Por Guillermo Olivera Díaz*
Con ingenio literario sin parangón, nuestro afamado compatriota Eduardo González Viaña, escribe en La Primera de hoy, 11-08-2013, respecto del valor probatorio y repercusión de los audios “Jiménez-San Martín-Cateriano-Rojassi” que “si no le pide disculpas al país, el doctor San Martín arriesga perder el “san” y toda la santidad de su apellido”.
Suscribo además la exacta sentencia que dicta González Viaña como “aberración jurídica y perversión moral”, sobre lo que esgrimió César San Martín Castro, al sentirse ampayado y confesar el reconocimiento del hecho, que la insólita reunión, con almuerzo pantagruélico o franciscano que alguien pagó, con su jueza subalterna, Carmen Rojassi, junto a Jiménez Mayor y Pedro Cateriano, fue para “unificar criterios”.
Prosigue implacable Eduardo cuando se interroga: “¿Estaba el presidente de la Corte Suprema “unificando los criterios” de una de las partes con los de la juez?... ¿salvar al Estado significa destruir la independencia de la magistratura?...¿no significa más bien acabar con el equilibrio de los poderes que presupone la existencia de la democracia?”
Es que San Martín en medio del rociado convite le dice a su subordinada Rojassi que “en las manos de ella está salvar al Estado”, por cuya petición terminó absolviendo a Montesinos, Hermoza Ríos y Huamán Ezcurra, que me imagino para ella encarnaban al Estado corrupto y tiempo después el mismísimo San Martín, actuando como presidente de tribunal superior, por las mismas peculiares razones de Estado, confirmó esa triple absolución que él sugirió, y que sin duda la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejará sin efecto, o sea, la anulará, sin comprometer a los comandos Chávin de Huántar, como antes sucedió con un fallo de Javier Villa Stein que quitaba la categoría de crímenes de lesa humanidad a los de Barrios Altos y también la autoría mediata de los mismos, de carambola en favor de Fujimori.
Este es mi sangrante Perú en materia de “perversión moral” de sus jueces y ministros de Estado, que a tal cita acudieron como emisarios del presidente Humala: ¿qué les parece? A mí, me convence que estamos al frente de un grave delito, y hasta más, que amerita la pronta destitución de César San Martín Castro, y no sólo la pérdida del “San” y del “Martín”, así como el encarcelamiento de semejantes contertulios.
La Rojassi, inducida por su jefe, en el proceso que absolvió a los 3 citados, no tenía como acusados a los sacrificados comandos; carecía de competencia respecto de ellos, ni tampoco la CIDH los puede referir de modo alguno, pues nada pesa contra él.
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11-8-2013
