Por Germán Lench Cáceres*
El principal objetivo del gobierno es hacer crecer la economía, lo que significa aumentar la tasa de crecimiento del producto bruto interno (PBI) entre 4% al 4.5%, esto no ha ocurrido. La corrupción y la grave inestabilidad política pueden generar expectativas negativas, desconfianza en la mediana y pequeña inversión y en los agentes económicos.
La imprudencia y egoísmo del Ejecutivo y Legislativo por objetivos diferentes, afecta la economía. Pueden haber dudas a medida que avanza el 2018, el parlamento opositor se dedica a criticar y continuar su labor obstruccionista. Este suceso estuvo por hacer convulsionar la economía, tanto es así que la Bolsa de Valores de Lima reporta un índice selectivo compuesto por las 18 acciones con mayor liquidez y capitalización que ha caído a mínimos desde el 18 de diciembre de 2017 arrastrado por los títulos mineros y de construcción en medio de las tensiones políticas tras la cuestión de confianza solicitada por el Ejecutivo.
Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones, publicada en 1776 señala: El Estado debe proteger a los miembros de la sociedad de la “injusticia”, y concluía, que la riqueza de un país depende de un esquema jurídico de justicia para todos.
Smith sostiene, que ejercicio y la financiación de la justicia es una responsabilidad ya que está implicada en las disputas sobre los derechos de propiedad y las relaciones económicas. Por tanto, el gobierno tiene por objetivo la seguridad de las propiedades. En nuestro país, hay impunidad judicial y el sistema de justicia es un obstáculo para la competitividad por ser corrupto e inseguro.
Michael Porter en su visita al Perú dijo: “La corrupción es una de las deficiencias graves que limitan el desarrollo”; afirmó que los éxitos pueden irse al demonio si no limpiamos el sistema judicial; dijo que se debe alcanzar un Estado de derecho (un sistema judicial efectivo sin corrupción), así como instituciones políticas sólidas (estabilidad política y un gobierno efectivo), de lo contrario no retomaremos el crecimiento.
Estamos en la obligación de afrontar la corrupción que genera desconfianza en los inversionistas. El licenciado y profesor Luis Peña Kanafany decía: más vale poco con justicia que mucho sin derecho.
El Poder Judicial solicita más recursos con la finalidad de incrementar sueldos y mejorar la gestión; según el MEF, el Presupuesto Inicial Aprobado PIA del Poder Judicial el 2006 fue de S/.737,217,174 y el 2018 es de S/.8,767,049,949 un incremento del 100%; el Ministerio Público 2006 S/. 296,208,942 y el 2018 S/. 1,824,408,000 más 100%.
En primer lugar, las expectativas del gobierno son bajas. Por alguna razón los inversionistas, pequeños, medianos no están invirtiendo y por eso no se logra crecer un PBI de 4.5%.
En segundo lugar, se han cometido graves errores políticos. Lucha entre Poderes Legislativo y Ejecutivo, corrupción del Poder Judicial, en tercer lugar, nuevamente la población no percibe que el gobierno se “conecte”; siente que “no está presente”.
En cuarto lugar, la inversión pública no se recupera y para crecer hay que invertir con una gestión pública aceptable, no se ve el nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) para acelerar la ejecución de proyectos. La inversión privada representa el 80% del total de la inversión, mientras que la pública solo el 20%. Cualquier reactivación pasa por la privada.
Debemos hacer algo para cambiar esta situación, de lo contrario el crecimiento de nuestra economía tendrá problemas para mejorar sus niveles de competitividad.
12.10.2018
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