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Pese a ser la vicepresidenta de la República, la congresista oficialista Marisol Espinoza también fue objeto de espionaje por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), según un reportaje del programa “Sin medias tintas”.

El ministro del Interior Daniel Urresti se ve envuelto en un nuevo escándalo, esta vez por un presunto tráfico de influencias, pues habría presionado para que su hija contrate con el Estado, la cual cobró en lo que parece ser un trabajo fantasma, pues debía monitorizar una web estatal que está casi muerta.

El diario Correo reveló que el espionaje a personas incómodas para el gobierno también incluyó a Jorge Paredes Terry, exasesor del congresista oficialista Daniel Abugattás Majluf. Paredes había denunciado en junio del año pasado, que el presidente Ollanta Humala recibió aportes de la minería ilegal durante la campaña electoral de 2011.

Los apristas, quienes fueron los pioneros de la violencia en el siglo pasado, volvieron a sembrar el caos en las calles durante la marcha contra la ley 30288, del trabajo juvenil e hicieron recordar sus viejos tiempos, cuando su idioma eran las manoplas, cachiporras, pirulos, petardos y pistolas, con los que agredían y hasta mataban a manifestantes de grupos políticos que no compartían sus ideas, lo cual hizo nacer la costumbre de marchar con banderas, ¨que llegó a su clímax durante el auge de Acción Popular, que se vio obligado a usarlas para, en caso de ser atacados, defenderse del lumpen aprista con las astas de la bandera del Perú.

Una razón más por la cual no se persigue a la delincuencia, sino a políticos y líderes sociales

La revista Correo Semanal realizó una gravísima denuncia: el espionaje perpetrado por el gobierno contra diversos personajes opositores al presidente Ollanta Humala, a través de personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dirin).

Ciudadanos organizados en la Segunda Marcha Patriótica al Triángulo Terrestre presentaron una querella contra el ministro de Interior Daniel Urresti ante el 14 Juzgado Penal de Lima, demandando una pena privativa de la libertad de tres años y una simbólica reparación civil de S/. 94,000.

Hoy se realizará la cuarta marcha contra la ley laboral juvenil 30288, impuesta por el gobierno y sus aliados sin la opinión ni consulta de los jóvenes, que se ven afectados por la mutilación bárbara de sus derechos.

Los aportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), marcharon en rechazo a la devolución de sus aportes mutilada y “fraudulenta”.