Autor: Dr. Paúl H. Castro García*
Uno de los principales derechos que tenemos los consumidores es el derecho a la información, sin embargo como hemos podido constatar hace pocos días, a raíz del eventual vencimiento del plazo para decidir qué tipo de comisión nos cobrarán las AFP, este derecho fue el menos respetado. Los consumidores no contábamos con la información necesaria para poder decidir y ello generó confusión y maltratos, tanto de las AFP como de la propia SBS, debido a que éstas no pudieron atender las miles de solicitudes de información que ingresaban de los afiliados, generando además largas colas y malestar.
Luego, hemos sido testigos como diversos ‘expertos’ se paseaban por los sets de televisión así como dando entrevistas en los medios de comunicación escrita y radial, aconsejando uno u otro tipo de cobro de comisión, lo cual en vez de ayudar terminó por aumentar la confusión en los afiliados, más aun cuando dichas opiniones no son necesariamente independientes y por lo tanto son recibidas con desconfianza o incredulidad.
Qué duda cabe que los consumidores somos quienes mejor sabemos qué es lo que más no conviene o no, pero para ello debemos tener información objetiva y no sesgada, pero principalmente independiente de cualquier interés económico y/o político, para así tomar la decisión más adecuada. La información u orientación brindada por una AFP sobre qué tipo de comisión debemos escoger puede en muchos casos estar parcializada, ya que no necesariamente puede estar dirigida a proteger los intereses del afiliado sino más bien los intereses particulares de la AFP, la cual al final de cuentas es una empresa que busca lucrar.
Entonces, el afiliado se pregunta ¿a quién puedo acudir para que me brinden orientación e información?, en un principio esta su propia AFP, quien por ley está obligada a brindar información de todos los esquemas de cobro de comisión existentes, pero sabemos que en la práctica es muy difícil detectar si efectivamente las AFP cumplen con esta obligación, recordemos que existen cerca de 5 millones de afiliados y por lo tanto habría que supervisar, en teoría, 5 millones de consultas, lo cual es materialmente imposible, más aún en el poco tiempo que queda por decidir. Luego tenemos a la entidad supervisora del sistema, es decir, la SBS, quién viene haciendo los esfuerzos necesarios para explicar los beneficios de la reforma del sistema privado de pensiones y del nuevo esquema de comisiones, pero como hemos comprobado en estos últimos días, ello no ha sido suficiente e incluso su actuación ha sido cuestionada por ciertos grupos de interés.
Ante esta situación de incertidumbre y confusión, creemos que la importancia y el rol que deben cumplir las asociaciones de consumidores son ineludibles. Son las asociaciones de consumidores, que dotadas de independencia y transparencia, las que mejor pueden ayudar a los consumidores a tomar la decisión más adecuada, brindándoles orientación e información imparcial para que así decidan qué es lo mejor para ellos.
En tal sentido, las asociaciones de consumidores no pueden huir de dicho deber que es no sólo moral y legal, sino principalmente estatutario (repasemos lo que dicen los estatutos de cada asociación), y en consecuencia dar los esfuerzos necesarios para cumplir con esta importante función.
Siendo ello así, estamos convencidos que hoy se les ha presentado la oportunidad y el reto, a las asociaciones de consumidores y a quienes creemos realmente en el movimiento consumerista, de demostrar que dichas organizaciones cumplen una función de primerísima importancia en el mercado y a favor de los consumidores, que es la de orientar y dar información objetiva e independiente a los consumidores para que tomen una decisión informada. El plazo para que los afiliados a las AFP decidan qué tipo de comisión les conviene sigue corriendo, quedan tan solo dos meses, y estamos seguros que las organizaciones de consumidores estarán a la altura de las circunstancias.
*Profesor Universitario
Presidente del CONACUP
