” reapareció ahora con una renovada faz “maoísta-narcotraficante” y con tácticas homicidas “mexicanizadas” al modo de los carteles de drogas, también achacadas al terrorismo que se quiere penalizar.
Se reiniciaba de este modo la injerencia de Washington con el viejo “juego de roles” en el que la “ayuda extranjera de EE. UU.” asume “el rol narcotraficante y contranarcotraficante”, que da réditos, mientras que “el rol de víctima” encargada de poner la sangre, la de los soldados peruanos, lo ejecuta “el país ayudado”.
Por todo ello en nuestro parecer, el absurdo de una ley de negacionismo sólo intentaría colonizar la memoria histórica de los peruanos subestimando su inteligencia.
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(2) http://lamula.pe/2011/08/24/desmontando-tarata/mariacervantes
(3) http://searchworks.stanford.edu/view/1941216
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