Una mujer muere al caer desde un sexto piso; ¿fue accidente o la empujó su ex pareja? Un hombre es condenado por arrojar a su pareja a la carretera desde el automóvil en marcha. Una mujer fue hallada muerta, asfixiada, en su casa: se había atrincherado en el dormitorio empujando la cama contra la puerta. Otra más fue hallada muerta con treinta puñaladas. Una enfermera ha sido envenenada por su compañero sentimental, también enfermero...
Castañeda: "Asunto de privados" Las disculpas del alcalde no son respuestas
Por Juan Sheput
El alcalde Castañeda Lossio insiste en que el tema Comunicore es un asunto de privados. Claro, y las licitaciones sobrevaloradas son un asunto de organismos internacionales. Y los periódicos con olor a fujimontesinismo son un asunto de empresarios amigos. Y la muerte extraña de un publicista ligado al mismo periódico un asunto que no le atañe. Y los negocios que se hacen alrededor de él un asunto legal. Para todo tiene disculpas el señor alcalde, disculpas pero no respuestas.
Construcciones y muertes: Estado incapaz y acciones necesarias
Urge abrir registro de constructoras e ingenieros negligentes
Una vez más hemos visto a un trabajador morir. Ahora fue en Gamarra, sin que nada haga suponer que estas desgracias tendrán término. La empresa encargada, LK Constructores, no tenía plan de seguridad.
Lo que demuestra la noticia que trae el diario El Comercio respecto a que la requisa que hubo en la celda de Maritza Garrido Lecca fue una farsa, es que la liberación de Lori Berenson pudo evitarse y que si se realizó fue producto de una decisión política del presidente Alan García.
En días pasados se hizo público que el legislador César Zumaeta sería postulante por el Apra a la presidencia del Congreso. Uno de sus méritos: el de haber estado largos lustros grises, cuasi oscuros, medrando de la cansada ubre del Estado. Pero hay que reclamarle una aclaración categórica, firme, documentos en mano y decencia en ristre sobre un tema en particular del cual hay numerosas dudas.
Intolerancia y represión en defensa del perro del hortelano
Por Desco
Días difíciles los vividos por el gobierno las últimas semanas. Por distintos lados, su fuerte apuesta extractivista —componente central de su modelo económico y de sus principales políticas— muestra muchas de sus limitaciones y peligros.
Una entrevista a Humberto Lay, que publica hoy Perú 21, confirma la percepción que tuve al leer otra entrevista al mismo Arquitecto Lay, pero ya hace un mes en El Comercio. Esa percepción es que, a diferencia de los punteros en las encuestas, Lay no necesita de asesores que le preparen papelitos que luego de memorizar recitarán, sin convicción y sin profundidad. Lay, por su propia formación de arquitecto, sabe lo que dice y coincide con lo que venimos sosteniendo en los colegios profesionales de ingenieros y de arquitectos, es decir, que Lima ya no resiste cuatro años más en manos de la corrupción, la improvisación y la falta de planificación.
El notable penalista Guillermo Olivera Díaz, amplió y ratificó la tacha contra Alex Kouri Bumachar. La edición príncipe de esta acción fue interpuesta ante el Jurado Electoral Especial del JNE el 9 de los corrientes. Inexplicablemente, ante el silencio de la inmensa mayoría de medios de comunicación, la mudez mediocre de los partidos políticos y el desconocimiento cuasi absoluto de la opinión pública, la autoridad responsable, el JNE, no hace ni dice nada sobre este escandaloso asunto que muestra la pobreza desgarradora de nuestra "democracia".
Alfredo Palacios Dongo; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
La opinión pública peruana acaba de tomar conocimiento, a través del ministro de Justicia, sobre el inconcebible e indignante pago indemnizatorio camuflado en un decreto de urgencia efectuado el 15 de marzo de 2006 —durante el gobierno de Alejandro Toledo— de US$ 30,000 a la norteamericana Lori Berenson, acatando un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 27 de noviembre de 2004, por un proceso irregular en el fuero militar —en enero de 1996— que la condenó a 30 años de prisión, por planear con integrantes del MRTA un atentado contra el Congreso de la República para un eventual intercambio de congresistas con reos emerretistas.
