Según la última edición de la revista especializada “Guía de Colegios - edición 2013”, se informa que de acuerdo a una consulta realiza por dicha institución a aproximadamente 300 colegios de Lima, “algo más del 70% de colegios ha incrementado sus pensiones para el año lectivo 2013”. “Y no sólo eso, dichos incrementos van del 7% al 15% con relación a los importes cobrados el año pasado muy por encima del porcentaje de inflación que fue del 2.65%”, consideró el Dr. Paúl Castro del CONACUP.
“Si bien es cierto que en nuestro país no existe control de precios ello no significa que el Estado otorgue patente de corso a los agentes económicos, sean empresas o instituciones, para realizar prácticas abusivas en contra de los consumidores”, manifestó el presidente del CONACUP.
Como oportunamente se ha informado, el actual Código de Protección y Defensa del Consumidor ha incorporado una serie de principios y políticas de Estado que buscan la tutela de los consumidores frente a situaciones en donde su condición de vulnerabilidad es más acentuada, como es el caso de los servicios educativos, y en tal sentido no basta con informar del incremento de dicho servicios, si no es necesario evitar caer en el abuso del derecho.
“Vamos a insistir en esto las veces que sean necesarias, porque la educación es un derecho fundamental reconocido por la Constitución y las leyes de la materia y si bien los privados pueden incursionar en dicho sector, de ninguna manera puede pensarse que las reglas del mercado deban ser aplicadas a raja tabla en los servicios educativos. Es por ello que el Código del Consumidor proteja a los padres de familia frente al incremento injustificado de las pensiones educativas, considerándolas prácticas abusivas, las cuales el INDECOPI como autoridad nacional de protección al consumidor debe perseguir y sancionar con la inexigibilidad de las mismas, fuera de las multas correspondientes”, afirmó el Dr. Castro.
El CONACUP pide que el MINEDU e INDECOPI realicen campañas de sensibilización para que los promotores y dueños se instituciones educativas comprendan que los incrementos de las pensiones deben estar debidamente justificados en relación a las mejoras en los servicios que brindan a los consumidores.
