Punto de Vista

 

El Premier no consiguió el voto de confianza. Más allá de las motivaciones de principio, político-ideológicas u otras subalternas de los congresistas, se agudiza  crisis política en el contexto de un agravamiento de la crisis sanitaria.

 

 

 

Ante la descomunal y aterradora acción letal del coronavirus en todo el país, una colega se preguntaba muy temprano ayer: “¿exceso de confianza de la población y autoridades?”. Debo corregir, no fue eso, sí fue ¡demasiada estupidez!

 

 

A propósito del último mensaje presidencial hay algunos aspectos que debieron abordarse y generar un debate fundamental. No fue así. Por ejemplo, una primera, primerísima cuestión «técnica» que resalta ahora con nitidez obvia, es lo poco o nada que se puede hacer ante una crisis si no hay una debida caracterización de la población que se busca intervenir, para paliar los efectos. En otras palabras, si no podemos focalizar, no vamos a tener resultados, sobre todo, porque no tendremos criterios para establecer el impacto de la medida adoptada. Porque no se puede focalizar, el sentido común demandaba, por ejemplo, un bono universal con focalización inversa.

Junín es actualmente el sexto departamento con mayor peso demográfico en el país, su población asciende a 1 246 038 habitantes, un 71% de los cuales se concentran en zonas urbanas (Censo Nacional de Población y Vivienda 2017). Como todo el país, Junín no ha escapado al COVID-19, aun cuando las cifras del Minsa lo ubican relativamente menos golpeado, ya que se sitúa en el puesto 12 en cuanto al número de casos detectados y en el noveno en letalidad. La fase ascendente de la pandemia en la región comenzó algo más tarde que en otras zonas, al punto que, al levantarse la cuarentena el 30 de junio, Junín fue uno de los siete departamentos en los que la medida se mantuvo.

 

El Acuerdo de Escazú es conocido como “Tratado de la Comisión Económica para América Latina” (Cepal) porque será este organismo que obligará a los Estados Parte a informarle acciones relacionadas a derechos humanos en asuntos ambientales. Este acuerdo postula objetivos y principios que teóricamente son irrebatibles, como que contribuye a la protección del derecho de toda persona a vivir en medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, o que se rige bajo principios de buena fe, equidad intergeneracional, soberanía permanente de Estados sobre sus recursos naturales, igualdad soberana de Estados, etc.

 

 

Acuerdo de Escazú: no cedamos soberanía Amazónica

 

El oxígeno se puede producir en estado líquido con pureza de más de 99 % y en forma gaseosa cuya concentración fluctúa entre 90 a 95 %. El método de producción del oxígeno medicinal es el mismo que se utiliza para producir oxígeno industrial con aplicaciones en fundiciones, soldadura, tratamiento de agua etc., la diferencia radica en que el oxígeno producido en planta para que sea medicinal debe seguir un protocolo de manipuleo y envase de acuerdo con su farmacopea.

 

 

Los sorpresivos, vertiginosos y poco discutidos cambios de cinco artículos de la Constitución Política relacionados con la inmunidad y el derecho al antejuicio de congresistas, el Presidente de la República y los ministros, han desatado un escándalo y una lluvia de descalificaciones a ambos poderes, por parte de medios masivos y distintos sectores políticos.

 

Ha escrito con agudeza certera César Hildebrandt en El peor error de Vizcarra (Hildebrandt en sus trece, p. 4, 17-23 de julio):

 

 

 

 

El Acuerdo de Escazú fue adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 marzo 2018 y abierto a la firma el 27 diciembre 2018, el Perú es negociador y firmante pero aún el Congreso no lo ratifica, este es el primer tratado regional sobre asuntos ambientales y el primero en el mundo que incluye medidas vinculantes para fortalecer la protección de defensores de DD.HH. Este tratado busca implementar y regular tres derechos, el primero, acceso a la información, que es por demás peligroso ya que cualquier persona o personas físicas o jurídicas, como las ONG ambientalistas, tienen derecho de acceder a la información ambiental y el Estado debe mantener sistemas actualizados para entregarla en todo momento, el segundo derecho, sobre participación pública, es peligroso por los mecanismos de participación de proyectos de manera directa y temprana, inclusive 18 meses antes que las empresas presenten sus estudios de impacto ambiental, y el tercer derecho, acceso a la justicia ambiental, peor aún, permite el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir decisiones u omisiones que podrían afectar el ambiente.  

 

 

Proyectos mineros pueden verse afectados por el Acuerdo de Escazú