Por Jans Cavero*
A inicios del año 2018 abordé en radio Capital sobre el Club de la Construcción. Varios aspectos que precisé en dicha oportunidad son corroborados hoy por la fiscalía, Odebrecht y Graña y Montero, miembros del club sometidos a colaboración eficaz. Es más, recomendé indagar en árbitros y procuradores públicos, pues los arbitrajes eran ganados groseramente por las empresas contratistas en perjuicio del Estado.
Si la consigna era que una empresa del club debía ganar la licitación o concurso público convocado por Provias Nacional, a cambio de coimas millonarias, entonces cabe concluir que las empresas del mismo club operaron en el interior del país bajo el mismo esquema colusorio. Cusco, Junín, Arequipa, Ancash, Ayacucho, entre otras, no fueron ajenas al Club de la Construcción. Sin embargo, salvo el caso de Tito Acurio en Cusco, los medios de comunicación se han dedicado poco o nada al club fuera de Lima.
En Ayacucho, la presencia de empresas integrantes del club ha sido significativa durante el ochenio de Wilfredo Oscorima al frente del Gobierno Regional. No obstante, Oscorima no viene siendo procesado con el rigor y contundencia que la ciudadanía espera. Ayacucho requiere con suma urgencia a un Vela, Carhuancho o Domingo Pérez, pues estamos hablando de casi mil millones de soles en obras emblemáticas, sin contar la Construcción de la Carretera Quinua - San Francisco, cuya ejecutora fue Provias Nacional y sobre la que Graña y Montero ha confirmado el pago de una coima de 12 millones. Como era de esperarse, el presupuesto voló de 476 a 650 millones.
La presencia del Club de la Construcción en Ayacucho tiene como correlato la suscripción de convenios para que la OIM licite obras emblemáticas en la región. El mayor proyecto es sin duda la construcción del Hospital Miguel Ángel Llerena, un llave en mano de categoría III-1 que se adjudicó la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A (ICCGSA), en consorcio con INCOT, por 363 millones de soles. El nosocomio no funciona hasta ahora; se desconoce el estado de los equipos biomédicos adquiridos; no tiene personal médico y administrativo; y, por si fuera poco, el monto actualizado es de 457 millones.
Además, el año 2012, la Dirección Regional de Transportes del Gobierno Regional de Ayacucho contrató con ICCGSA el servicio de conservación periódica de carreteras departamentales por el valor de 32 millones 569 mil soles, en tanto que otro de los miembros del club, OBRAINSA, se adjudicó por 138 millones la carretera Condorccocha – Vilcas Huamán, la misma que presentó 31 solicitudes de ampliación de plazo. Esta obra se inició en abril 2015 para terminar en marzo 2017, no obstante, al día de hoy la obra no está liquidada, teniendo un presupuesto actualizado de 176 millones.
ALTESA se hizo del colegio emblemático Mariscal Cáceres por casi 50 millones; además, el 2013 firmó contrato para el mejoramiento de la carretera Abra Toccto Condorccocha ruta departamental AY 122 en los distritos de Chiara y los Morochucos por el monto de 30 millones 712 mil. En el caso del colegio Mariscal Cáceres, la obra se inició en febrero 2014 y debió concluir en junio del 2015; sin embargo, a enero de 2018, la obra aún no contaba con la liquidación final y hubo más de 15 solicitudes de ampliación de plazo.
MÁLAGA Hermanos, otro socio del club, se hizo de 2 hospitales estratégicos (San Miguel y San Francisco) por más de 172 millones. El Grupo Graña y Montero, sometida a colaboración eficaz, tiene la concesión de las Obras y el Mantenimiento del Tramo Vial 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, a través del Consorcio Interoceánico Tramo 1, conformado además por JJC Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., todas socias del club. La concesión tiene 750 km. y atraviesa los departamentos de Ica, Ayacucho, Apurímac y Cusco.
COSAPI no tiene vínculo contractual con el Gobierno Regional de Ayacucho pero sí con el Ministerio de Transportes, involucrando a la región. Así, se adjudicó la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial – Pampas, por 218 millones; el Servicio de Gestión y Conservación Vial del Corredor Vial Huancavelica - Lircay - Huallapampa – Acobamba - Pte Alccomachay por 170 millones; y, el Servicio de Gestión y Conservación Vial del Corredor Vial Ayacucho – Tambillo – Ocros – Palpa, por 208 millones de soles.
Finalmente, JJC se adjudicó por 187 millones el Servicio de Gestión y Conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Rosario – Sivia – Canayre – San Francisco – Santa Rosa – San Miguel – Tambo, siendo la entidad ejecutora el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, el 2012 se hizo de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho Abancay, tramo 3, por 182 millones. A su turno, la empresa CASA Construcción y Administración SA, en consorcio con Hidalgo e Hidalgo SA, se adjudicó el Servicio de Conservación Vial de la Carretera Punta Pejerrey – San Clemente – Ayacucho, por el monto de 128 millones.
Como puede advertirse, la gestión de Oscorima celebró contratos con algunas empresas del club, sin embargo, poco o nada se sabe sobre denuncias, acusaciones o procesos judiciales interpuestos contra el ex gobernador de Ayacucho o contra sus principales funcionarios que fueron parte de la Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia General Regional, los comités de selección designados, asesores, entre otros operadores que pudo tener Oscorima.
Estamos ante millones de soles en juego. El Ministerio Público debería transparentar los eventuales procesos judiciales incoados respecto a los procedimientos de selección que derivaron en contratos suscritos por el Gobierno Regional de Ayacucho y las empresas del Club de la Construcción. Si no los hay, como titular de la acción penal, deberá iniciar las investigaciones que correspondan, pues quienes le han robado al Estado merecen estar privados de su libertad.
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