Rocío Ferrel
Para combatir la podredumbre en el sistema de justicia, la comisión designada por el Ejecutivo ha realizado varias propuestas. Hay tres aspectos en los cuales habría que enfatizar, para evitar que la corrupción nuevamente socave el Poder Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura, Fiscalía y hasta el Tribunal Constitucional.
Selección de magistrados, pública, pero pública de verdad
El problema de justicia es grande, pero uno de los aspectos es la selección de magistrados y para ello se propone concursos públicos. Como se sabe, en el Estado los “concursos públicos” no lo son de verdad, pues la única fase pública es la convocatoria. Nadie sabe qué exámenes escritos ni orales se tomaron, puntajes considerados y tampoco se conoce la hoja de vida de los postulantes, situación que es puerta abierta a corruptos, incapaces, mediocres y “argolleros” que están infestando el aparato estatal, lo cual preocupa (porque el Estado es de todos los peruanos), y no que suceda esto en una empresa privada, porque si ésta recurre a la “argolla” estará condenada al fracaso o la mediocridad.
Para que un concurso sea público todo el proceso debe serlo, es decir, todas las fases arriba mencionadas. Cualquier ciudadano debería tener acceso al proceso de selección de magistrados:
- antes: requisitos, hojas de vida de los postulantes, puntaje que se considera por cada fase, número de preguntas que se formulará, las cuales deberían ser preparadas en el mismo lugar, un tiempo antes de comenzar los exámenes, con la seguridad de que sea no sólo una la persona la que las elabore, sino varias, todo lo cual debería digitalizarse después
- durante: los estudiantes de derecho deberían ser invitados a los exámenes orales y todo el público en general debería verlos si lo desea, para lo cual deberían ser transmitidos en vivo por internet, pues se trata de una tecnología barata
- después: debe publicarse los puntajes obtenidos, los vídeos de los exámenes orales, las preguntas y respuestas escritas, nombre y hoja de vida de los evaluadores, todo lo cual debería digitalizarse
Aunque lo señalado no evitaría totalmente el favorecimiento, por lo menos los “argolleros” tendrían más difícil el camino para desplegar sus malas artes en actos públicos y no en la sombra.
Control de calidad
Las propuestas no abordan con énfasis el control de calidad de los magistrados una vez ya en el cargo. En el trabajo de justicia los resultados son las sentencias, resoluciones, denuncias fiscales. Como si fuesen dioses, nadie controla, se limitan a revisar cuando hay una denuncia, como lo hace la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). Por ejemplo, a raíz del escándalo del inmundo juez César Hinostroza, recién la OCMA va a revisar sus resoluciones.
Hay que tener en cuenta que todo corrupto fue antes un no corrupto, por ello una buena selección no basta, sino un buen control.
La OCMA demuestra que no hizo bien su trabajo y mejor si lo cierran. Por ejemplo, sólo admite quejas orales por demoras, no de fondo, teniendo personal que puede ocuparse de ello, haciendo la justicia más lenta al obligar a presentar quejas escritas. También es criticable que sancionen sentencias rápidas de los jueces, como si fuese obligatorio que toda sentencia demore.
Se necesita un control externo y parece adecuada la propuesta de creación de una Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y el Ministerio Público (ANICPJMP). No obstante, un organismo de control externo no garantiza probidad y no impediría que los abogados que allí trabajen se organicen y construyan mafias para decidir a qué juez cuestionan y a qué juez no y desciendan al nivel de los “hermanitos” que hemos escuchado en los audios de escándalo.
Por ejemplo, hay jefes de la OCMA que incurren en la práctica de la puerta giratoria y después han sido jefes del Poder Judicial, lo cual explica que nunca sancionan como es debido a los malos jueces, es decir, calculan para no tener enemigos cuando después ellos hagan de jueces y pedir favores. También, las sanciones deberían ser mucho más severas contra los malos jueces y registradas en internet, para que el público los conozca.
Participación de la ciudadanía
La ciudadanía debería ser alentada a participar en la revisión de resoluciones, que deberían ser digitalizadas, no sólo en escueto resumen como hasta ahora, sino los expedientes completos, de modo que desde cualquier lugar del Perú sea posible analizar qué hicieron los administradores de justicia que viven de nuestros impuestos.
Esto posibilitaría que no sólo las víctimas de los magistrados corruptos, sino cualquier ciudadano analice los expedientes y demuestre que hubo prevaricato, omisiones o delitos cometidos. Pero como un ciudadano común no necesariamente tiene la formación en derecho que se requiere para llegar a conclusiones certeras, sus hallazgos deberían ser refrendados por una universidad acreditada o un colegio de abogados, quienes actuarían de filtro para evitar un número excesivo de casos infundados, y finalmente los presentarían a la ANICPJMP.
De esta forma también se conocería no sólo la actuación irregular de los magistrados, sino de otros, como secretarios, médicos forenses, policías, peritos, psicólogos, etc., que hayan intervenido en los procesos.
Si en esta instancia no se encuentra justicia, la universidad acreditada o el colegio de abogados que presentó el caso puede recurrir a instancias superiores, incluso a la Corte Internacional de Derechos Humanos de Costa Rica. De demostrarse que un magistrado no falló con arreglo a ley, las sanciones deberían ser ejemplares y el gobierno debería reembolsar los gastos a la universidad o colegio de abogados que tomó el caso y además desembolsar una cantidad adicional en calidad de premio, no sólo para éstos, sino para el ciudadano que realizó el análisis preliminar, pues con su actuación ambos habrían prestado un importante servicio al país.
Esta modalidad de participación ciudadana sería muy atractiva para los abogados jóvenes, pues estos premios darían peso a sus hojas de vida y hasta podrían vivir de esta actividad, es decir, revisar sentencias, si los premios fuesen generosos, lo cual sería merecido.
Desembalse de la carga procesal
Por años escuchamos que el pretexto de muchos jueces para demorar es la famosa sobrecarga procesal. Por lo general es cierto, pero en otros casos es sólo una excusa que los corruptos usan para pedir dinero a cambio de agilizar el trámite de expedientes, cumpliendo la ley de la coima: donde hay un trámite que demora, allí hay un corrupto.
Por eso el gobierno debería dotar de un presupuesto importante al Poder Judicial para crear más salas con el fin de reducir la carga procesal, las cuales deberían estar activas hasta que se normalice el tiempo de atención de los expedientes, pues los años de demora, lejos de ser justicia, son injusticia.
