Un hecho político y de la mayor trascendencia
Por Herberth Cuba
El indulto al ex presidente Alberto Fujimori significa un nuevo escenario político que trastoca en modo radical la correlación de fuerzas en el país. Por un lado, las fuerzas antifujimoristas se reagrupan en función a la denuncia, a la movilización y a la toma de las calles; es decir, en la protesta. Por el otro, la nueva alianza entre el fujimorismo y el Gobierno, en la construcción de la gobernabilidad. Ambas fuerzas se mueven para conquistar a la opinión pública, que a la fecha favorece, según las encuestas, al indulto. Los objetivos y las razones de los diversos grupos políticos que luchan contra el indulto son disímiles. En cambio, los fujimoristas y el Gobierno tienen un norte: asegurar la gobernabilidad, sostener el modelo económico y la reconciliación nacional.
En ese escenario, el indulto es un hecho político y de la mayor trascendencia. Deja de tener importancia si es humanitario o no, porque el impacto es político. La polarización extrema que vivió el país el año 2017, cuya máxima expresión ha sido el proceso de la vacancia presidencial, tuvo una salida política a través del indulto. Ha sido una salida constitucional. El Congreso de la República ha recompuesto su mayoría con fuerzas que sostienen el modelo económico vigente y el Gobierno ha planteado un gabinete de reconciliación nacional que supone la incorporación de cuadros del fujimorismo. Los analistas políticos que no soporten el giro lingüístico impuesto por la realidad para describir, explicar y predecir los acontecimientos actuales, saldrán del escenario.
Durante años —y en modo más acuciante en el lustro pasado— las críticas fueron muy duras contra el Gobierno, porque creaba nuevas trabas al desarrollo económico, favorecía la burocratización del Estado y la desidia para acometer un proceso de reformas que permitan evitar “la trampa de los ingresos medios” y que aproveche de mejor manera “el bono demográfico”. Todo esto, inmerso en el más duro mercantilismo.
Durante el 2017 el presidente PPK —a pesar de haber lanzado su vocación política de destrabar, desburocratizar y transformar— nada avanzó porque no tenía brazos políticos que ejecuten. Peor aún, los brazos políticos marchaban a contracorriente. Por otro lado, la mayoría congresal se diluía en la consolidación de un núcleo opositor que aprovechaba las incongruencias del Gobierno. Tal era la magnitud de las incongruencias que un aliado del propio Gobierno presentó la moción de vacancia presidencial en el Congreso,.
El indulto ha dado coherencia a la política peruana. Las protestas y el camino de la calle serán ganados por los más radicales. El Gobierno gozará del contexto político favorable para realizar las reformas pendientes. Sin embargo, es corto el tiempo que tendrá el Gobierno para calmar las expectativas de la gente. Es obvio que existe un trasvase entre ambas fuerzas. Es decir, cuantos más avances muestre el Gobierno, menos fortaleza tendrá la calle; y al revés.
Uno de los aspectos cruciales y pendientes es la reforma de la salud. Quizá lo más adecuado sea decir que es necesaria la transformación del Sistema Nacional de Salud, debido a que la palabra reforma ha sido empleada por el humalismo en el sentido de trabar y burocratizar el desarrollo de la salud. Por ejemplo, ha dejado una controversia en la legislación referida al Seguro Integral de Salud (SIS). Por un lado —según el Decreto Legislativo N° 1158 artículo 6, del 2013— es un sistema previsional, como Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento (Iafas); y por otro lado —a través del Decreto Supremo N° 058-2011-PCM— es un Organismo Público Especializado (OPE), que funciona como un Fondo del Ministerio de Economía y Finanzas. En ambos casos la legislación es inadecuada y no se ajusta a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. La solución de esta controversia es crucial para la forma de gestionar los recursos asignados, según prima actuarial y el otorgamiento de beneficios a los usuarios.
Esta controversia ha permitido que el Ministerio de Economía y Finanzas asigne presupuestos a veces sin correlación con las necesidades de los afiliados y la mayoría de las veces en forma histórica. Ha impedido que cada afiliado tenga asignada una prima, cuyo monto sería establecido de modo matemático y actuarial en función de las prestaciones y enfermedades, con la finalidad de ser atendidos en los establecimientos de salud de su propia elección. Ha trabado la complementariedad entre el sector público y el privado. Ha impedido el cumplimiento del artículo 12 de la Constitución Política del Estado, entre otros.
¡Ya no hay excusas para que el Congreso y el Ejecutivo no transformen la salud!
29.12.2017
