Por Alfredo Palacios Dongo
El pasado día 29 de enero la organización Transparencia Internacional presentó su Índice Anual de Percepción de la Corrupción 2018 en el cual nuestro país ocupa el puesto 105° entre 180 países, el peor puesto desde el año 2012 en que nos ubicamos en el puesto 83°, como este índice permite desde dicho año la comparación anual de puntajes, hemos empeorado 22 puestos en el nivel de corrupción de este Índice que analiza fundamentalmente en los países los casos de corrupción de funcionarios públicos y políticos, abuso del servicio público en beneficio personal, sobornos, pagos irregulares en contrataciones públicas y malversación de fondos, así como la efectividad de iniciativas anticorrupción promovidas por los gobiernos.
Existen 40 mil procesos de corrupción en trámite
No nos sorprende este puesto obtenido en el Índice por todos los escándalos de corrupción política y empresarial sucedidos en nuestro país en los últimos años y que actualmente, por el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht estamos corroborando las enormes coimas de millones de dólares entregados a ex presidentes, ministros, funcionarios, gobernadores regionales y alcaldes, además de la corrupción de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” que tiene 100 denuncias y una veintena de jueces involucrados, y hasta del “Club de la Construcción” con más de 10 empresas que habrían repartido sobornos a funcionarios públicos.
Durante los últimos años ha proliferado en nuestro país el nombramiento de comisiones de alto nivel, consejos, oficinas nacionales y pactos anticorrupción, además contamos con un Plan Nacional Anticorrupción y un Código Procesal Penal, sin embargo, continúan las denuncias y la espiral de corrupción avanza sin freno motivo por el cual la Procuraduría Anticorrupción tiene una carga procesal penal a nivel nacional de más de 40,000 procesos de corrupción en trámite.
Bajo este panorama la razón principal del incremento de la corrupción en nuestro país se debe principalmente a que el ámbito político es atraído por la ambición al dinero y la utilización del poder que generan casos de tráfico de influencias, sobornos y coimas, y porque la lucha contra este flagelo no está funcionando debido a la falta de institucionalidad política y judicial, fragilidad en los sistemas de prevención y control y falta de compromiso ético y transparente con el país de los poderes del Estado y de políticos y personajes públicos para que se distingan por su austeridad y honradez, todo lo cual imposibilita la eliminación de los incentivos e impunidad que genera la corrupción.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de febrero de 2019
