En sentido estricto, la “judicialización de la política” designa al proceso por el cual un sector de la sociedad busca en la vía judicial determinados objetivos que no consiguió en los espacios tradicionales de la política, Ejecutivo o Legislativo, donde por lo general se adoptan decisiones públicas. Por esta vía, en muchos países del mundo se han ampliado los límites de aquella, particularmente en materia de derechos civiles. Como es claro, el espacio de encuentro entre el campo judicial y el mundo de la política es grande. A nivel iberoamericano prevalece la selección política en el nombramiento de los jueces, destacando entre las supuestas excepciones, Colombia, Ecuador y Perú. Decimos supuestas porque como hemos aprendido, el nombramiento de jueces y fiscales tiene grandes repercusiones políticas y el peso del Tribunal Constitucional que es designado por el Congreso, reproduce las preferencias y orientaciones de ese poder del Estado.