Por Alfredo Palacios Dongo
Finalmente el presidente Kuczynski no fue vacado por el Congreso por incapacidad moral permanente, pero queda vigente su conflicto ético, sus reiteradas mentiras, sus declaraciones engañosas sobre algunas malas prácticas y pagos ilegítimos mientras era ministro, esto ocasionará una grave situación de incertidumbre por los cargos judiciales que posteriormente deberá enfrentar lo cual acentuará la desconfianza ciudadana, pero además por su falta de capacidad y liderazgo para gobernar. Recordemos que el presidente prometió crear “un país moderno más justo e igualitario”, lo cual ni siquiera logró encaminar en el año y medio de gobierno, siendo su gestión desaprobada en todas las regiones y todos los niveles socioeconómicos.
Los políticos deben actuar para el logro del bien común
Pero también existe la percepción de autoritarismo y abuso del fujimorismo al tener mayoría opositora absoluta en el Congreso permitiéndole tomar posiciones agresivas, controlando censuras o renuncias de cinco ministros y hasta denuncia al Fiscal de la Nación, además, su lideresa Keiko Fujimori tiene pendiente el caso de la anotación de Odebrecht “aumentar Keiko para 500”, también por registros de supuestos donantes que negaron aportaciones y por cocteles pro fondos, finalmente está pendiente el caso reabierto de Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular, por el origen de su patrimonio que incluye también a Keiko Fujimori.
Bajo este panorama el futuro de nuestro país se oscurece, tenemos además dos presidentes encarcelados (Fujimori y Humala) otro presidente prófugo (Toledo) y otro investigado (García). Nuestro futuro solo se aclarará cuando los políticos entiendan que la actividad política es esencialmente humana y civilizadora, un quehacer social cuyo principal fin es alcanzar, mediante patrones de acción y organización, el bienestar de la sociedad.
Ello entraña fundamentalmente que los políticos actúen con un verdadero compromiso para con los ciudadanos para el logro del bien común y del fortalecimiento de una estructura de virtudes y valores públicos construyendo instituciones sólidas e implementando políticas sociales que apunten a la igualdad de oportunidades y equidad que constituyen los máximos valores públicos de la democracia, obliga además a dejar de lado intereses personales o partidarios por conveniencia que buscan un medio esencial de vida tratando de mantener el “poder” para copar espacios y cargos que pueden transformarse en focos de corrupción (como los numerosos casos de Odebrecht), estas actitudes frivolizan la función pública y disminuyen la calidad de la política afectando gravemente a nuestra democracia y el camino de nuestro país hacia el desarrollo ad portas de nuestro bicentenario.
Expreso, 23.12.2015
