Catedráticos veteranos no quieren irse, se oponen a la renovación de la universidad
El día jueves 10, el Dr. Pedro Cotillo Zegarra, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), informó que esta institución va a presentar pronto una acción de amparo contra la nueva ley universitaria. Mencionó también que, según él, un aspecto adverso de la ley es que obliga a retirarse a los docentes con 70 años de edad1. Destacó que en la UNMSM hay en ese segmento etario más de 535 catedráticos que son, en palabras del rector, profesionales “de primera línea”.
El problema
En todas partes, tanto en el sector público como en el privado, se presenta cierta resistencia al retiro obligatorio por edad; muchos consideran que si dejan de trabajar se van a aburrir en la casa, que van a ser personas prácticamente inútiles, etc. Esto sin contar que quien se retira recibe una pensión baja, bastante menor que su sueldo cuando está en actividad.
¿Qué significa que el rector de la UNMSM abogue por los profesores de 70 años de edad o más? Sus palabras deben entenderse como el reconocimiento de una gran informalidad y desacato, puesto que el límite de 70 años existe desde hace tiempo pero no han querido acatarlo; por eso ahora tenemos muchos profesores que habiendo hecho caso omiso a las disposiciones legales, desean quedarse más tiempo trabajando. Hay que señalar que no solo son los varones: también buena parte de las docentes universitarias quieren permanecer pasados los 65 años (que es el límite establecido para ellas por la ley 29990).
Implicancias
Un catedrático de 70 años de edad ha tenido oportunidad de ascender todos los escalones posibles en la carrera universitaria y llega a puestos de gobierno institucional (decano, rector, vicerrector), lo cual significa que en las universidades los puestos de mando, con bonificaciones y mejores beneficios económicos, se concentran en estas personas, que explicablemente son reacias a dejar estas ventajas (obtenidas por lo general merecidamente). O sea que cuando hablamos de profesores de esta edad estamos frente a gente que detenta poder político en la universidad (sea pública o privada).
Hoy la universidad peruana en general está en una situación deficiente, mala, y uno de los problemas más serios es que muchísima gente egresa con título profesional sin haber hecho tesis, lo cual es un gravísimo atentado contra la investigación. ¿Podrán los profesores veteranos negar su responsabilidad en este problema? ¿No son ellos los formadores de quienes los secundan en el desbarajuste que vive la universidad peruana? ¡No pueden negarlo, ellos han fomentado y tolerado este caos!
¿Seguirán quedándose?
El deseo de quedarse de estos docentes que han llegado al límite de edad o lo han pasado presupone también que ellos se consideran indispensables, dando a entender que quienes están detrás de ellos no harían las cosas tan bien como los reacios a retirarse. Es obvio que así se produce un cuello de botella que impide el cambio generacional. Es necesario que se respete la ley y que los docentes se retiren —o sean retirados— a los 70 años de edad.
Una vez que se empiece a respetar las leyes, habría que ver otros aspectos hoy ignorados. Por ejemplo, siendo el límite de edad el de 70 años, los candidatos al cargo de rector (cuatro años) no deberían tener más de 65 años. Supongamos que se elige a alguien de 67 años: al tercer año de su mandato debería renunciar, lo cual produciría inestabilidad, e incluso vicio de ilegalidad si el rector decide no entregar el cargo.
Conviene olvidar los malos hábitos como la informalidad de no acatar la disposición legal sobre el límite de edad. La ley, en el mismo art., 84 establece que, pasado el límite de edad y ya como jubilado, el docente podrá enseñar (esto es, dictar clases) pero no desempeñar funciones administrativas o de gobierno institucional. En el caso de universidades estatales, si se les contrata, ¿la legislación actual contempla que un jubilado pueda percibir su pensión y además otra remuneración de la misma institución?
Cumpliendo la ley, una vez que este año se retiren los docentes mayores de 70 años, los sucederán en los cargos quienes habían sido postergados y perjudicados por la excesiva permanencia de los salientes. Esta movilidad dejará plazas vacantes en los escalones más bajos y las universidades necesitarán contratar o nombrar nuevos profesores, que cumplan los requisitos que exige la ley (licenciatura y maestría para la categoría de Auxiliares, en la cual se inicia la carrera docente universitaria).
