Manuel DammertManuel Dammert Ego Aguirre

Las marchas ciudadanas, de mayoría juvenil, del 18, 22 y 29 de diciembre, han bautizado la generación del Bicentenario, haciendo crujir a la plutocracia neoliberal y su gobierno sometido. El rechazo ciudadano ha declarado muerta la ley de semiesclavitud juvenil. Pero el Gobierno, busca imponerla contra el país, y también el conjunto del paquete neoliberal de precarización social y saqueo nacional. Está abierta la perspectiva del aglutinamiento social y político de fuerzas progresistas, patrióticas y ciudadanas, que por la vía del sufragio abra un nuevo curso democrático a la nación. Haciéndole frente, la ciudadanía, con los jóvenes, se alista un paro nacional y diversas movilizaciones.

La ley del régimen laboral juvenil (que regala a los grandes empresarios más de S/. 3,000 millones sacados del trabajo semiesclavo), es solo una parte del paquetón neoliberal, que está legislado y en curso de aplicación. Primero, impone un extendido régimen laboral neoliberal extremista e inconstitucional, de mercado salvaje. Pretenden anular el carácter social del trabajo y de bien público del régimen laboral y de su composición tripartita, legislada internacionalmente por la OIT. Anulan los sindicatos y los derechos laborales básicos. Imponen el despotismo patronal y la semi-esclavitud del empleo, y dejan al Estado solo para atender “fallas del mercado” subsidiando a la plutocracia.

Segundo, la neolatifundización, al establecer por ley privatizar las “áreas no ocupadas” de las Comunidades Campesinas y nativas. Esconden que la gestión de las Comunidades incluye áreas trabajadas, otras en descanso, y otras trabajadas alternadamente, en uso sostenible. Se expropiará a una superficie actual de hábitat de 16 Millones de Hectáreas de las 6,277 Campesinas, y de 7 Millones Has. de las 1,322 Nativas. El divorcio entre el Estado y las Comunidades, es lo que ha hecho que solo tengan título inscrito en registros públicos 208 Campesinas y 15 Nativas. ¡Esta neolatifundización es un “baguazo jurídico” de nefastas consecuencias sociales y ambientales!

Tercero, los nuevos dueños del Perú, del capital financiero-oligopólico, con su gobierno, imponen tasas leoninas a los créditos. Saqueando a las mypes, a los consumidores, a los usuarios bancarios, a los aportantes a las AFP. Pero la plutocracia reduce sus pagos de impuestos, les condonan deudas y encima les regalan el dinero del Estado para que hagan sus obras. Incluso les regalan las rentas estratégicas del Estado, que, en el caso de la energía, pretende privatizar Petroperú, y acentuar la exportación del Gas y el mercado cautivo de balón de GLP a un grupo privado.

Cuarto, incentivan la especulación con el valor del uso del suelo, arrebatan los espacios públicos urbanos a los ciudadanos (reducen los aportes por predios urbanos para parques públicos, como en Lima con la “Ley Coca Cola”) y desfinancian a los municipios y regiones.

Quinto, privatizan el uso del territorio, afectando la sostenibilidad ambiental, para favorecer precarios estándares mínimos en las actividades de empresas extractivas (mineras, etc.), acentuando el deterioro ambiental.

Diario Uno, 31.12.2014

 

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