Por Raúl Allain (*)
Desde su creación, en el año 2002, el Acuerdo Nacional debía contribuir a la unidad y al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática del Perú, en base a un conjunto de políticas de Estado elaboradas sobre la base del diálogo y el consenso, luego de un proceso de consultas a nivel nacional para definir un rumbo hacia el desarrollo sostenible del Perú.
Suena muy bonito, porque entre los objetivos figuran el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho; el desarrollo con equidad y justicia social; la promoción de la competitividad del país; la afirmación de un Estado eficiente, transparente y descentralizado.
Sin embargo, a la luz de los hechos de corrupción de muchos funcionarios del Estado que vienen registrándose en el país (Congreso de la República, Poder Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura, Gobernaturas Regionales, Municipalidades Provinciales y Distritales), lo que se percibe es que la mayoría de este tipo de acuerdos formales o legales queda en “letra muerta”.
La ciudadanía dispone de una serie de mecanismos de información como el periodismo independiente, la información vía internet y su difusión en redes sociales, prensa escrita, radio y televisión. Aquello le permite informarse sobre los actos ilícitos que ocurren a nivel del gobierno, originando un descontento social generalizado.
Es preocupante la falta de credibilidad de las autoridades, su desempeño ineficiente, el uso de su poder para enriquecerse y favorecer a personajes de su entorno, así como la alteración de la función de impartir justicia (ha habido casos reiterados de fiscales y jueces que exigen dinero a los usuarios ilegalmente para variar sus decisiones).
Ya se está viendo cada días más protestas ciudadanas, huelgas y acciones en las calles. El conflicto minero en Las Bambas es solo uno de los conflictos sociales latentes en el país…
Mientras no haya ética ni valores en el correcto actuar de las autoridades y de la ciudadanía en general, pactos como el Acuerdo Nacional no van a rendir resultados. No solamente se necesitan tratados, convenios o leyes; el Perú necesita coherencia de sus autoridades, transparencia, ética, buena voluntad y afán de servicio.
Expreso, Lima 04-04-2019
(*) Escritor y sociólogo. Presidente de IPJ y director de Editorial Río Negro.
Raúl Alfonso Allain Vega. Escritor, poeta, editor y sociólogo. Presidente del Instituto Peruano de la Juventud y director del sello independiente Río Negro.
