Germán Lench Cáceres*
La presión tributaria del Perú fue 15% del PBI el 2017 y en América Latina 21% por tanto se debe recaudar mayores ingresos tributarios.
Los impuestos sirven para financiar el gasto público (educación, salud, saneamiento, sistemas de agua e infraestructura), además de contribuir a la mejora de la distribución del ingreso. Pero el nivel de ingresos fiscales peruanos es bajo y depende de la evolución de los precios internacionales. Ello representa una vulnerabilidad fiscal, dada la reducción que genera en la capacidad del Estado para brindar bienes y servicios a los ciudadanos y para aplicar políticas contracíclicas. La clave es reformar el sistema tributario, las altas tasas en algunos impuestos, las exoneraciones y el alto grado de evasión que deben ser tratados mediante una política tributaria eficiente.
Hay que reducir la informalidad, combatir la subvaluación, contrabando, piratería, y falsificación de productos, desaparecer a los monopolios y oligopolios (eliminar las AFP´s).
Necesitamos un marco tributario, estable y predecible para bajar la incertidumbre, por eso no se puede variar el impuesto a la renta, pues altera los flujos de caja proyectados de las empresas y desincentiva la inversión.
El equipo económico del MEF debe respetar el compromiso de llegar al 18%, proyección de la SUNAT, por tanto se debe ampliar la base tributaria, combatir la evasión fiscal y reestructurar al ente recaudador.
A pesar de las altas tasas de impuestos, la presión tributaria (indicador que relaciona los ingresos tributarios de una economía y el PBI) se ha mantenido estancado. Si obviamos los ingresos fiscales provenientes de la minería e hidrocarburos, que vinieron elevándose desde el boom del precio de los minerales, la presión tributaria es alrededor del 14.1% del PBI, según SUNAT.
La concentración de la recaudación en el gobierno central (98% de ingresos recauadados). La poca participación de los gobiernos regionales y locales, genera ser centralizado.
La preponderancia de impuestos indirectos en la recaudación. Los impuestos directos (renta y propiedad) contribuyen a disminuir la desigualdad en la distribución de ingresos.
Hay altos niveles de evasión tributaria, sobre todo en el impuesto a la renta y el IGV. La informalidad afecta al 75% de la Población Económicamente Activa (PEA), el 95% de las MYPES es informal y hay más de 3 millones de ellas.
La reducida base tributaria esta originada por deducciones, exoneraciones que no contribuyen a la igualdad y regímenes especiales que promueven la evasión. La complejidad del sistema tributario, dificulta ampliar la base. Sin mayor simplicidad para los trámites y el pago de obligaciones de los contribuyentes, la recaudación no aumentará.
Una pregunta es ¿Se puede gobernar, redistribuir la riqueza y dar servicios donde el Estado teniendo el monopolio de la fuerza (seguridad, defensa, justicia) no dispone de recursos? Ante este panorama se tiene que recaudar más por tanto se debe efectuar una reforma de tributos (Renta, IGV, Impuesto Selectivo al Consumo, Aranceles de Aduana) y simplificar las normas de recaudación.
La SUNAT tiene escasa predisposición para atraer nuevos contribuyentes utilizando prácticas que el Indecopi (otra institución burocrática) no le permitiría jamás a una empresa privada. Dentro de lo acotado destaca la falta de consideración al record del contribuyente, a sus años de buen pagador, a sus mínimos derechos y elementales. Y encima ver en las actividades económicas que al lado informal no le pasa absolutamente nada.
Según la población la SUNAT, es la segunda institución con la mayoría de inconvenientes burocráticos, con barreras irracionales; las personas y empresas reflejaran en sus comentarios que la principal dificultad son las multas y costos elevados (según el 36% de las menciones), la excesiva documentación (24%), la demora en trámites (8%), la falta de uniformidad en los procesos (8%) y la mala atención (7%).
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28-2-2019
