Por Jans Cavero*La denuncia del chuponeo en contra del investigado Alan García, cuya denegatoria de asilo por el gobierno de Uruguay tiene amplio respaldo social y político, supone dos escenarios posibles: O se trata de una imputación real que desnudaría la irresponsabilidad del Ministerio del Interior; o, se trata de una maniobra aprista, orquestada para continuar victimizándose de persecución política, en lugar de someterse al Poder Judicial como cualquier procesado por corrupción.
Mi hipótesis es que estamos ante el segundo escenario, teniendo en consideración un par de elementos que es necesario recordar: García y el APRA han tejido nexos y entornos leales con servidores y funcionarios pertenecientes a ciertos sectores estratégicos. Pensar que aún mantiene nexos con altos mandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y por tanto con la inteligencia nacional, no sería descabellado. Al fin y al cabo la opinión pública cree que García siempre se ha librado de procesos penales por sus nexos con fiscales y jueces de turno.
De otro lado, no debe perderse de vista la realización de chuponeos durante el segundo gobierno aprista, ordenados presuntamente por el propio García y su cúpula, con lo cual me parece una paradoja que quien pudo haber ordenado chuponeo ilegal ahora condene un acto similar. Es como cuando algunos fujimoristas y apristas pretenden dar cátedra de anticorrupción. Para sustentar este segundo elemento es bueno remitirse al informe “Interferencia Política en el Caso Business Track”, investigado por la Megacomisión. Este informe de investigación fue aprobado por el Congreso de la República el 12 de marzo de 2015 por 57 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones.
En conclusión, la Megacomisión encontró indicios razonables de una red destinada a ejecutar acciones para interferir, desde el poder político, en las investigaciones policiales, fiscales y judiciales, vinculadas a los procesos de interceptaciones telefónicas y de corrupción. El informe involucra a Alan García, Miguel Hidaldo, Jorge Del Castillo, Hernán Garrido Lecca, Gládys Echaíz, Walter Milla, Mateo Castañeda, etc.
Para refrescar la memoria colectiva, algunos hechos saltantes del informe: El caso de interceptación estaba siendo investigado por el Fiscal Provincial en lo Penal Guillermo Sandoval Ruiz, en coordinación con la División de Delitos de Alta Tecnología de la DIRINCRI; sin embargo, la fiscal de la Nación, Gládys Echaíz, dispuso que sea la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada la que se avoque al caso, designándose para tal labor al fiscal Walter Milla, quien prescindió de la DIRINCRI y en su lugar coordinó con la DIRANDRO, cuyo director era Miguel Hidalgo, tiempo después designado Ministro del Interior por Alan García.
Walter Milla y su equipo allanaron el inmueble de la Av. Santa Cruz 254 (presunta sede de la Dirección de Inteligencia de la Marina), donde estaban los equipos de chuponeo, sin contar con autorización judicial. No participó ningún perito informático. Cuando los jefes de Miguel Hidalgo, Remigio Hernani (Ministro del Interior) y Mauro Remicio (Director Nacional PNP) solicitaron las explicaciones del caso, Hidalgo respondió: “Yo he hecho una investigación reservada ordenada por el Presidente Alan García y que no debo dar cuenta de ello a nadie, solo a él”.
Dos personas que sabían sobre el chuponeo que comprometía presuntamente a Jorge Del Castillo fueron excluidos del proceso penal y “premiados” con puestos de trabajo en una dependencia consular de USA. Uno de ellos, Luis Amengual Rebaza, resultó ser compadre y ahijado de Del Castillo (padrino del hijo y después padrino de bodas). Por su lado, Matta Uribe se acogió a la colaboración eficaz, pero fue sustraído de la justicia, pese a que no se concretó el Acuerdo de Colaboración Eficaz. Matta tramitó su pasaporte 3 días antes de presentarse a la fiscalía para acogerse como colaborador.
García ascendió el 2006 al marino Ponce Feijoo de capitán a Contraalmirante. Según el informe, varios medios de comunicación daban cuenta de que García le había ordenado a realizar chuponeos en contra de algunos contrincantes políticos para facilitarle la candidatura presidencial. Por cierto, más allá de las decisiones del Poder Judicial sobre el caso, conviene recordar que por los chuponeos purgaron cárcel Ponce Feijoo, Carlos Tomassio y Giselle Giannotti, es decir, la pita se rompe por el lado más débil.
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