En lugar de aplicar el control difuso, porque Constitución prohíbe creación de monopolios por ley, denuncia congresista Yohny Lescano. En el colmo , empresa amenaza a Estado Peruano con demandarlo ante el CIADI
El congresista Yonhy Lescano denunció que la sentencia del juez del 15.° juzgado civil-comercial que favorece a la empresa Lidercon y ordena que la municipalidad de Lima cumpla con el contrato de concesión original otorgado por ésta para que dicha empresa realice con exclusividad las revisiones técnicas, es prevaricadora, por cuanto incumple con la obligación constitucional de los jueces de realizar el control difuso de las normas.
Lescano, miembro titular de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, explicó que el artículo 138 de la Constitución ordena que “(…) en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera (…)”. En este caso el juez debió preferir y hacer prevalecer el artículo 61 de la Constitución que prohíbe la creación de monopolios por ley, cosa que hizo el Municipio de Lima (en la gestión de Luis Castañeda) cuando el año 2004 aprobó mediante la Ordenanza Municipal 694 el contrato de concesión en monopolio con la empresa Lidercón, más aún, cuando dicho Concejo Metropolitano después, corrigió su propio entuerto derogando la indicada Ordenanza y declarando la caducidad del contrato. El juez, no debió hacer prevalecer un laudo arbitral espurio sobre la Constitución.
Señaló que el fallo judicial incurre en el exceso adicional de ordenar a la municipalidad de Lima cumplir totalmente con el contrato de concesión original, cuando ese no fue el pedido de la demanda, sino simplemente, ejecutar el laudo arbitral. “Esto hace nula la sentencia”, subrayó.
El parlamentario rechazó la amenaza de la empresa Lidercon de demandar al Estado Peruano ante el CIADI, calificándola de un “desparpajo” tratándose de una empresa que ha sido varias veces sancionada por Indecopi por el pésimo servicio de revisiones técnicas que brinda, y por sus recurrentes incumplimientos al contrato.
El legislador manifestó confianza en que el Poder Judicial, en segunda instancia, revoque la sentencia prevaricadora, y que la OCMA investigue y sancione al mal juez. Por su parte, hará citar a la alcaldesa al Congreso, para que informe sobre esta situación.
