Por Jans Cavero
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Durante los últimos días, los medios de comunicación nacional y el Ministerio Público han confirmado la existencia del “Club de la Construcción”, cuyos integrantes son principalmente empresas constructoras peruanas y brasileñas, que a lo largo de estos años se habrían coludido para repartirse las licitaciones de obra adjudicadas por las entidades públicas del país. Este club contaba con su representante Prialé, un lobista corporativo que actuaba coordinadamente con un ex funcionario del Ministerio de Transportes para determinar a qué empresa o consorcio del club se le otorgaba la buena pro, a cambio de un porcentaje del monto adjudicado.
La hipótesis que baraja el Ministerio Público es aún preliminar, razón por la que vamos a aportar algunas otras conjeturas cuya verificación corresponderá a la fiscalía para sustentar la respectiva acusación fiscal. En primer lugar, dudo que el club haya festinado las licitaciones sólo en el proyecto de infraestructura más importante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Provias Nacional, sino también se coludió con otros ministerios, unidades ejecutoras y gobiernos regionales que tuvieron en cartera la ejecución de proyectos de infraestructura vial, educativa, sanitaria, hidráulica, penitenciaria, etc. Estamos hablando no solo de carreteras y puentes, sino también de colegios, hospitales, represas, canales de irrigación, etc.
En segundo lugar, no solo estaríamos ante el “Club de la Construcción”, sino ante otros clubes participantes en obras menores y clubes cuyo modus operandi no sólo se habría circunscrito a la ejecución de obras, sino a la prestación de servicios de consultoría para la elaboración de estudios, expedientes técnicos, y supervisión de obras. Así, sostengo la hipótesis de que en cada región existe un club de la construcción y un club de estudios y expedientes técnicos, cada uno con sus respectivos lobistas y funcionarios públicos que festinan en función de porcentajes previamente coordinados. Por lo tanto, las contralorías regionales, procuradurías regionales anticorrupción, fiscalías, deberían intervenir en cada región para contribuir en la lucha contra la corrupción.
Resulta ilustrativo el caso de Ayacucho. De las empresas del club, durante las dos gestiones del actual gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, 4 han ganado licitaciones millonarias: ICCGSA, junto a INCOT, se hizo del hospital regional Miguel Ángel Llerena por más de 360 millones; ALTESA se hizo del colegio emblemático Mariscal Cáceres por casi 50 millones; OBRAINSA ganó la carretera Toccto Vilcas Huamán por más de 138 millones; MÁLAGA Hermanos se hizo de 2 hospitales (San Miguel y San Francisco) por más de 172 millones. En todas, salvo la última, participó la OIM, organización encargada de la selección y a la que no pudo ni puede investigarse, ni someterla a proceso judicial alguno, por la inmunidad que ostenta.
Las contingencias no se hicieron esperar: En el caso del colegio Mariscal Cáceres, la obra se inició en febrero 2014 y debió concluir en junio del 2015; sin embargo, a enero de 2018, la obra aún no cuenta con la liquidación final, no se ha hecho la entrega total de obra, y hubo más de 15 solicitudes de ampliación de plazo. De otro lado, la ejecución del hospital empezó en abril de 2014, debiendo concluir en abril de 2016; sin embargo, al día de hoy, aún no culmina la obra y cuenta con 20 solicitudes de ampliación de plazo; la carretera Toccto Vilcashuamán cuenta con 31 solicitudes de ampliación de plazo, se inició en abril 2015 para terminar en marzo 2017, no obstante, a enero del 2018, la obra continúa. En virtud a las ampliaciones de plazo otorgadas, la entidad deberá pagar montos millonarios por mayores gastos generales.
En tercer lugar, estos clubes no necesitan de un solo funcionario público o asesor de alta dirección; muy por el contrario, requieren de una red de servidores que coordinan diversas acciones para otorgar la buena pro a una empresa o consorcio previamente direccionado. Pensar que el recientemente detenido, García Alcázar, era el que arreglaba todo al interior del Ministerio de Transportes es un error. Aquí debe investigarse a los ministros del sector, a los viceministros de transportes, a los directores ejecutivos, gerentes de administración, gerentes de obras, gerentes de adquisiciones de Provias Nacional, actores sin los cuales no sería posible festinar con cientos de millones de soles. Mención aparte constituyen los miembros de los diferentes comités de selección que licitaron las obras y adjudicaron las buenas pros.
En cuarto lugar, pensar que el club inició sus labores desde el 2011 al 2014 resulta equivocado. El club desplegó sus acciones desde el gobierno de Toledo, pasando por Alan García y Humala. Incluso en la gestión actual de PPK el club está más vivo que nunca. Por esta razón, deberían indagarse aleatoriamente grandes obras de infraestructura de periodos previos al 2011 para detectar casos emblemáticos de corrupción. En quinto lugar, también hay clubes en procesos de selección de bienes, razón por la que hay que apuntalar a la compra de medicamentos a gran escala, equipos médicos, ambulancias, patrulleros, armas, equipos y material bélico, así como la adquisición de logística con gran valor.
En sexto lugar, el favorecimiento a una empresa o consorcio del club no sólo opera con el otorgamiento de la buena pro, sino que el modus operandi se inicia desde que la entidad aprueba su Plan Anual de Adquisiciones. A partir de ahí se inicia el faenón. Las gerencias de estudios aprueban estudios y expedientes técnicos defectuosos; las gerencias de obras (área usuaria) convalidan tales expedientes y elaboran los requerimientos para la licitación en función a las características de la empresa que va a ganar y no en función a lo que realmente necesita la entidad. Aprobado el expediente de contratación se designa a un comité de selección a la medida y luego de entregar la buena pro a la empresa direccionada se suscribe el contrato respectivo.
Por supuesto, a lo largo del proceso de selección las empresas juegan su propio partido. Para aparentar competitividad aparecen muchas empresas interesadas en el proceso que incluso compran las bases; para obtener mayores ventajas, los participantes realizan consultas y observaciones a las bases; al momento de presentar las ofertas, el número de postores se reduce notablemente; para asegurarse que gane uno del club, los demás postores realizan ofertas erradas con la finalidad de ser descalificadas y dejar solo al ganador. Si hay mérito para cuestionar la buena pro, las empresas del club no apelan y dejan consentir el otorgamiento de la buena pro. Suscrito el contrato, las gerencias de obras aprueban gentilmente los adicionales, las ampliaciones de plazo, y el pago de mayores gastos generales. De estas modificaciones contractuales, se sacan porcentajes que van a los bolsillos de los funcionarios corruptos.
Si la entidad se envalentona frente a las empresas, éstas generan las condiciones para recurrir a los arbitrajes, procesos en los cuales triunfan los integrantes del club, porque también existe el “Club de Arbitrajes”, que reúne a árbitros, procuradores públicos, empresas y altos funcionarios públicos que se coluden para que los laudos arbitrales salgan a favor de las empresas. Del cobro de los laudos también salen porcentajes generosos en función al monto discutido. El ascenso del estatus económico alcanzado por abogados árbitros y procuradores públicos debería ser investigado rigurosamente.
