Herbert Mujica Rojas
De acuerdo a la Resolución Ministerial No. 718-2016-MTC/01.02, el portafolio ha nombrado a los representantes ante la Comisión Especial que representa al Estado en Controversias Internacionales de Inversión.
¿Cuáles son estas controversias?
Las siguientes:
-Presentada por la empresa Metro de Lima Línea 2 S.A., al amparo del Contrato de Concesión del proyecto “Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Av. Gambetta de la Red Básica del Metro Lima y Callao”.
-Presentada por la empresa APM Terminals Callao S.A., al amparo del Contrato de Concesión del Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao.
-Presentada por la empresa Lima Airport Partners. SRL, al amparo del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
En buen castellano, la nueva gestión del MTC recibió una papa caliente del inoperante gobierno pasado y su ingenuidad le hizo víctima de la intransigencia de OSITRAN, entidad que participa en la gestión de las APPs de infraestructura de transportes, al parecer con un rumbo e interés propio que colisiona con las necesidades e intereses de todos los peruanos.
Una de las funciones (por cierto, desnaturalizadas) de OSITRAN, consiste en supervisar las obras previstas en los contratos de concesión, pero lo hace tan mal, que está generando controversias internacionales al Perú.
Las entidades no deliberan por sí mismas, sino por intermedio de las personas que las dirigen y en este caso el organismo regulador obedece a la actitud de su presidenta, la señorita Patricia Benavente, la que generó, al Estado peruano, escudada en OSITRAN, la responsabilidad de asumir sorpresivamente tres controversias al mismo tiempo.
¿No se hace imperativo que en el término de la distancia esta señorita explique al Congreso de qué se trata todo este asunto que costará al contribuyente cientos de millones de dólares en penalidades? Y, lo que es peor, retrasará, aún más, la provisión de la tan necesaria Línea 2 del Metro de Lima, la óptima operación del puerto del Callao y, sobre todo, las mejoras que tanto demandamos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Es lógico concluir que mientras duren las controversias generadas por OSITRAN, las inversiones en estos tres importantes proyectos se suspendan o se hagan lentísimas hasta que se resuelvan, sea con una negociación durante el trato directo o mediante un laudo ya en la etapa de arbitraje.
Estos procesos pueden durar años, circunstancia que no nos ayuda: no olvidemos los altos costos que pueden llegar a sumar millones sólo en honorarios de abogados. En concreto, la situación, vista desde todos los ángulos, es totalmente desfavorable para todos nosotros, pues de llegar a la etapa de arbitraje, la posición del Estado peruano es desventajosa.
¿Cómo generó OSITRAN estas controversias al Estado peruano?
Para el caso de APM Terminals y el Terminal Norte Multipropósito, ésta se origina por la testarudez de OSITRAN en su desempeño como supervisor pues, por fallas de ingeniería durante ejecutoria de las obras (lo cual es usual en construcción), emitió informes contra la aceptación de las mismas, impidiendo su recepción por parte de la Autoridad Portuaria Nacional. Esta actitud nociva de OSITRAN nos impide gozar de la comodidad de una infraestructura en la que ya se ha invertido aproximadamente S/ 1,150 MM y más de cuatro años de trabajo.
En el caso de la Línea 2 del Metro, las controversias se generan por la falta de entrega de terrenos por parte del MTC y la dudosa defensa de OSITRAN a la propuesta del concesionario para disminuir el espesor de las paredes de las estaciones, incumpliendo la normativa peruana para evitar el colapso de la edificación ante un fuerte sismo. En concreto, a la presidencia del Consejo Directivo de OSITRAN no le interesa exponer la vida de los peruanos si se derrumba una estación durante un terremoto. De paso, se genera un ahorro de varios millones al concesionario. ¡Qué falta de patriotismo!, valen más unos millones del concesionario que la vida de nuestros compatriotas.
Con relación a nuestro principal aeropuerto, Jorge Chávez, hasta donde se recuerda el ministro titular de Transportes, Martín Vizcarra, ha venido diciendo en múltiples oportunidades que se quería una solución sin llegar al arbitraje, pero el Perú ya fue llevado a la instancia más importante para la solución de controversias, el CIADI en Washington DC, tal como lo reconoce el documento que comentamos.
¿Cómo causa Patricia Benavente de OSITRAN este suceso en CIADI?
De muy buena fuente supimos que durante las negociaciones de la Adenda 6 con Lima Airport Partners, LAP, ya se intentaba prorrogar la concesión por la demora del Estado en la entrega de los terrenos para la construcción de la segunda pista. En esa ocasión, LAP habría aceptado un plazo de nueve años y estaba dispuesto a culminar la construcción de una nueva plataforma y terminal antes que culminara el gobierno anterior. Sin embargo, esas intenciones fueron obstruidas por la terquedad de OSITRAN a través de las posturas dogmáticas de sus informes. Ahora vemos las consecuencias.
Los medios recogen información que durante las negociaciones de la actual Adenda 7 se sigue con los temas de la prórroga del plazo de la concesión, argumento de LAP para someter este tema a la controversia internacional mencionada pues, como es lógico, hay enorme desconfianza entre todos los protagonistas.
Ya no parece una casualidad sino ineficiencia monda y lironda que las tres controversias hayan sido generadas en el ámbito de la gestión del regulador OSITRAN al mismo tiempo y bajo un mismo régimen, el de Patricia Benavente que acaba felizmente en febrero del 2017.
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