Las afirmaciones del presidente Vizcarra a Camilo Egaña, de la cadena estadounidense CNN, fueron leídas como una respuesta tajante a Keiko Fujimori y a varios voceros de su agrupación política, Fuerza Popular. Señaló que no descartaba ninguna medida para lograr el objetivo de destruir la corrupción “que tanto daño ha hecho al Perú”.
Previamente, desde el lado fujimorista, como reacción ante los anuncios hechos por el presidente Vizcarra en su Mensaje a la Nación en Fiestas Patrias, se conminó al Mandatario a «gobernar» y dejar de lado el referéndum que había solicitado para consultar a la población sobre las reformas políticas y judiciales que tenía previsto realizar, como acciones pensadas precisamente para contener la corrupción.
En realidad, para el fujimorismo lo peligroso no es el referéndum en sí mismo, sino que se realizara en medio de la desestabilización del Poder Judicial y del Ministerio Público, provocada por los audios que vienen revelando la existencia de redes delincuenciales en la administración de justicia, y que esta situación termine por hacer rodar la cabeza del actual Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry; uno de sus engranajes en el sistema judicial peruano. También puede ser menos sofisticado: dejar claro ante todos quién es el que «ronca». No deberíamos dudar que, para ser benévolos, una buena parte del fujimorismo piensa de esa manera.
Con todo ello a cuestas, los fujimoristas buscaron polarizar el desencuentro entre el Legislativo y el Ejecutivo, abriéndose algunas posibilidades, como la vacancia presidencial o, en su defecto, el cambio de Premier. Ahora se sabe, los fujimoristas pasaron a la ofensiva colocando el supuesto de un «acuerdo» bajo la mesa en el que ellos se consideraban la parte mandante . Por eso, pronto revelarían como complemento de su mensaje imperativo hacia el Presidente, que habían sostenido conversaciones con el actual mandatario durante y luego del proceso que finalizó con la renuncia del expresidente Kuczynski.
Por otro lado, ahora también se sabe que el presidente Vizcarra busca con el referéndum la legitimidad que no puede recabar ante la inexistencia de un partido político propio y sin bancada en el Parlamento, pues lo que le dejó el ppkausismo en dicho recinto fue un menguante grupo de personas que ya desde los tiempos de PPK no articulaban absolutamente nada.
Todo ello configura una apuesta, es cierto. Una apuesta, además, en donde el jugador tiene gran parte de las probabilidades en contra. En suma, lo que ha llevado a cabo Vizcarra en estas últimas semanas, es evitar ser finalmente arrinconado teniendo plena conciencia de su escasa fuerza. La reciente carta mostrada, es la posibilidad de cerrar el Congreso ante la negación de un hipotético pedido de confianza que pueda solicitar al Legislativo.
En este escenario, el fujimorismo calculó terriblemente mal sus fuerzas. Se decidió por tensar la situación creyendo que podía repetir lo hecho ante PPK. Lo único que consiguió fue acentuar el declive de la popularidad de su lideresa y demostrar nítidamente que detrás de sus actitudes envalentonadas no posee una sola alternativa para gobernar, además del hacha y el cuchillo.
Así, es indudable que en esta pulsión de fuerzas, el que obtuvo mejores réditos ha sido el titular del Ejecutivo. Hasta aquí las cosas parecen irle bien a Vizcarra. Pero, más pronto que tarde, debe demostrar la pertinencia del referéndum –además de las garantías que va a darse de todas maneras y en un plazo relativamente corto– y que posee un plan que conduzca a dar cuenta de la corrupción imperante.
En esa línea, ha optado por una alternativa plebiscitaria, es decir, apelar a «la calle» para contener al fujimorismo parlamentario, en una confrontación en donde no se pone en juego ni ideas ni estrategias, sino tan solo evitar el desborde matonesco de éste, que en las pobres condiciones en las que se desenvuelve lo que eufemísticamente podemos denominar «la política peruana», ya es bastante decir. Si no, basta remitirse a lo dicho por uno de sus más leales aliados parlamentarios: “Martín Vizcarra debe decidir si quiere guerra o tranzar para avanzar”.
En este contexto, el premier Villanueva tiene razón cuando dice que en realidad, los plazos deberían estar marcados por la urgencia de restablecer la normalidad del sistema de justicia, porque sin éste tambalea la seguridad jurídica, un bien muy preciado por los empresarios. Entonces, ¿cuál es el límite para la política fujimorista y sus aliados, en circunstancias donde nadie puede asegurar ninguna proyección saludable en la economía?
desco Opina / 14 de setiembre de 2018
