La revocatoria del mandato de autoridades regionales y locales requiere recolectar planillones de adherentes a la propuesta y el electorado local debe acudir a las urnas para ratificar o denegar democráticamente la solicitud; sin embargo, el Presidente de la República puede ser vacado con el voto de sólo 130 congresistas, muchos de ellos con intereses políticos e individuales poco transparentes. Más allá de lo paradójico de la proporcionalidad, el interior del país tiene mayor experiencia en navegar sobre situaciones de incertidumbre e inestabilidad política derivadas de los procesos de revocatoria de autoridades subnacionales; solamente el año pasado, el Jurado Nacional de Elecciones declaró la vacancia de 134 autoridades.
Por otro lado, y salvando las distancias con la envergadura económica del caso Odebrecht, empresas constructoras regionales y locales, influyen fuertemente en las candidaturas regionales y locales y en la aprobación de normas que las favorecen y que les facilitan ganar licitaciones de obras y compras públicas. En la región Junín la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, mantiene investigaciones contra autoridades y funcionarios de las gestiones actuales y anteriores, la gran mayoría de ellas por sobrevaloración y colusión al otorgar la buena pro de las obras.
Pasco no es la excepción; sin embargo, su cuestionado ex Gobernador Regional, Klever Meléndez —cuyo paradero es un misterio—, está buscando las argucias legales para volver a candidatear al sillón regional, pese a tener una sentencia de 15 años de pena privativa de la libertad y una recompensa de 25 mil soles a quien dé información veraz sobre su ubicación. Así las cosas, el impacto político de la corrupción en las regiones lo podremos visibilizar en las próximas elecciones, ya que al no haber cambios fundamentales en las reglas de juego, los aportes de campaña volverán a aparecer con cargo a ser devueltos en el sillón del poder.
Es de suponer que candidatos radicales de base regional, tendrán argumentos para cuestionar la participación de candidatos de los partidos de alcance nacional cuya moralidad interna es cuestionable, lo que no exime de dudas a los movimientos regionales, contribuyendo a la desconfianza y desafección de la ciudadanía así como al incremento de la fragmentación de la representación política.
Ya en diciembre se decía que el primer pedido de vacancia ponía en riesgo la reconstrucción del norte. En el centro del país deja en stand by muchas gestiones en trámite, algunas de las cuales han sido acuerdos con el MINAGRI para solucionar conflictos como la paralización de los productores de papa (Tarma, Huancayo, Huánuco) y de maíz (Huánuco), entre otros; al igual que la solución definitiva a los problemas de conectividad con las regiones que dependen de la carretera central. La incertidumbre es real, pues las propuestas de solución negociadas bajo el gobierno de PPK podrían volver a foja cero y las negociaciones tendrán que retomarse con el Gabinete de un nuevo Presidente, que tampoco sería políticamente fuerte, presagiándose una inestabilidad que dista de encontrar soluciones sostenibles en el tiempo.
Los problemas producidos por el escándalo Odebrecht dejan una oportunidad inmejorable para establecer correctivos en la ley electoral, para que no vuelvan a ocurrir situaciones similares no sólo a nivel nacional, sino también en lo local; pero aún no se ha hecho nada. Por esta razón, la lectura de gran parte del electorado de cualquier lugar del país es que «todos tienen rabo de paja», que cada partido político está buscando sacudirse del barro que les ha salpicado y que la puerta giratoria seguirá abierta, con sus ejes cada vez más engrasados para que los negociados con las obras públicas sigan siendo el verdadero motor de las candidaturas.
desco Opina - Regional / 23 de marzo de 2018
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