yonhy lescano 25Lescano demanda que los precios sean los anteriores, pues se recaudaba al año casi 15 millones y con la suba se recaudaría cerca de 200 millones, afectando la economía de la población. Ministerio del interior también debe aclarar que certificados no son obligatorios porque pueden reemplazarse por declaración jurada.

El congresista Yonhy Lescano, que denunció hace semanas atrás el alza indebida de los certificados policiales refirió que el ministro del Interior le comunicó que el día miércoles se aprobará la reducción de los certificados policiales y consecuentemente se expedirá el Decreto Supremo respectivo.

Sin embargo Lescano demandó que los precios anteriores deben reponerse, pues, conforme explicó el General Jefe de Estado Mayor de la PNP la semana anterior en el Congreso, la recaudación de los certificados de antecedentes policiales el año 2012 es de 4’891,729 soles millones de soles y del resto de certificados como son supervivencia, mudanza y denuncia policía se recauda 9’299,00, lo cual totaliza casi 15 millones de soles.

Con el abusivo incremento de 300% a 1300% esa suma se iba a incrementar a cerca de 200 millones de soles o más, por lo que el parlamentario demando que los precios anteriores debían ser repuestos para no afectar la economía de las personas más pobres.

Por otro lado, Lescano también advirtió que el ministerio del Interior debe aclarar que la presentación de tales documentos no son obligatorios y que pueden ser reemplazados con una declaración jurada simple en un simple papel y firmada por el interesado, lo cual tiene el mismo valor que un certificado presentado en especie valorada.

Lescano, miembro titular de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, declaró que los diversos certificados policiales no son obligatorios según lo dispone el artículo 41, párrafo 41.1.3. de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que dice que las entidades públicas, las personas jurídicas privadas que prestan servicios públicos o funcionan en virtud de concesión o autorización estatal, están obligadas a recibir las declaraciones juradas sobre antecedentes policiales, buena conducta, domicilio, supervivencia, orfandad, viudez, pérdida de documentos, entre otros, en vez de la documentación oficial a la cual reemplazan con el mismo mérito probatorio.

Por tanto, es ilegal la exigencia de presentar todos estos certificados que expide la Policía, ya que la citada Ley en su artículo 41.4 indica que tal presentación es potestad del interesado quien puede hacerlo voluntariamente si lo considera conveniente a su derecho. La regla general es que basta la declaración jurada simple por parte del ciudadano cuyo sustento es el artículo 42 de la mencionada Ley que consagra el principio de presunción de veracidad. Este a su vez está limitado por el principio de control posterior contenido en el artículo 1.16 de la indicada Ley 27444, donde el falso declarante es pasible de una denuncia penal por delito contra la fe pública.

De otro lado, ante la situación ante los incrementos desmesurados y abusivos en los precios de las tasas policiales, el Ministerio del Interior e INDECOPI deben difundir masivamente que estas certificaciones no son obligatorias y que son válidamente reemplazadas por las declaraciones juradas respectivas.

Ahora bien, en lo tocante a los incrementos desmesurados de las indicadas tasas, esto viola el artículo 45 de la mencionada Ley 27444, el cual señala que estos precios deben guardar relación con el costo real del servicio, lo que no ocurre, puesto se han fijado arbitrariamente. Por ejemplo, el certificado de antecedentes policiales ha subido de S/. 7.20 a S/. 28.50, es decir, 400%, pero no ha subido en absoluto el costo de producción del documento. Lo mismo ocurre con el permiso de mudanza, que ha pasado de S/. 3.6 a S/. 40, siendo el incremento de más de 1000%. En estos casos, y los otros, debe intervenir la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, para eliminar estos cobros abusivos, cosa que ya debió haber hecho de oficio.

Finalmente el parlamentario indicó que hace más de un año presentó un proyecto de ley para modificar el Código de Defensa del Consumidor a fin de que varios de los certificados que se requieran por entidades públicas y privadas sean eliminados, tal como aparece del proyecto de ley N.° 1059/2011-CR, Aclaro que existen las leyes N.° 28882, que permite presentar la declaración jurada en vez del certificado de domicilio, la ley N.° 29607, Que reemplaza el certificado de antecedentes penales, leyes que permiten un ahorro principalmente a los jóvenes que buscan trabajo y en general a todo ciudadano.