Profesores extraordinarios
La ley actual, casi igual que la anterior en este aspecto, contempla la categoría de profesores extraordinarios, en el artículo 82.2: “Extraordinarios: eméritos, honorarios y similares dignidades que señale cada universidad, que no podrán superar el 10% del número total de docentes que dictan en el respectivo semestre.” En “similares dignidades” podemos incluir, por ejemplo, al profesor investigador2 o al profesor visitante.
Sea como fuere, debe evitarse que los docentes jubilados encuentren una puerta giratoria: salen jubilados e inmediatamente reingresan. Para eso, es necesario que en las universidades privadas y estatales los nuevos estatutos que en pocas semanas empezarán a redactarse establezcan, por ejemplo, que el reconocimiento de la dignidad de profesor emérito se haga por lo menos dos años después de que el profesor se haya jubilado, para que exista unanimidad y suficiente distancia emocional y política a la hora en que los profesores en actividad opinen en favor o en contra de esa distinción.
En qué área sí serían bienvenidos
La ley recientemente aprobada no ha podido superar criterios enseñantistas, que ven a la universidad simplemente como enseñadero. Por eso dice que los jubilados podrían retornar como profesores extraordinarios para enseñar. La verdad es que si algo sobra en las universidades son los enseñadores. Lo que necesitamos es investigación e investigadores3. Por tanto, el motivo correcto para llamar a exprofesores es incorporarlos como investigadores, siempre y cuando su carrera acredite que han escrito numerosos artículos de calidad en revistas especializadas. Entonces estas personas entrarían a desarrollar proyectos de investigación.
Otra tarea para los profesores jubilados sería temporal (pocos años), si las universidades se arrepienten de seguir dando título profesional sin trabajo de investigación (tesis). En este caso, si se da tal arrepentimiento, todos los profesores en actividad tendrán que asesorar tesis, y se notará que muchos alumnos no tienen quién los asesore4. Aquí es donde se necesitaría la colaboración de profesores jubilados, para que asesoren tesis, no para que enseñen.
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1 El artículo 84 de la ley recientemente aprobada dice: “La edad máxima para el ejercicio de la docencia en la universidad pública es setenta años. Pasada esta edad solo podrán ejercer la docencia bajo la condición de docentes extraordinarios y no podrán ocupar cargo administrativo.”
2 En grave retroceso frente a la época en que vivimos, la ley actual dice en el art. 86: “El docente investigador es aquél [sic] que se dedica a la generación de conocimiento e innovación, a través de la investigación. Es designado en razón de su excelencia académica. Su carga lectiva será de un (1) curso por año.” El criterio de selección es vago (“excelencia académica”) y no se pide que tenga trayectoria de investigador, porque en el fondo quieren hacerle un favor al establecer que debe enseñar (se especifica un curso por año), no investigar.
3 La investigación es un propósito fundamental de la universidad, pues esta actividad asegura el enriquecimiento del saber y abre caminos de progreso. Está equivocado el profesor universitario que piensa que su tarea principal (o única) es enseñar. La sociedad paga al docente universitario para que enseñe e investigue, pero muchos solo quieren enseñar y recibir el pago completo. Entre otras “gracias”, estos son los docentes que por todos los medios desalientan la elaboración de tesis y evitan asesorarlas.
4 En descaradas y descarnadas declaraciones del 30 de junio a la radioemisora limeña RPP, el Dr. Orlando Velásquez, presidente de la ANR (en extinción), reconoció que las universidades no tienen profesores capacitados: “Se necesitan asesores. Si egresan 50 alumnos, por lo menos son necesarios cinco profesores de tesis […] No nos oponemos a la tesis, pero no hay plazas ni presupuesto”. Es el colmo de la sinvergüencería, se contrata o nombra a docentes que apenas pueden enseñar pero no investigar ni dirigir investigación (tesis), ¡y encima se debe gastar contratando a otros para que asesoren tesis mientras los haraganes e incapaces continúan enseñando!
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