Por Alfredo Palacios Dongo
Todos los acontecimientos que están sucediendo en nuestro país como consecuencia del caso Odebrecht nos demuestran el alto nivel de corrupción política existente como un mal endémico que nos persigue desde hace muchísimos años debido esencialmente a una crisis de valores y de ética donde el poder se relaciona con las malas prácticas al margen de la ley y la justicia, una explicación sería que la corrupción y el crimen organizado generan una elevadísima rentabilidad creando un amenazante vínculo entre el poder, la política y el dinero.
Pero principalmente esta situación se presenta debido a que la gran mayoría de nuestra sociedad política que conforma el Estado no comprende que la actividad política es un quehacer social cuyo principal fin es alcanzar, mediante patrones de acción y organización, el bienestar de la sociedad y cuya esencia debe ser de servicio a los demás, el logro del bien común y el fortalecimiento de una estructura de virtudes y valores públicos para construir la voluntad política de las diversas instituciones integrantes de la nación en la defensa de la población.
Lamentablemente en nuestro país hemos corroborado que existen grandes intereses personales y sectoriales que actúan solo por conveniencia y buscan en la política un medio esencial de vida tratando de mantener el poder para copar espacios y cargos que inexorablemente se transforman en el tiempo en grandes focos de corrupción. Estas actitudes frivolizan la función pública y disminuyen la calidad de la política, lo cual bloquea el camino de nuestro país hacia el desarrollo.
Bajo este panorama existen justificadas razones de desconfianza y sospechas de la ciudadanía sobre las actuaciones, decisiones, conductas y prácticas de muchos políticos, las trapacerías que se producen en el ámbito político por corrupción y falta de ética, amparadas por el poder, tienen un profundo impacto negativo sobre la sociedad. Un país como el nuestro requiere que la política se convierta en el fin supremo de la sociedad, tenemos una dramática fragilidad institucional y profundos problemas sociales por resolver, esta realidad requiere que la clase política tome un camino convergente a la construcción del bien común y al fortalecimiento de la ética pública y sus principios fundamentales, integridad, transparencia y probidad. Cuando logremos en nuestro país imprimir valores éticos en la conciencia colectiva, a través del ejemplo de las autoridades políticas, recién iniciaremos el gran cambio hacia el progreso.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de febrero de 2019
